Aldama dice que recaudó hasta cuatro millones en comisiones y dispara sin pruebas contra el PSOE

El considerado "nexo corruptor" del caso Koldo, Víctor de Aldama, vuelve a prestar declaración en sede judicial. Un mes después de salir de prisión tras un acuerdo no escrito con la Fiscalía Anticorrupción, el empresario se ha sentado este lunes en el Tribunal Supremo, que ha asumido parte de la investigación que comenzó en la Audiencia Nacional. Durante su comparecencia, según señalan fuentes jurídicas, Aldama ha tratado de desmontar la versión dada en sede judicial por el exministro de Transportes José Luis Ábalos. Y ha disparado, de nuevo, tanto contra él como contra su exasesor Koldo García, ratificando la versión que dio en su momento en la Audiencia Nacional. Así, ha mantenido que entre todos se repartieron comisiones. E, incluso, ha dejado caer que una parte de las mismas fueron hacia el PSOE, algo sobre lo que ha reconocido no tener pruebas. Además, ha aportado una serie de pantallazos con los que trata de probar los supuestos amaños en la adjudicación de obra pública.

La declaración del comisionista, que ha llegado al Alto Tribunal escoltado por el ultra de Desokupa Daniel Esteve, se ha producido cuatro días después de que Ábalos se sentara ante el instructor de la causa, el magistrado Leopoldo Puente. En aquella comparecencia, el exministro negó rotundamente haber cobrado comisiones ilegales. Y descargó responsabilidad sobre quien fuera su asesor. Así, afirmó que él no tuvo nada que ver con la compra de mascarillas en lo peor de la pandemia, señalando que fue Koldo García quien se hizo cargo de estas adjudicaciones a Soluciones de Gestión que, en estos momentos, se encuentran bajo la lupa judicial.

Aldama se ha ratificado, a lo largo de tres horas, en las acusaciones vertidas contra el exministro y exasesor tanto en su comparecencia en la Audiencia Nacional –una declaración tras la que fue puesto en libertad– como en el posterior escrito que se encargó de remitir al Supremo. Así, ha afirmado que la trama no solo se circunscribía a García. Y ha insistido en el cobro de comisiones tanto del exasesor como del exministro. De hecho, ha dicho que fue él mismo el que se encargó de recaudar las mordidas de las empresas. Y que del total recaudado, que oscilaría entre 3,5 y 4 millones, él se quedaba con una parte, otra iba para Ábalos y Koldo y otras cantidades se derivaban al PSOE.

De esto último, sin embargo, ha reconocido no poder demostrarlo cuando ha sido preguntado al respecto durante el interrogatorio. Así, el comisionista ha dicho que no tiene resguardos ni otro tipo de pruebas dado que todo era dinero en efectivo. Y se ha limitado a señalar, señalan a EFE fuentes jurídicas, que eso de que “una parte” de las comisiones, que no ha cuantificado, iban para el partido era algo que le dijeron en su momento el exministro y el exasesor.

El empresario ha asegurado, en relación con las supuestas mordidas, que las constructoras abonaban entre el 1% y el 1,5% por contrato adjudicado. Y ha llegado a relatar que llegó a dar alrededor de 170.000 euros en efectivo al exministro en varias entregas tanto en su casa como en su despacho del Ministerio.

En el escrito remitido hace un par de semanas al Tribunal Supremo, el comisionista llegó a acusar al extitular de Transportes no solo de haberse llevado mordidas por los contratos sanitarios, sino también por la adjudicación de otras licitaciones a determinadas constructoras. En este sentido, aportó una "relación de obra pública, pre-adjudicada, que se licitaría conforme a los Presupuestos Generales del Estado de 2021". En la misma, se podían ver anotaciones manuscritas que el empresario no era capaz de "afirmar con seguridad" a quién correspondían. Subrayados en rosa, siempre según su testimonio, "contratos públicos ya pre-adjudicados". Pintados de verde, "posibles adjudicaciones".

Estos papeles han ido perdiendo peso probatorio en los últimos días. Sobre todo, después de que el Ministerio de Transportes, ahora dirigido por Óscar Puente, haya analizado tanto las licitaciones relativas a Adif como aquellas que corresponden a la dirección general de Carreteras sin encontrar irregularidad alguna ni indicios de que se pagaran mordidas. En relación con esta última, se estudiaron 39 proyectos. En 21 de ellos se licitó el contrato de obras –seis de ellos en la era Ábalos–, mientras que en 17 no hubo ninguna licitación y otro más es la concesión de una autovía que fue adjudicada en el año 2005.

Aldama, sin embargo, ha insistido en este asunto durante su declaración en el Tribunal Supremo. Y lo ha hecho aportando una serie de pantallazos de conversaciones de WhatsApp con los que trata de probar supuestos acuerdos para la adjudicación de obra pública. Entre ellos, según han desvelado diferentes medios, figuraría un supuesto manuscrito que el empresario atribuye a Koldo García y en el que aparecerían reflejadas, siempre según el testimonio que ha dado en sede judicial a preguntas de todas las partes –desde el instructor y Anticorrupción hasta la acusación popular–, un conjunto de adjudicaciones amañadas.

En su declaración en la Audiencia Nacional, el conseguidor de la trama señaló a diferentes miembros del Ejecutivo y de la dirección del PSOE. Así, afirmó que se entregaron 15.000 euros al secretario de Organización socialista, Santos Cerdán, en relación con una "licitación". Del mismo modo, mencionó 25.000 euros entregados en un sobre al jefe de gabinete de la ministra de Hacienda, Carlos Moreno, en relación con el aplazamiento tributario. E hizo referencia a una petición de 50.000 euros que Koldo García le habría pedido para el entonces presidente canario y hoy ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, pero que él se negó a entregar.

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El empresario ha ratificado en el Supremo estas acusaciones, sobre las que aún no ha aportado ninguna prueba contundente, pero no ha apuntado hacia nadie nuevo del Gobierno. Además, en relación con el ministro canario, ha asegurado que no solo costeó el alquiler de un apartamento turístico en el centro de Madrid para que mantuviera encuentros "de diversa naturaleza" –como apuntó en el escrito que envió al Alto Tribunal–, sino que fueron "tres" los inmuebles en los que estuvieron Ábalos y Torres en compañía de mujeres, según informa EFE. Algo que ha negado el ministro: "Las mismas mentiras, las mismas falsedades y ni una sola prueba, porque no puede haber prueba de lo que nunca ocurrió".

Tras escucharle en el Alto Tribunal, el instructor del caso ha decidido mantener las medidas cautelares de prohibición de abandonar el territorio, con retirada del pasaporte, y comparecencia quincenal ante la Sala Penal. "No solo que resultan precisas, con el fin de asegurar, en la medida razonablemente posible, que el investigado no pueda sustraerse a la acción de la justicia y que comparecerá en la causa cuando fuere llamado, sino que también resultan plenamente proporcionadas en tanto, solo de forma ligera e indispensable limitan el ejercicio de su libertad ambulatoria", recoge el auto, en el que se advierte de que en caso de incumplimiento podría imponerse de nuevo prisión provisional.

La comparecencia de Aldama en el Supremo ha coincidido con una operación que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desplegado en el marco del llamado caso Hidrocarburos, que era por el que el empresario se encontraba en prisión provisional antes de su acuerdo con Anticorrupción. En ella, se ha detenido a cuatro personas, entre ellas Carmen Pano, la empresaria que aseguró –primero con la voz distorsionada y luego públicamente– haber entregado 90.000 euros en la sede del PSOE por encargo de Aldama. Además, se han realizado registros en empresas y domicilios en Madrid, Zaragoza, Sevilla o Toledo.