Los agujeros negros de la lucha contra el paro en la Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid perdió el año pasado 20 millones de euros para luchar contra el paro porque no utilizó o no justificó adecuadamente la partida que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) le había concedido en 2013 para ese mismo fin. Fue la tercera comunidad autónoma a la que más dinero se descontó, después de Andalucía –con una cifra récord de 233 millones restados– y la Comunidad Valenciana –45 millones desaprovechados–. La pérdida es consecuencia del sistema utilizado por el Ministerio de Empleo para repartir los fondos con que se ejecutan las denominadas políticas activas de empleo –la formación y recualificación profesionales, así como las subvenciones a los contratos y cualquier otra iniciativa de lucha contra el paro–: lo que no se ejecuta o justifica, se pierde para el ejercicio siguiente. En la convocatoria de 2014, el 40% de los fondos estaban ligados a la consecución de los objetivos el ejercicio anterior. En la de este año, es el 60%. Así, de los 1.251 millones inicialmente asignados a las comunidades autónomas –todas menos el País Vasco–, el SEPE les descontó 314 millones el año pasado.

El Plan de Empleo madrileño en curso es bianual. El pasado enero, la Comunidad tenía pendientes de ejecutar 90 millones de los casi 300 que presupuestó para 2014 y 2015. Según denunció CCOO el pasado diciembre, el Gobierno regional sólo había adjudicado 9,52 millones de los 14,11 millones de euros aprobados en julio para completar el salario de los parados que realizan trabajos de colaboración social en los ayuntamientos. Una figura muy polémica que hasta la reforma laboral apenas se utilizaba y que la Comunidad de Madrid ha adoptado casi como programa estrella de su Plan de Empleo, con la oposición de los sindicatos y a pesar de las sentencias condenatorias del Tribunal Supremo.

Además, el Ejecutivo gobernado hasta ahora por Ignacio González ha renunciado a convocar su propio concurso para seleccionar agencias de colocación privadas. Para ese fin, el SEPE le concedió en 2014 un total de 3,22 millones de euros, la mayor partida de todas las comunidades autónomas. Se han quedado en el cajón. La cantidad sólo puede utilizarse para financiar ese sistema de colaboración público-privada, para ningún otro fin.

Apenas una semana antes de las elecciones autonómicas, la Consejería de Empleo decía estar “a la espera” de que el SEPE resolviera el concurso estatal que ha convocado para colocar parados del Plan Prepara –un proceso con múltiples problemas que aún carece de adjudicación definitiva– antes de convocar el suyo. Otras comunidades, como Castilla y León, Aragón, Canarias, Murcia o Cataluña, no obstante, han resuelto ya sus propios concursos y las agencias llevan meses trabajando.

La parte más cuantiosa del presupuesto destinado a formación se la llevan los 75 millones destinados a certificados de profesionalidad –que acreditan los conocimientos y experiencia laboral de un trabajador aun no habiendo cursado una formación reglada–. No se gastaron más de 71 millones de euros.

Además, la responsable de Políticas de Empleo de CCOO Madrid, Cruz Elvira, recuerda que en 2012 el Gobierno regional gastó sólo 280 millones de los 513 millones de euros de fondos concedidos por la UE. De esa cantidad, el 50% correspondían a la Consejería de Empleo.

Órdenes y notas de prensa

Son sólo cuatro ejemplos de iniciativas con financiación pero desaprovechadas. Porque hacer un seguimiento del Plan de Empleo de Madrid es una tarea cuanto menos ardua. “El Plan de Empleo regional no existe”, responden tanto los sindicatos como los partidos de la oposición cuando se les pregunta por este programa. La única manera de vigilar cómo se ejecutan sus programas, aseguran, es rastrear las órdenes con las que la Consejería de Empleo convoca las subvenciones. A diferencia de lo que ocurre en otras comunidades autónomas, como Castilla y León o el País Vasco, por ejemplo, donde los planes de empleo están a tiro de click en sus páginas web, en la de Madrid no existe un documento “estructurado” que sintetice o agrupe o explique en qué consisten sus políticas de empleo. Así lo reconoce un portavoz de la Consejería.

Para más detalles, se remite a las notas de prensa que Empleo ha publicado a lo largo de 2014. La misma respuesta han obtenido de la Consejería tanto los sindicatos como las empresas dedicadas a la formación y la inserción laboral, según ha podido saber infoLibre. Además, la Dirección General de Estrategia y Políticas de Empleo, se justifica también la Consejería, carece de responsable desde que el pasado mes marzo la abandonó Valentín Bote Álvarez-Carrasco. En el puesto desde julio de 2007, era el encargado de hacer el seguimiento y evaluación de las políticas de empleo de la Comunidad de Madrid, hasta que se marchó a Randstad, una de las mayores Empresas de Trabajo Temporal (ETT).

También a diferencia de otras comunidades autónomas, Madrid carece desde 2011 de Servicio Regional de Empleo. Lo suprimió Esperanza Aguirre por decreto y trasladó sus competencias a la consejería que hoy reúne a Empleo, Turismo y Cultura. Tenía 460 millones de euros de presupuesto y 800 trabajadores. Al desaparecer, sindicatos y empresarios se quedaron sin órgano de interlocución: “Desconocemos los resultados de las medidas que adoptan, no hay ni información ni evaluación de las políticas activas”, protesta Isabel Vilabella, responsable de Relaciones Laborales y Formación de UGT Madrid.

A la falta de transparencia se une el recorte de presupuesto. Desde 2011, cuando la partida para políticas activas ascendía a 147,26 millones de euros, el dinero destinado a mejorar la formación y la empleabilidad de los parados quedó reducido a sólo 28,45 millones en 2014. Este año –electoral– ha subido a 39,37 millones. Otro tanto ocurrió con el dinero destinado a la formación profesional de los ocupados: los 96,36 millones presupuestados en 2011 se quedaron en 44,88 millones tres años más tarde. En 2015 la partida ha vuelto a crecer: son 51 millones de euros, aun así lejos de los presupuestados en 2011. Entre una cifra y otra saltó el escándalo Aneri, la estafa de cursos de formación on line, y la Comunidad de Madrid decidió eliminar los cursos por internet.

Recorte del 80% desde 2011

Pero entre una fecha y otra también ha mediado la llegada al poder del PP en el Gobierno central, que enseguida dio un tijeretazo a sus propios presupuestos de políticas activas, un 35% de recorte que en la Comunidad de Madrid se convirtió en un 80%. Porque todo el dinero que el Gobierno regional lleva destinando desde 2012 a luchar contra el paro procede del SEPE. “Ellos no ponen ni un euro”, asegura Cruz Elvira, responsable de Políticas de Empleo de CCOO Madrid. Lo corrobora el diputado de IU en la Asamblea madrileña Joaquín Sanz: “No invierten ni un euro propio en el Plan de Empleo”.

Así, por ejemplo, la Comunidad de Madrid subvenciona con 4.000 euros a los empresarios por cada contrato indefinido a tiempo completo, cantidad a la que se suman otros 1.000 euros si el trabajador tiene más de 45 años. Esas ayudas son sufragadas íntegramente “con fondos procedentes del presupuesto del SEPE”, explica la orden de septiembre de 2014.

Este año, la partida que el Ministerio de Empleo ha previsto, en principio, para Madrid es de 159,88 millones en total, según consta en los presupuestos regionales. Una cantidad de nuevo dependiente de la ejecución que haya hecho la Comunidad del dinero que recibió del Estado el ejercicio anterior. El reparto definitivo de los 1.414 millones consignados este año por el SEPE para todas las comunidades no se conocerá hasta después del verano.

En las fechas, de hecho, aparece otro problema, se quejan de nuevo sindicatos, oposición y empresas. Las órdenes que convocan las ayudas no se publican en muchos casos hasta el mes de noviembre. Según la consejería, porque el SEPE retrasa los pagos. Según CCOO, por culpa de la “mala gestión” del Gobierno regional. “La apatía es absoluta, no se envía la documentación a tiempo”, acusa Cruz Elvira. De ahí que la consejería no tenga tiempo material para dar uso al dinero que recibe, además de “serias dificultades para justificar el que sí ha gastado”, añade la sindicalista. Parecida explicación ofrece el Ministerio de Empleo: “Se retrasan en la justificación”.

Subvenciones a las empresas

Este año, la Comunidad de Madrid ha aprobado 5,8 millones de euros para subvencionar con hasta 5.000 euros cada contrato indefinido o cada temporal convertido en fijo. Para contratar parados de larga duración anunció otros 11,7 millones de euros. Para que los autónomos empleen trabajadores, de forma temporal o indefinida, la partida en 2015 alcanza los 9,4 millones. Y para que los ayuntamientos recurran a parados para trabajos de colaboración social destinará 5,9 millones de euros más. Todo ello pese a que este tipo de subvenciones a los contratos son, según coinciden unánimemente los expertos, herramientas de dudosa eficacia si se aplican de forma genérica, en lugar de sólo a colectivos muy específicos y con especiales dificultades para acceder a un puesto de trabajo. Subvenciones que, de hecho, el Ministerio de Empleo suprimió en 2012 y sólo ha ido recuperando según se iba acercando el año electoral en curso.

Mención aparte merecen las ayudas públicas que la Comunidad de Madrid concede a ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro para que éstos realicen las llamadas “adscripciones en colaboración social”. Sindicatos y oposición no han cejado de criticar que se estén utilizando como medida de fomento del empleo. No son contratos; no hay relación laboral, por tanto. Se seleccionan parados que cobran la prestación y el ayuntamiento la complementa –con el dinero de la Comunidad– hasta alcanzar la base de cotización que tenían en su último empleo. A cambio, deben recibir formación. Joaquín Sanz niega que se les esté dando. Y censura que los ayuntamientos estén utilizando a estos desempleados para sustituir a trabajadores interinos.

Cada consistorio puede emplear hasta a un centenar de parados en colaboración social. En lo que va de año, de las 997 adscripciones en colaboración social registradas en toda España, el 50% corresponden la Comunidad de Madrid, que firma casi cuatro veces más que la segunda de la lista, Ceuta –133–. En todo 2014 se registraron 2.254 adscripciones, de las que una cuarta parte –637– pertenecen a Madrid. Sólo la supera Murcia, con 746, según los datos del SEPE.

El Gobierno da la espalda a los parados

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Esta información tardó más de dos meses en gestarse. El primer contacto con la Consejería de Empleo de la Comunidad se produjo antes de la Semana Santa, en marzo. Pero no ha podido completarse hasta la semana anterior a las elecciones del 24 de mayo. La Consejería no ha proporcionado prácticamente ninguna de las informaciones sobre el Plan de Empleo de la Comunidad de Madrid que infoLibre le requirió, tanto por teléfono como por correo electrónico.

Este periódico preguntó a la Consejería por "el contenido y partidas presupuestarias asignadas al Plan de Empleo 2014-2015 de la Comunidad de Madrid, lo que se ha ejecutado y cuáles han sido sus resultados en 2014, así como lo previsto para que se desarrolle en 2015". También se le preguntó por los 3,2 millones que el SEPE concedió a la Comunidad para contratar agencias de colocación privadas. A esta pregunta sí respondió un portavoz, el día 27 de abril, que no se iba a convocar ningún concurso.

La petición se le reiteró a la Consejería por correo electrónico los días 13, 15, 21 y 24 de abril. Este periódico intentó al mismo tiempo contactar por teléfono con ese departamento repetidamente: todos los días, mañana y tarde, durante los meses de abril y mayo. Sin ningún resultado. La única respuesta que se dio a infoLibre fue que no existe un "documento estructurado" del Plan de Empleo y se remitió a la periodista, el día 27 de abril, a las notas de prensa publicadas sobre el tema a lo largo de 2014. Superan la treintena. Una vez rastreados y estudiados los comunicados, las cifras citadas para las diferentes partidas variaban según la nota de prensa. infoLibre intentó de nuevo obtener los datos precisos y correctos. Sin resultado. Otro portavoz, finalmente, atribuyó la falta de información a que la Dirección General de Estrategias y Políticas de Empleo se había quedado recientemente sin responsable.