20-D: Los sindicatos exigen al PSOE que se comprometa a dificultar el despido

El anuncio del PSOE de que, si llega a gobernar, sólo derogará algunos artículos de la última reforma laboralreforma laboral y remitirá a la negociación entre patronal y sindicatos los aspectos más polémicos, como el despido, ha dejado a CCOO y UGT del todo menos satisfechos. Es más, le exigen que ataque desde el primer momento el que consideran principal perjuicio de la reforma del PP y legisle para endurecer los requisitos del despido. El Gobierno de Rajoy lo ha descausalizado y facilitado, aseguran; el resultado han sido los cinco millones de despidos que ha sufrido España desde el comienzo de la crisis.

La portavoz de Empleo del PSOE, María Luz Rodríguez, se compromete a derogar “con carácter inmediato”, mediante un real decreto-ley, “en el segundo consejo de ministros” que celebre un hipotético Gobierno socialista, los “aspectos” de la reforma laboral que han precarizado el empleo y recortado los salarios. Es decir, suprimirá el contrato de apoyo a los emprendedores, polémico porque incluye un periodo de prueba de un año; reducirá a tres el catálogo actual de contratos –indefinido, temporal y de formación–  ; prohibirá el encadenamiento de contratos temporales más de un año, y anulará la prioridad del convenio de empresa sobre el sectorial.

Pero nada dice el programa sobre el abaratamiento del despido que propició la reforma del PP. “Quien diga en este país, en la UE y en la globalización en la que estamos, que quiere subir la indemnización por despido a 45 días está mintiendo”, admitió el secretario general socialista, Pedro Sánchez, en una entrevista a eldiario.es.

El PSOE propone ahora a empresarios y sindicatos que se sienten a negociar para redactar un nuevo Estatuto de los Trabajadores que debería estar listo en un año. Los agentes sociales, explica María Luz Rodríguez, serán quienes cambien, por ejemplo, la regulación del despido o la ultraactividad –la prórroga automática de los convenios colectivos cuando caducan y mientras se negocia su renovación, que la reforma redujo a un año–. Precisamente dos de las cuestiones nucleares de la reforma de 2012.

“Ocurrencias” sin rigor

El paso del “derogaremos la reforma laboral” sin matices al actual enunciado, que excluye el despido de la acción legislativa directa, ha sido recibida con “preocupación y perplejidad” en CCOO. “[Los socialistas] Deberían ser más rigurosos y valientes y dejarse de ocurrencias”, les reprocha su secretario de Acción Sindical, Ramón Górriz, quien ha tachado de “sugerencia retórica” la propuesta electoral del PSOE. A su juicio, la bajada de tono socialista “intenta justificar su negativa a derogar en la reforma laboral capítulos tan sensibles como el despido”. Para el número dos de CCOO, es “urgente” legislar la “protección real y efectiva” de los trabajadores ante el despido.

“Nunca fue tan fácil justificar un despido objetivo con 20 días de indemnización como ahora”, explica por su parte Manuel Lago, economista de CCOO. Basta con que sufra tres trimestres de caída de ingresos o con que prevea pérdidas en el futuro para que una empresa pueda ejecutar un despido colectivo, lo que antes se llamaban Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) y precisaban de autorización administrativa. “El debate real no son los 20, 33 o 45 días de indemnización del despido”, apunta, “sino volver a una regulación rigurosa de las causas”.

Ahí coincide con María Luz Rodríguez, que fue secretaria de Estado de Empleo con Valeriano Gómez al frente del Ministerio de Trabajo. “En España, el debate se acaba en cuanto llega al despido, ya no se debate nada más”, protesta cuando se le menciona la polémica que ha acompañado a la exclusión de las indemnizaciones del ataque frontal a la reforma. Dice que la “figura mediática” del despido ha dejado fuera del debate la jornada, las horas extraordinarias, la conciliación o los conflictos laborales.

El PSOE hizo dos reformas laborales

UGT no ha sido tan dura en su reacción. De hecho, Cándido Méndez calificó en su momento de “prudente” el planteamiento socialista. Pero su responsable de Acción Sindical, Toni Ferrer, reclama a un futuro Gobierno del PSOE que rectifique la desregulación del despido propiciada por la reforma laboral, en lugar de dejar la tarea en manos de sindicatos y empresarios. “Nunca podremos llegar a un pacto sobre el despido con la patronal”, advierte el número dos de UGT, “por lo que debería ser el Gobierno quien entrara, más allá de los días de indemnización, en las causas y los procedimientos”. Toni Ferrer cree que también deberían quedar abolidas desde el primer momento las cláusulas de descuelgue y la ultraactividad.

Por su parte, el responsable de Acción Sindical de CGT, José Aranda, resume con el adjetivo “patético” la opinión que le merece el plan del PSOE. Aranda exige que se derogue la reforma laboral de 2012, sin tibiezas, para recuperar los derechos perdidos por los trabajadores y la negociación colectiva, desaparecida, según dice, en estos últimos cuatro años.

A Toni Ferrer, en cualquier caso, le satisface la “secuencia temporal” planteada por los socialistas, siempre que “se recupere el equilibrio” perdido en la negociación con los empresarios, se apueste por el Diálogo Social y “que el PSOE se lo crea”. Porque el responsable de UGT recuerda que el Gobierno socialista hizo “dos reformas laborales impuestas, unilaterales, en 2010 y 2011, y ésa es una asignatura que tienen que superar”.

ERE en la administración pública, agencias de colocación

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El caso es que, al menos en la intención mostrada en su programa, el PSOE no incluirá ni los descuelgues ni la ultraactividad entre los artículos derogables por decreto. Estos dos aspectos nucleares de la reforma de 2012 deberán pactarlos sindicatos y patronal en esa hipotética negociación. “Los empresarios también están deseando recuperar el consenso básico de nuestro modelo de relaciones laborales”, asegura María Luz Rodríguez. Para fortalecer la negociación colectiva, además, quiere que se ocupen de ella las secciones sindicales, en lugar de los comités de empresa, “a imagen de lo que ocurre en el resto de Europa”.

También quedarán fuera de la derogación exprés prometida por el PSOE los despidos colectivos en las administraciones públicas, que no sólo autorizó la reforma de 2012 sino que, además, son la única fórmula que ésta les permite para reducir sus gastos de personal en caso de insuficiencia presupuestaria.

Para las agencias privadas de colocación, que rechazan los sindicatos, la responsable socialista promete “normalizar su situación”. El primer decreto para regularlas fue, de hecho, iniciativa suya. Pero critica la gestión de sus sucesores en el ministerio, que “no han conseguido ponerlas en marcha en cuatro años”. Por el contrario, “han dinamitado el sector, porque cualquiera puede funcionar como agencia de colocación, y enfadado tanto a las grandes agencias como a las pequeñas”. Al tiempo, el programa socialista propone crear una Agencia Pública de Empleo que sustituya al actual Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y se encargue de la intermediación laboral.