ACS contrató a Intermoney buscando un trato regulatorio favorable al almacén de gas Castor

Escal UGS, empresa controlada por la constructora ACS, contrató a la consultora Intermoney Energía en el año 2007 para intentar obtener de los organismos reguladores un trato favorable al proyecto de almacén de gas Castor. El almacén, paralizado, costará a todos los usuarios al menos 1.350 millones de euros después de que ACS renunciara a la concesión. Entre otros puntos, el contrato estipula que Intermoney "prestará apoyo a Escal UGS en la discusión con el regulador del tratamiento regulatorio y contable que debe darse a determinados costes de desarrollo del proyecto (...)".

Intermoney Energía en el momento del contrato, estaba dirigida por Miguel Ángel Lasheras -exconsejero de la Comisión Nacional Sistema Eléctrico (1995-2003) y consejero de Enagás desde 2006-. La consultora forma parte del grupo CIMD-Intermoney, conocido por su vinculación a economistas que nutrieron de altos cargos a los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero. Los más conocidos entre ellos fueron el exministro de Industria Miguel Sebastián (trabajó en Intermoney entre 1995 y 1996); Carlos Arenillas, vicepresidente de la CNMV casado con la exministra de Educación Mercedes Cabrera y el exsecretario de Estado de Economía David Vegara (hoy subdirector en el Mede).

Contrato prorrogable

El contrato de Intermoney con Escal UGS, cerrado en 2007, fue por dos años, prorrogable y por una cantidad de en torno a 20.000 euros mensuales. En Enagás "no hay constancia" del contrato pese a que quien lo firmó era uno de sus administradores, Miguel Ángel Lasheras, que se había incorporado al consejo de la compañía que gestiona el sistema gasista un año antes.

El propio Lasheras reconoce que no informó de ese contrato a Enagás porque en ese momento, julio de 2007, no había ningún vínculo entre el proyecto del almacén Castor y la empresa Enagás. "No era incompatible" sostiene. 

El vínculo entre Escal (ACS), el almacén de gas Castor y la propia Enagás se cerró cinco meses después, en diciembre de 2007, con un preacuerdo en el que Enagás se comprometía a entrar en el capital cuando el almacén estuviera funcionando. preacuerdo

Espaldas cubiertas

Todas las partes se guardaron las espaldas. Enagás sólo se comprometía a asumir la concesión del almacén de gas Castor si estaba en buen uso mientras que ACS-Escal lograba una jugada maestra: poner en marcha un negocio prometedor sin arriesgar un euro.

El proyecto Castor, aprobado y adjudicado a ACS y su socios por decreto en mayo de 2008, al poco de llegar al Ministerio de Industria Miguel Sebastián, tomó forma de concesión de un almacén de titularidad estatal, con categoría A, es decir, sin ningún condicionante. En el contrato de ACS y la Administración se estipulaba una compensación en el caso de que los promotores privados del proyecto renunciaran a la concesión (30 años ampliables a 50). Industria intentó eliminar la cláusula, pero el Supremo rechazó la petición en octubre de 2013. el Supremo rechazó la petición

Además, en un hecho poco habitual, el contrato contempla la obligación del Estado de indemnizar al constructor incluso aunque hubiera habido negligencia o dolo de por medio. En ninguna otra concesión de almacén de gas (Yela, Gaviota, Serrablo...) hay cláusulas semejantes.

infoLibre ha intentado obtener la versión de Escal UGS sobre la concesión administrativa, así como sobre el contrato firmado en 2007 con Intermoney, sin conseguirlo.

Cláusula sorprendente

La sorprendente cláusula de Castor ha llevado a la Generalitat de Cataluña a solicitar un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries sobre la constitucionalidad de la indemnización a la concesionaria del almacén de gas Castor. Es un trámite preceptivo, antes de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC).

Lasheras, actual director de Iberian Gas Hub, sostiene que Intermoney no tuvo nada que ver en las condiciones pactadas entre la Administración y ACS en 2008. El ex consejero de Enagás las atribuye más a las presiones del mundo financiero (los bancos financiadores).

Fuentes del entorno del exministro de Industria, Miguel Sebastián, han explicado, por su parte, que el real decreto que dio luz verde a Castor y a la labor de ACS fue el desenlace de negociaciones muy anteriores a su gestión. Las mismas fuentes destacan que Sebastián dejó Intermoney en 1995 y que no tuvo relación con Lasheras nunca, más allá de que ambos trabajaron en el Ministerio de Economía en los años 80.Microterremotos

El almacén de gas está paralizado desde octubre de 2013 tras registrarse cientos de microterremotos en torno a la instalación. El Gobierno lo va a cerrar tras indemnizar a los constructores con 1.350 millones de euros. Aunque la compañía gestora del sistema gasista, Enagás, se hará cargo del mantenimiento -no de la concesión- de la plataforma situada a 21 kilómetros de Vinaroz, el cierre es seguro.

El TC declara nula e inconstitucional la compensación de 1.350 millones a Escal UGS por el proyecto Castor

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Oficialmente, el término para enmascarar el cierre definitivo es "hibernación". Mantener el almacén en condiciones operativas hubiera tenido un coste de 200 millones al año. 

Enagás, explican fuentes conocedoras de la operación, desembolsará los 1.350 millones de la compensación a ACS y sus socios, pero la operación será "neutra" para la compañía que preside Antonio Llardén. Tres bancos -BBVA, Santander y Caixabank- adelantarán el dinero de la indemnización a Enagás; a cambio, se quedaran con los derechos de cobro durante 30 años.

La gran pregunta es ¿quién pagará el cierre y la compensación? Técnicamente, lo hará el sistema gasista, es decir, las compañías que utilizan los gasoductos que gestiona Enagás. Lo harán a través de los peajes. Pero el recargo en los peajes, tarde o temprano, acabará en el recibo de los usuarios. Castor se convertirá de esta forma en el Lemóniz (la central nuclear que nunca llegó a funcionar) del Gobierno de Mariano Rajoy.