El alijo por el que se detuvo a un comisario condecorado era una entrega de droga controlada por la fiscalía

La carrera de Juan Carlos Carrión se truncó de forma súbita cuando bajó el pasado marzo de un avión procedente de Bogotá para pasar la Semana Santa en Pontevedra. Con décadas de trabajo en los Grupos de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (Greco) de Galicia e innumerables éxitos policiales a sus espaldas, el inspector jefe y oficial de enlace del Ministerio del Interior en la Embajada de España en Bogotá fue detenido por agentes de Asuntos Internos, acusado de formar parte de una organización criminal dedicada a introducir grandes partidas de cocaína en España procedentes de Sudamérica y de repartirse los beneficios.

Su nombre acaparó titulares y Carrión, condecorado con la Cruz Blanca de la Orden al Mérito del Plan Nacional sobre Drogas en 2018, se vino abajo. Entonces prefirió guardar silencio. Sin embargo, cuando han transcurrido siete meses desde aquel día, la documentación oficial a la que han tenido acceso Narcodiario acredita que la labor del inspector madrileño afincado en Pontevedra no fue otra que la de coordinar a agentes encubiertos para efectuar lo que se denomina “entrega controlada”, tutelada a cada paso tanto en Colombia, por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional de aquel país, como en España, mediante un decreto emitido el 2 de diciembre por la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional.

Una entrega controlada es una técnica policial que consiste en permitir que un alijo de droga circule por el territorio español, o entre y salga de él, “bajo vigilancia, pero sin interferencia de la autoridad”, para descubrir a las personas involucradas en una operación ilegal, así como para “prestar auxilio a autoridades extranjeras en esos mismos fines”, tal y como la define la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El objetivo de Juan Carlos Carrión, uno de los agentes más odiados por los clanes de la droga en Galicia, era detener con las manos en la masa a miembros del Cártel de los Balcanes de nacionalidad albanesa que llevaban tiempo introduciendo cocaína en España a través de contenedores desde distintos puertos de Sudamérica. Para ello recurrió a Pedro Andrés Marqués Ayala, confidente policial en España que fue utilizado como agente encubierto por la policía colombiana, como consta en la documentación de la Fiscalía General de la Nación a la que ha tenido acceso Narcodiario.

Pero, según la investigación de Asuntos Internos y su primera declaración ante la policía, el confidente, que también fue detenido, pretendía además obtener un beneficio económico. En cualquier caso, la entrega controlada se frustró porque los albaneses no mordieron el anzuelo, y no se produjeron detenciones.

La operación vigilada se organizó gracias a informaciones obtenidas en España sobre la organización albanesa, que intentaba abrir una nueva ruta para exportar cocaína a Europa. La Policía Nacional activó los mecanismos legales para ejecutar el procedimiento, que incluía un agente encubierto tutelado por las autoridades colombianas: Pedro Andrés Marqués Ayala firmó un “acta de voluntariedad” para actuar en calidad de tal durante un año y le fue adjudicado un código. También hizo las gestiones oportunas para hacerse con los 111,2 kilos de cocaína que posteriormente tendría que entregar a los albaneses mediante agentes encubiertos en España. En todo momento fue vigilado por policías colombianos, que detallaron en el correspondiente informe –con fotos y capturas de pantalla de sus conversaciones en Whatsapp– los encuentros del confidente con sus suministradores.

También el decreto de la Fiscalía Especial Antidroga española que autorizó la entrega controlada precisa que la cocaína llegaría en un vuelo de Iberia y que esos 111,2 kilos de cocaína estarían metidos en cinco contenedores. La Fiscalía General de la Nación colombiana incluso menciona el número de vuelo y la fecha y hora de salida y de llegada del avión.

Toda la operación se ejecutó, como de costumbre, mediante la Red de Fiscales Iberoamericanos Antidrogas, un esquema de cooperación internacional que lleva años ofreciendo grandes réditos a las autoridades que luchan contra el narcotráfico.

“Con la finalidad de continuar con el trámite de la entrega controlada con agencia encubierta, se pactó dentro de la misma que la Policía Nacional de España enviaría los narcóticos con destino a Madrid”, explica la Fiscalía Antidroga en su escrito, lo que confirma que tenía conocimiento pleno de las actuaciones. “Una vez llegue la remesa ilícita al territorio español, la Policía española realizará la respectiva entrega controlada del alijo a miembros de la organización en este país con la finalidad de hacer las respectivas capturas y desarticular la organización”, abunda el Ministerio Público español.

El confidente se retractó

Sin embargo, esta vez la acción policial se fue al traste. Los narcotraficantes albaneses sospecharon del confidente. Juan Carlos Carrión quería que se hiciese el pago de la cantidad pactada a través de los agentes encubiertos –357.000 euros–, dinero que se incautaría junto a la droga en la operación. El dinero resulta clave en esta clase de procedimientos, para que los narcotraficantes crean que la venta es real. Pero su insistencia en exigir el dinero fue precisamente una de las pruebas de cargo contra Carrión, puesto que Asuntos Internos le atribuía la intención de lucrarse con la entrega controlada. Según su defensa, en cambio, el objetivo del policía no era otro que completar su trabajo con éxito.

De hecho, Pedro Andrés Marqués llegó a amenazar a Juan Carlos Carrión cuando comprobó que el inspector jefe no iba a dar el visto bueno a la entrega sin los 357.000 euros, la cantidad previamente pactada y documentada judicialmente en España y en Colombia como pago por la mercancía.

El confidente y agente encubierto declaró durante seis horas ante la policía nada más ser detenido. Pero el 22 de febrero, ante el juez, se retractó de su testimonio. Dijo que estaba “coaccionado” y que ahora tenía miedo, de acuerdo con los documentos judiciales a los que ha tenido acceso Narcodiario.

Iban tras el inspector jefe de la Udyco en Murcia

En realidad, hasta Juan Carlos Carrión llegó Asuntos Internos cuando investigaba a otro policía, el entonces inspector jefe de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) en Murcia, José Guerrero Alonso. Detenido el pasado mes de febrero, sus compañeros le acusan de proporcionar protección a, entre otros, Pedro Andrés Marqués, a cambio de dinero y regalos. Guerrero y Carrión compartían, pues, confidente.

La causa contra Guerrero Alonso está a cargo del Juzgado de Instrucción número 7 de Murcia, cuyo titular se encuentra a la espera de que Asuntos Internos conteste a las pruebas documentales que ha aportado la defensa de Juan Carlos Carrión, los decretos e informes de las fiscalías colombiana y española que describen al detalle la entrega controlada de la droga. Entonces decidirá si sigue adelante contra el inspector jefe condecorado o archiva el procedimiento.

Entre los documentos remitidos por la defensa de Juan Carlos Carrión al Juzgado de Instrucción murciano se halla un extracto de los oficios presentados ante la Brigada Central de Estupefacientes de la Udyco Central, la unidad de la que depende orgánicamente, donde se relacionan las distintas fases de la entrega controlada.

Así, el 6 de noviembre de 2023, Carrión informaba a la Udyco de que la organización investigada pretendía “introducir nuevas cantidades de estupefaciente en España”, por lo que avanzaba que, para desmantelarla, “se tiene abierta una noticia criminal en Colombia con la previsión de actuación de agente encubierto”. En una siguiente comunicación, el 26 de noviembre, se informaba a la misma Udyco de que se estaban “llevando a cabo las gestiones oportunas con el objetivo de identificar al individuo de origen albano que se trasladó hasta Bogotá […] habiendo solicitado la entrega controlada y participación de agente encubierto”.

Tres días después, la Policía en España recibe la comunicación de que “se han llevado a cabo reuniones en Bogotá que han concluido con la entrega al agente encubierto de 100 kilogramos de sustancia estupefaciente”. El agente encubierto era Marqués Ayala. “Se significa que la organización ha acordado ciertos pagos en España […] un total de 357.000 euros que serían entregados al encubierto autorizado para su entrega”, añade. Ese mismo día se dio traslado de lo actuado a la Fiscalía Antidroga.

La representación legal del policía explica que “por medio de las intervenciones llevadas a cabo en la presente causa se sabía qué cantidades iba a recibir el señor Marqués […], se informó de las mismas cantidades que aparecen referenciadas en las intervenciones e informes de la UAI [Unidad de Asuntos Internos]”.

La defensa de Carrión concluye, además, que “parte de esta información estaba en poder de la UAI con anterioridad a la detención”, y se sorprende de que “no se haya informado nada en el desarrollo de la presente instrucción respecto de dicha entrega controlada, así como de las comunicaciones del señor Carrión con la Udyco”. Por ello, el abogado solicita “la mayor celeridad” a Asuntos Internos para que responda, a fin de cerrar un proceso que “dañó la imagen” de su representado.

Juicio por el alijo de 4.000 kilos de cocaína del 'Karar'

La investigación del juzgado de Murcia ha sido utilizada en varias ocasiones por las defensas de algunos de los principales investigados en otra causa, la del buque MV Karar, 3.800 kilos de cocaína cuya descarga se atribuye a la organización criminal presuntamente liderada por el vilanovés Juan Carlos Santórum.

Ello es así porque fue el grupo de investigación que dirigía Juan Carlos Carrión desde la Comisaría Provincial de Pontevedra el que lideró las investigaciones que acabaron no sólo con la incautación del mayor alijo de los últimos años en dirección a Galicia –contenedores aparte–, en abril de 2020, sino también con la detención de las personas que preparaban la infraestructura criminal para recoger la mercancía ilícita en altamar.

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Las defensas habían pedido la declaración del inspector jefe en la vista oral que estaba prevista para este martes, pese a que Carrión ha presentado informes médicos sobre su estado de salud que la desaconsejan. Por ese motivo, la Sección Cuarta de la Audiencia de Pontevedra ha solicitado una valoración a los médicos forenses.

El juicio por el caso Karar comenzó el pasado abril, se interrumpió en verano y se reanudó el pasado 10 de septiembre. La vista programada para este martes quedó suspendida después de que uno de los 28 acusados rechazase a su abogado.

El fiscal pide para Sántorum una pena de 18 años y medio de prisión y el pago de una multa de 438 millones de euros, y 13 años y medio para el resto de los implicados.