Las 11 propuestas más polémicas de la reforma fiscal

El comité de expertos presidido por el economista Manuel Lagares ha propuesto al Gobierno una reforma fiscal que consiste en una redistribución de rentas: una bajada de las cotizaciones que los empresarios pagan a la Seguridad Social compensada con una subida del IVA que van a sufragar todos los ciudadanos, independientemente de sus rentas. En la presentación del informe que hizo ayer el propio Lagares resumió su propuesta en dos bloques: una reducción compensada de los impuestos directos, que debería llevarse a cabo de manera inmediata, y una “devaluación fiscal”, es decir un recorte de las cotizaciones sociales para reducir los costes laborales, que sólo debería aplicarse cuando la recién estrenada reforma de las pensiones “se estabilice”.

“Se trata de una recomposición de la cesta de impuestos”, apunta José Antonio Rodrigo, de Economistas frente a la Crisis, más que de una novedosa batería de medidas fiscales. También adivina detrás de las recomendaciones un interés electoral. Bajando el IRPF, los trabajadores perciben inmediatamente en su nómina un aumento de su salario. “Lo que no notarán es que van a pagar un 11% más por los productos a los que se les suba el IVA”, advierte Rodrigo.

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ya ha dejado claro que se trata de una propuesta, no del proyecto del Gobierno y que, de hecho, éste ya ha desechado incluir como parte de la renta la vivienda habitual. Y el propio Lagares avanzó ayer que el Ejecutivo tampoco va a comprar a los expertos la idea de que coticen por el IRPF las indemnizaciones por despido.

Pero otras propuestas tienen el éxito asegurado. Por ejemplo, tanto la CEOE como los sindicatos y la comisión de expertos están de acuerdo en eliminar el sistema de módulos por el que tributan los autónomos. Aunque Lagares retrasó la medida a dentro de tres o cuatro años. Por el contrario, la CEOE no ha tardado en mostrar su rechazo a la subida del IVACEOE y en reclamar que la rebaja de cotizaciones se haga, a diferencia de lo que plantean los expertos, de forma “urgente e inmediata”. También Cepyme ha protestado por una reducción del impuesto de sociedades que perjudicará a las pequeñas y medianas empresas a las que representa.

A CCOO y UGT no les gusta la propuesta de los sabios, que tachan de “desequilibrada” porque “la imposición indirecta regresiva gana peso a costa de la imposición directa redistributiva”. A cambio, las ganancias son “pírricas”, destaca CCOO: un crecimiento del PIB del 0,3% en tres años y una subida del empleo del 0,2%, a las que acompañará una reducción del déficit público sólo “ligera”. En la rueda de prensa Manuel Lagares cifró en un 0,5% el alza del PIB que traería consigo su propuesta de reforma fiscal.

REBAJA DEL IRPF

El comité de expertos plantea rebajar el tipo mínimo del IRPFhasta el 20%, desde el 24,75% actual, al tiempo que el tipo máximo desciende del 52% al 50% –“por encima de ese porcentaje es confiscatorio”, precisó Lagares–. Incluso debería quedarse en el entorno del 45%, que es el promedio aplicado en los países del euro. También propone Lagares que no coticen “los mileuristas”. Y reducir los siete tramos actuales del impuesto a sólo cuatro. A su juicio, este diseño es más progresivo. Los sindicatos lo niegan: “Es un impuesto menos justo y redistributivo”.

Además, los expertos creen que la tributación al IRPF del ahorro debería igualar ese 20% del tipo mínimo de los rendimientos del trabajo antes citado. Para José Antonio Rodrigo, por el contrario, es claramente injusto que se tribute menos por el ahorro que por el trabajo, “la mitad en el caso de una persona que tribute al máximo, el 50%”.

REBAJA DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES

También recomienda el comité de sabios una reducción del tipo nominal del impuesto de sociedades, del 30% actual al 25% en una primera fase y al 20% después. Eso sí, al mismo tiempo que se eliminan todas las exenciones, deducciones y bonificacionesexenciones, deducciones y bonificaciones con que las empresas consiguen reducir ese 30% nominal a un 5% efectivo en el caso de las más grandes. Lagares es partidario de que las pymes dejen de contar con un régimen especial de tributación –ahora del 25%– para que el tipo sea homogéneo independientemente del tamaño. También propone suprimir las desgravaciones de los gastos financieros que ahora se permiten a las empresas. El objetivo es forzarlas a que se financien emitiendo acciones y no endeudándose –acudiendo al crédito bancario o a las obligaciones–.

SUBIDA DEL IVA

Lagares considera “intocable” el tipo superreducido del IVA –4%–, que grava los productos de primera necesidad. Pero tampoco cree que deba modificarse la cesta de productos y servicios a los que se aplica el tipo general –21%–. La parte polémica de la propuesta es gravar con ese tipo máximo todos los bienes y servicios que ahora tributan por el tipo reducido del 10%, excepto el turismo, la vivienda y el transporte de pasajeros. El economista no quiso ayer citar qué sectores deberían pasar de un tipo a otro. 

DEVALUACIÓN FISCAL

Probablemente la propuesta más controvertida. Los expertos aseguran que la rebaja de las cotizaciones viene obligada por las recomendaciones reiteradas de los organismos internacionalesrecomendaciones reiteradas de los organismos internacionales. Y se adhieren a ellas. Parten de la base de que la “carga de la financiación de la Seguridad Social recae sobre las empresas de forma excesiva”. Y de que el peso relativo de las cotizaciones sociales en España está por encima de la media europea.

Así que proponen un “auténtico impuesto sobre nóminas” que incluya una reducción del actual número de tipos de gravamen para que “la carga resultante sea más equilibrada entre trabajadores y empresarios”. Esa rebaja de cotizaciones, dijo Lagares, debería ser al menos de tres o cuatro puntos para que se notaran sus efectos. La CEOE, que coloca ese recorte de cuotas a la Seguridad Social entre sus principales reivindicaciones, se conformó con pedir dos puntos de rebaja en la propuesta de reforma fiscal que presentó hace sólo unas semanas.

El problema es que reducir sólo un punto las cotizaciones sociales equivale a 4.000 millones de euros que la Seguridad Social deja de ingresar, destaca José Antonio Rodrigo. Los expertos pretenden compensar ese agujero con el aumento del IVA, que el propio Lagares cifró en un alza de la recaudación inferior a los 9.000 millones contando con un catálogo máximo de productos y servicios gravados al tipo general del 21%. José Antonio Rodrigo la situó más cerca de los 7.000 millones de euros. Es decir, apunta el miembro de Economistas frente a la crisis, para compensar ese recorte en las cotizaciones que pagan las empresas, “habría que subir mucho el IVA”. Además, la bajada del IRPF, explica José Antonio Rodrigo, implicaría una merma en la recaudación de otros 9.000 millones.

Los expertos reconocen que la rebaja de las cotizaciones “alterará el equilibrio presupuestario de la Seguridad Social”, por lo que no sólo plantean la compensación con el IVA, sino también aumentar la “contributividad” del sistema de pensiones –alargando a toda la vida laboral el periodo de cálculo de estas prestaciones; ahora está en 25 años– y financiando las pensiones de viudedad y orfandad mediante impuestos. Una tradicional reivindicación de la CEOE.

En todo caso, el comité recomienda al Gobierno que retrase esta devaluación fiscal “a momentos de mayor estabilidad fiscal y económica, y a cuando un impuesto sobre nóminas estrechamente relacionado con el IRPF estuviese ya en pleno funcionamiento”.

IMPUESTOS ESPECIALES Y MEDIOAMBIENTALES

Para compensar todas estas bajadas de impuestos directos, Lagares y sus sabios ofrecen aumentar los tributos sobre el tabaco y el alcohol –sobre los de alta graduación hasta la media europea y crear uno nuevo sobre el vino a imitación del que existe en Francia– o cobrar peajes sobre las carreteras hasta recaudar unos 4.900 millones de euros. También quieren gravar los combustibles no por litros como ahora, sino por su “capacidad calórica y de contaminación”, así como sustituir la base imponible de los impuestos eléctricos por los kilovatios/hora consumidos. O cobrar a los vehículos que entren en ciudades con casos de valor histórico, como ocurre en Londres.

SUPRESIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

Los expertos reclaman la supresión del impuesto sobre el patrimonio, a cambio de implantar un mínimo de exención común para todas las comunidades autónomas en el impuesto sobre sucesiones. Ahora varía entre el 1% de la Comunidad de Madrid y el 56% de Cataluña. A partir de ese mínimo las comunidades autónomas, explica Manuel Lagares, podrán imponer un tipo del 4% al 10% dependiendo del grado de parentesco de testador y herederos.

No es el único impuesto que proponen suprimir. También plantean la desaparición del impuestos autonómicos sobre grandes superficies o sobre los depósitos bancarios. Todo ello en favor de la unidad de mercado, uno de los mandatos del Gobierno al comité, destacó Lagares.

“CENTRALIZACIÓN DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA”

Y es que uno de sus objetivos con la reforma fiscal es “mantener un elevado grado de centralización en la gestión tributaria”. Un punto que a buen seguro despertará las protestas de las comunidades autónomas. Ya lo han hecho la Comunidad de Madrid y AndalucíaComunidad de Madrid , pese a su diferente color político.

Los expertos quieren que, cuando una comunidad autónoma quiera crear un nuevo impuesto, acuda al Consejo de Política Fiscal y Financiera, para que éste evalúe si ese tributo ya los aplica el Gobierno central o si afectan la libre circulación, el establecimiento de personas, mercancías, servicios o capitales, o si obstaculizan las transacciones.

INDEMNIZACIONES POR DESPIDO

Los sindicatos se oponen a que las indemnizaciones tanto por despido improcedente como objetivo tributen por el IRPF como plantean los sabios. El comité parte de la base de que muchas de estas compensaciones las pactan ilegalmente el trabajador y el empresario para simular un despido improcedente y eludir al fisco. José Antonio Rodrigo cree que, en efecto, no hay motivo para que no paguen el IRPF, tratándose de rendimientos del trabajo, pero pide también que quede un mínimo exento.

PLANES DE PENSIONES PRIVADAS

El comité de expertos no se olvida de recomendar “medidas adicionales de fomento del ahorro privado a largo plazo” para compensar una posible bajada de las pensiones respecto de sus bases de cotización. Para los planes de pensiones privadas ofrecen reformar la deducción por las aportaciones, reduciendo y unificando los límites de exención, tal y como pide, destacó Lagares, la Unión Europea. También proponen ampliar los instrumentos donde se pueden colocar los fondos de pensiones, y en concreto se refirió a un tipo de cuentas, las 401K, que no tributan mientras no se saque de ellas el dinero.

EL VIH YA NO ES TAN GRAVE

El grupo de sabios propone eliminar otra exención del IRPF: la que beneficia a las ayudas que reciben algunas personas con VIH, ya que, dice el informe, su enfermedad “se ha convertido en crónica” y “no tienen ya riesgo de muerte inmediata”. Por ejemplo, reciben ayudas sociales quienes se infectaron con el virus tras una transfusión sanguínea en el sistema sanitario público o al recibir un tratamiento con hemoderivados, antes de que las pruebas de detección del VIH fueran obligatorias. Pueden percibirlas también sus cónyuges o sus hijos, si han resultado infectados.

A juicio de los sabios, mantener estas ayudas “podría conducir a la exigencia de ayudas exentas para otras muchas enfermedades crónicas que arrastran también riesgo de muerte no inmediata”.

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Los sabios no han considerado pertinente tocar la fiscalidad de las polémicas SICAV, o sociedades de inversión de capital variable, una figura de inversión colectiva utilizada por las grandes fortunas para tributar sólo por un 1%. “Las SICAV en España son iguales a las que existen en el resto de los países de la UE o en Estados Unidos, no estamos haciendo nada raro aquí”, zanjó Manuel Lagares a preguntas de los periodistas.

A juicio del economista, que ha participado en la mayoría de las reformas fiscales implantadas en los últimos 40 años, con su última propuesta el sistema tributario será “más progresivo”, al tiempo que los contribuyentes pagará menos impuestos. Es más, su catálogo de medidas no sólo consiguen mantener el 38% del PIB de recaudación fiscal –el objetivo marcado por el Gobierno–, sino que, además, los impuestos españoles irán “más allá del punto de partida de 2011”, es decir, anularán las 50 subidas de tributos aplicadas por el Gobierno del PP desde que llegó al poder.