Agricultores y ganaderos mantienen sus movilizaciones pese a los gestos del Gobierno: "El sector no puede más"

Las movilizaciones hasta ahora han sido un "rotundo éxito". "El campo ha demostrado con creces su firmeza y su fuerza", aseguran Asaja, UPA y COAG, las principales organizaciones agrarias. Pero sólo es el principio. El pasado 17 de enero, las tres asociaciones anunciaron un calendario de movilizaciones en toda España para denunciar la "dramática" coyuntura que padece el sector primario. "Urge tomar medidas de apoyo ante los ataques que estamos sufriendo. No podemos esperar ni un día más", dijeron. Y como la lista de problemas es larga —"la falta de precios justos, la grave crisis de rentabilidad de las explotaciones, el reto climático y la imposición de barreras comerciales"—, la de las protestas también tiene que serlo. Este miércoles se concentrarán a las 11:30 horas ante el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en Madrid, y está previsto que las manifestaciones culminen el 19 de febrero en Granada. Después de esa fecha no saben qué ocurrirá. Todo depende, dicen, de la voluntad del Gobierno para revertir la situación. "De momento nos manifestaremos mañana, luego no sé qué pasos se seguirán", dice Jesús Anchuelo, secretario general de UPA Madrid. 

El problema se puso encima de la mesa en enero, pero no porque antes no existiera, sino porque estaba guardado en un cajón. "El sector no puede más. Se han ido sumando cosas y cosas y ahora hemos dicho: 'Hasta aquí", sostiene Francisco José García Navarrete, presidente de Asaja Madrid, que cree que la gota que colmó el vaso de la situación fue la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Pero sólo ha sido eso: la gota que ha colmado el vaso. Antes ha habido mucho más. De hecho, las organizaciones agrícolas elaboraron un listado de reivindicaciones en el que no incluyeron dar marcha atrás a esa medida. En su lugar abogan, sobre todo, por hacer justos los precios. 

La respuesta del Gobierno

Y en esa misma línea ha comenzado a manifestarse el Gobierno a través de su ministro de Agricultura, Luis Planas. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, Planas quiso reiterar que la subida del SMI no ha influido ni en el incremento de la tasa de paro ni en la difícil situación que atraviesa el sector agrario. "El salario mínimo interprofesional en ningún caso ha sido determinante y difícilmente puede tener un efecto disuasivo cuando aún no ha entrado en vigor y la subida de 2019 fue perfectamente integrada", aseguró. Apenas unas horas antes, en declaraciones a RNE, aseguró que, para resolver el problema, hay que poner el foco en los precios. Se mostró, por tanto, dispuesto a trabajar para que el sector deje de tener motivos para salir a la calle. 

Empezará a hacerlo con la mesa de diálogo cuya creación anunció el pasado sábado. El objetivo del órgano, dijo, es "trabajar junto al sector en la búsqueda de soluciones a los temas que más preocupan a agricultores y ganaderos, como han dejado patente estos días en diversas manifestaciones". "En el ADN del Ministerio está el diálogo y el trabajo conjunto", añadió. Y desde las organizaciones aplauden el gesto. Apuntan a que es un paso, pero se muestran prudentes porque, dicen, de nada servirá si no se concreta en resultados. Así lo cree Miguel Blanco, secretario general de COAG. "Hemos iniciado el proceso como tenemos que iniciarlo, con una mesa de diálogo. Pero no todo es dialogar, también habrá que negociar. Es un inicio que vemos positivo, pero de momento sólo está ahí", explica.

La primera reunión tuvo lugar este lunes. Y el Ministerio se sentó junto a Asaja, UPA y COAG con propuestas concretas. En este sentido, les presentó medidas como la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria para evitar la venta a pérdidas, así como mejorar el presupuesto de los seguros agrarios para paliar la crítica situación que atraviesa el campo español. Admitió también que los precios que perciben los agricultores y ganaderos son "la mayor preocupación" y, por eso, informó de su voluntad de que en el borrador de los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) haya una "mayor dotación presupuestaria" para los seguros agrarios que "son tan necesarios".

Y eso es lo importante, a juicio de las organizaciones: que desde el Gobierno se admite la existencia de un problema y coinciden en cuál es. "Para nosotros es un gran paso", celebra García Navarrete. Pero no el último. "Es una manera de empezar, pero ahora hay que avanzar", añade Anchuelo. 

"Queremos vivir de nuestro trabajo"

Según explica Anchuelo, la protesta de este miércoles en Madrid irá acompañada de una performance. Pondrán una mesa y, sobre ella, unos platos que contendrán "los alimentos del futuro", dice. Y por eso estarán vacíos. "Sin agricultura y sin ganadería es lo que nos espera", asegura. Y es que ni los agricultores ni los ganaderos "pueden vivir de su trabajo". Y, según las organizaciones, es lo único que quieren, pero se lo impiden los precios que perciben. 

¿Cuál es el problema? Blanco lo resume a través de un ejemplo. En estos momentos, los agricultores venden el kilo de naranjas a 23 céntimos, pero cuando un consumidor acude a una frutería a comprarlo, paga 1,55 euros. Es decir, un 574% más. Y así ocurre con todos los productos, tal y como recoge COAG en el Índice de Precios en Origen y Destino de los alimentos (IPOD) correspondiente al mes de diciembre. El caso de la patata es más flagrante. Quien la cultiva cobra 15 céntimos por un kilo, pero un consumidor lo paga a 1,20 euros en el mercado. Es una diferencia del 700%. 

Y eso es injusto. Y el motivo, además, de que los últimos años el sector haya registrado pérdidas de rentas. "El año pasado de casi un 9%", dice Blanco. 

Por eso piden una reforma de la Ley de Cadena Alimentaria. "Se nos tiene que garantizar un precio mínimo por nuestros productos", señala García Navarrete. El objetivo, detalla, es que al menos se cubran los gastos de producción, porque ahora mismo la venta a pérdidas parece la norma. "Pagamos los costes de producción según los precios actuales, pero cobramos a precios de los años 80", denuncia. "Por ejemplo, un ternero cuesta lo mismo que hace 30 años, pero a nosotros el pienso nos cuesta mucho más que entonces", explica. En resumen: producir cuesta más que antes, pero se gana lo mismo que antes por eso que se produce. 

"No se puede competir con lo que viene de fuera"

A eso se suma otro problema, según las organizaciones agrarias: los productos agrícolas y ganaderos que vienen de países de fuera de la Unión Europea. "No podemos competir con ellos", se queja Anchuelo. ¿Por qué? Porque sus costes de producción son más bajos y, por tanto, el precio final resulta más barato. Además, tal y como denuncian los representantes de las tres organizaciones, esos productos no están sometidos a la exigencia de los controles de sanidad y de calidad a los que son sometidos los españoles, por lo que resulta mucho más sencillo el proceso de producción. Y eso abarata más. 

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En definitiva, la situación "es insostenible", dice Blanco. "El problema es muy gordo", continúa. Porque esta situación conlleva otro tipo de consecuencias. Contribuye, por ejemplo, al avance aparentemente imparable de la España vaciada. "Hemos perdido 80.000 profesionales en 10 años, es decir, 8.000 al año. Es una sangría que puede continuar", lamenta Blanco, que añade que así, poco a poco, desaparecerá el sector. "La vida en los pueblos es difícil, si encima te dedicas a una actividad que te arruina, ¿qué haces? Pues salir corriendo", lamenta García Navarrete. 

Pero también hay otros problemas. Por ejemplo, según denunciaron las organizaciones en un comunicado conjunto, que "las ayudas provenientes de Europa e incluso las que destina el Gobierno central y las comunidades autónomas llevan años sufriendo recortes". Y a esto se suman losaranceles impuestos por Estados Unidos a productos como el aceite y el vino —cuyo impacto económico podría llegar a los 1.000 millones de euros— y loscinco años de veto ruso a las frutas y hortalizas de la UE —en respuesta a las sanciones que se le impusieron por la crisis con Ucrania—.

Y ahora, el Brexit. "Habrá menos dinero para la Política Agraria Común (PAC)", lamenta García Navarrete. Pero, según Blanco, no tolerarán más recortes.