Madrid, Cataluña y Murcia dedican a gasto social por habitante hasta 660 euros menos que el resto

La realidad a veces hace trizas los discursos. Con el debate sobre la financiación autonómica instalado en la actualidad informativa desde hace semanas y las autonomías reclamando más dinero para ofrecer a sus ciudadanos mejores servicios públicos, un informe titulado La inversión social por comunidades. Sanidad, Educación y Servicios Sociales desvela que las regiones recortan en sus cuentas desde 2010 en esas políticas y en concreto en 2023, cuando sus presupuestos engordaron en 15.469 millones de euros, sólo el 12,58% de esa cantidad, esto es, 1.946,6 millones se destinaron al ámbito social. Únicamente uno de cada diez euros de esos fondos extra fue a parar a sanidad, educación y servicios sociales.

En términos relativos, si en 2010 el porcentaje de las cuentas autonómicas asignado a políticas sociales fue del 67,39%, en 2023 no alcanzó el 60%, quedándose en el 58,43%. Si se hubiera invertido lo mismo que en 2010, se hubieran desplegado cerca de 23.000 millones de euros más el pasado ejercicio en esas áreas. Es una de las conclusiones del estudio de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que pone el acento además en que, pese a que la pandemia “demostró la importancia del gasto en servicios públicos esenciales”, la subida de éste en esas políticas gestionadas por las comunidades sólo ha sido del 9,1% entre 2020 y 2023, con el detalle del 0,2% en sanidad, del 16,8% en educación y del 33,5% en servicios sociales; mientras que el desembolso para el resto de políticas fue el 55,7% en ese mismo periodo, es decir, seis veces más.

Desde la asociación estatal impulsora del trabajo se apunta que son 3.124 euros por habitante al año los que ligan a políticas sociales en España hasta los alrededor de 150.000 millones y defienden que “haber contado con Presupuestos Generales del Estado (PGE) ha propiciado el aumento de inversión" en ellas a lo largo del tiempo, aunque la situación ha sido dispar por territorios. Desde 2009, todas las regiones han acrecentado su inversión en el conjunto de los bloques sociales. Destacan Illes Balears, con un alza por habitante del 47%, seguida de la Comunitat valenciana, con un 41%; Asturias, donde se expandió un 40%; y Extremadura, rozando el 40% también. Estas cuatro regiones han engrosado en más de 1.000 euros por habitante su apuesta por lo social.

Sin dejar de lado ese indicador, el gasto por habitante, y centrando el foco en 2023, cabe reseñarse que, a la luz de los datos del informe consultado por infoLibre, casi 1.700 euros por persona y año diferencian el gasto en políticas sociales entre la comunidad con el menor, Madrid, y la que más dedica, que es Navarra. Esta última empleó por persona 4.160,96 euros, ubicándose por delante del País Vasco, con 4.078,95. Ambas tienen un Régimen Foral propio. Entre las comunidades de Régimen Común, sobresale Extremadura, con 3.960,33 euros, Asturias, con 3.681,38 y Cantabria, con 3.546,47 euros. A la cola, por el contrario, se sitúan junto a Madrid, Cataluña, con 2.942 euros; Murcia, 3.007,69 y Andalucía, con 3.124,49. Cada madrileño recibe 660,41 euros menos en políticas sociales que la media nacional, cada catalán 182,49, cada murciano 116,8 euros y 89,48 cada andaluz.

“Madrid, Cataluña y Murcia son las tres comunidades que menos inversión hacen en políticas sociales. La insolidaridad de sus gobernantes, que se muestra en sus presupuestos, se traduce en sufrimiento y abandono para las personas más vulnerables de esas comunidades”, lamenta José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

Madrid, furgón de cola

En el caso de Madrid, se da la circunstancia de que ocupa, asimismo, una mala posición al desgranar los datos en los tres bloques, educación, sanidad y servicios sociales, por separado. Es la última en gasto social por habitante en educación, con 858,64 euros, que son 382,94 menos que la región del Régimen Común que más destina, que es Extremadura; y 663,85 menos que el País Vasco, que es la que lidera ese ranking. Sucede igual en sanidad. La comunidad madrileña designa 848,80 euros menos por habitante que Asturias, la que más aporta a ese ámbito, que son 2.129,14 euros, frente a los 1.280,34 de Madrid.

Y en servicios sociales, aunque no es la peor colocada en el listado territorial, tampoco está en las posiciones de cabeza. Es la tercera en la parte baja de la tabla, detrás de Canarias y Baleares, con un gasto por habitante de 325,10 euros, que son 463,36 menos que Navarra, la primera en esta ocasión; y 302,9 menos que la que lo es dentro del Régimen Común, Extremadura.  

En ese contexto, Ramírez critica que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, haya anunciado este jueves 12 de septiembre “una nueva reducción de impuestos”. “Vamos a recaudar menos -afea-, para que la gente que tiene más dinero, siga teniendo más y las personas vulnerables tengan unos servicios cada vez más deficientes”, lanza. Alude a que Ayuso ha adelantado que ampliará del 25% al 50% la bonificación del gravamen sobre Sucesiones y Donaciones para las operaciones entre hermanos y entre tíos y sobrinos por consanguinidad, a partir del próximo año.

Y no se ha quedado ahí. Se establecerá una bonificación del 100% en las donaciones esporádicas entre particulares que sean inferiores a 1.000 euros y se eliminará el requisito formal de otorgamiento de documento público para aplicar las ya existentes. El Gobierno madrileño estima que estas rebajas fiscales en ese impuesto “supondrán un ahorro de casi 130 millones”, que no llegarán a las arcas públicas. Y no es el único agujero. Desde el Ministerio de Hacienda han calculado que suprimir el impuesto de Patrimonio implica perdonar cada año 1.300 millones a los más ricos en comunidades como Madrid o Andalucía.

El lastre de la deuda

Al margen de las burbujas autonómicas, otro elemento sobre el que ponen el acento desde la asociación de directoras y gerentes es que la mayor ampliación en el gasto autonómico ha sido en el abono de la deuda, “multiplicándose casi por cinco su coste total" e hinchándose "en 704,9 euros por habitante”. “En algunas comunidades esto ha lastrado y ha limitado sin duda la capacidad de aportar más recursos a las políticas sociales, que aumentaron sólo un 23,2%, 589 euros”, asevera su director, para apostillar: “Pero la deuda se produce por la crisis y por pagos que se han hecho a lo que no era Estado del bienestar, como lo que se dio a los bancos”, desliza.

Fue en 2020, cuando la deuda llegó a su nivel más alto, 1.163.3 euros por habitante, y desde entonces no ha dejado de descender hasta los 854,3 del pasado ejercicio. No obstante, "para valorar lo que supone” de débito, “y su impacto” sobre el gasto social, “basta decir que en 2009, el coste de la deuda por habitante fue sólo de 149,4 euros, mientras que a servicios sociales se destinaron 257,9, es decir, 108,5 euros más. Sin embargo, en 2023 el coste de la deuda subió a los 854,3 euros por persona y a servicios sociales fueron 407,2, menos de la mitad”, explican desde la asociación. Dicho de otro modo: “Si en 2023 se hubiera mantenido el coste de la deuda que existía en 2009, con ese ahorro se podría haber duplicado el gasto en servicios sociales, incluida la atención a la dependencia”.

Ramírez quiere dejar claro que “las políticas sociales son las que garantizan la igualdad y la cohesión, son las mejores vacunas para evitar la exclusión y la desigualdad”, pero la evidencia numérica muestra que "las comunidades autónomas están reduciendo porcentaje presupuestario para garantizar esas políticas del Estado del Bienestar", señala.

En relación a la conveniencia o no de que haya cuentas estatales, que el Gobierno presentará, aunque no tiene por ahora garantizados los apoyos parlamentarios necesarios para sacarlas adelante, avisa: “En los tres últimos años se habían incrementado en los Presupuestos 600 millones para servicios sociales, pero en 2024, no. Y si no hay el año que viene, se perjudicará directamente al Estado del Bienestar”, cierra, confirmando que no es de contemplar y quedarse callado.