Los bajos tipos de interés amenazan a las pensiones privadas en todo el mundo: recortan prestaciones y suben cuotas

Los ciudadanos ya se han acostumbrado a las intermitentes alertas lanzadas desde organismos internacionales, grupos de presión y gabinetes de expertos sobre los peligros que acechan a las pensiones públicas. En el punto de mira sitúan sobre todo a los sistemas llamados de reparto, como el español, el francés o el alemán. El envejecimiento de la población, la crisis del empleo y los salarios, y los déficits públicos amenazan tanto su sostenibilidad como la suficiencia de las prestaciones que conceden.

Pero no son los únicos en riesgo. El BCE lleva tiempo advirtiendo de que los tipos de interés en mínimos históricos están llevando a los fondos de pensiones a aumentar las inversiones de riesgo para sostener unos retornos que cada vez son menores. Según la patronal Inverco, los planes de pensiones de renta variable han ofrecido una rentabilidad media anual ponderada de sólo el 1,1% en los últimos 20 años, tras descontar los gastos y comisiones. La de todos los planes apenas sube un poco más, al 2,07%.

El BCE calcula en un 36% el peso que alcanza ya la deuda en negativo en los fondos de pensiones. Si se produce una corrección de precios en el mercado, advierte, las pérdidas las asumirán los ahorradores. Y ese riesgo vale lo mismo para los planes privados que para los de empresa, mucho más extendidos en la Unión Europea que en España, o para cualquier sistema que capitalice las cotizaciones de los trabajadores para su jubilación. Es uno de los “efectos secundarios” de la política monetaria seguida por el BCE en los últimos años por los que tanto Christine Lagarde como Luis de Guindos han expresado recientemente su “preocupación”.

Más lejos ha ido el Grupo de los 30, un think tank con sede en Washington que reúne, entre otros, a los ex secretarios del Tesoro de EEUU Timothy Geithner y Larry Summers, así como a responsables de bancos centrales aún en activo, financieros y economistas. El G30 cifra en 1,1 billones de dólares –0,98 billones de euros– el déficit de financiación que sufre en estos momentos el conjunto de los sistemas de pensiones, públicos y privados, de 21 de los principales países del mundo, desde Estados Unidos hasta España pasando por Japón, Suecia o Reino Unido y Alemania. Según sus cálculos, si no se pone ningún remedio, ese agujero se multiplicará hasta los 15,8 billones en 2050.

De forma que el G30 sugiere todo un abanico de medidas para solventar el problema, desde aumentar la edad de jubilación y reducir los costes de gestión de los planes de pensiones hasta crear programas que garanticen un retorno mínimo por las aportaciones realizadas durante la vida laboral. Estos expertos reconocen que en la actualidad los ahorros para la jubilación de los ciudadanos son “rehenes de la coyuntura de los mercados”.

Modélicos, pero no tanto

Países Bajos presumía hasta ahora de disfrutar de un sistema de pensiones modélico. Está basado en tres pilares: una pensión básica estatal igual al salario mínimo, un plan privado obligatorio establecido en cada convenio colectivo y un plan privado individual y voluntario. Permite a los holandeses jubilarse con pensiones equivalentes al 80% de su salario y constituye un potente sector con 1,6 billones de euros en activos. Pero los bajos tipos de interés impiden ahora a los fondos de pensiones y aseguradoras generar rendimientos suficientes para pagar las prestaciones prometidas, por lo que algunos de ellos ya han anunciado que tendrán que recortarlas a partir del próximo año. El Banco Central de los Países Bajos calcula que una caída del 1% en los tipos se traduce en un descenso del 12% en la ratio de coberturaratio entre activos y pasivos de los fondos de pensiones holandeses. Por debajo de una ratio del 90%, los recortes en las pensiones, asegura, serán inevitables. Y el pasado septiembre estaba en el 91%. Según publica Financial Times, la Federación de Pensiones de los Países Bajos, que integra a 197 fondos, calcula que las aportaciones de los trabajadores tendrían que aumentarse hasta en un 30% los próximos años para evitar el colapso.

De momento, casi dos millones de jubilados –el 90% de los holandeses cuenta con un plan de pensiones que le ofrece su empresa– pueden sufrir recortes en su pensión a partir de 2020. Así que en los Países Bajos también llevan meses manifestándose los pensionistas en defensa de sus retribuciones.

En Suecia, que cuenta con un sistema muy elogiado por los expertos partidarios de los mecanismos de capitalización, la Finansinspektionen (FI), la autoridad financiera del país advirtió recientemente de la pérdida de “resiliencia a largo plazo” de sus pensiones como consecuencia de la caída de los tipos de interés. “Un periodo prolongado de tipos bajos puede producir problemas de solvencia y, en el peor escenario, las entidades tendrán dificultades para cumplir sus compromisos futuros de pensiones”, alerta. El sistema sueco suma 485.000 millones de euros en activos.

En Japón la alarma ha sido mucho mayor. El pasado junio un informe de la Agencia de Servicios Financieros cifró en 185.000 dólares –166.000 euros– la cantidad que una pareja media de jubilados necesita para vivir durante 30 años, sin contar con la pensión. Con un salario medio de 35.200 euros al año, los japoneses se ven abocados a no poder vivir dignamente tras retirarse. Sobre todo si se tiene en cuenta que las pensiones de quienes contaban con una educación superior han sufrido ya un descenso del 38% en su cuantía respecto a 20 años atrás. En Japón, todos los trabajadores están obligados a inscribirse en el Plan Nacional de Pensiones y a abonar sus correspondientes cuotas. Además, un 15% de las empresas disponen de sus propios planes de pensiones.

Con una población de casi 127 millones de personas, y una de las esperanzas de vida más altas del planeta, el sistema público de pensiones japonés es el mayor del mundo, con unos activos valorados en 1,5 billones de dólares –1,35 billones de euros–. Los bajos tipos de interés, sin embargo, le han hecho perder un 18% de su valor. Así que el Gobierno ha subido el IVA dos puntos, hasta el 10%, para sostener el sistema, además de permitirle aumentar el porcentaje de deuda extranjera –más rentable que los bonos nipones– en su cartera, que tiene limitado por ley.

Profesores en California y Reino Unido

En Estados Unidos, los fondos amenazados por los bajos tipos son los sostenidos por los Estados y los ayuntamientos, pero también algunos corporativos, como el del gigante General Electric. Es lo que le ha ocurrido al fondo de los profesores estatales de California, CalSTRS, el segundo mayor de los fondos públicos de Estados Unidos tras el de los funcionarios de este mismo estado (CalPERS). El fondo de los profesores tiene un agujero de 100.000 millones de dólares. Para cubrir ese déficit de financiación, las aportaciones de los trabajadores casi se han duplicado desde 2014: del 18% del salario al 35% previsto para 2021. De acuerdo con las cifras publicadas por el Santa Cruz Sentinel, la pensión media que cobra un profesor jubilado en California asciende a 73.920 dólares anuales, aunque unos 15.600 superaban los 100.000 dólares en 2018.

En General Electric las pensiones de su plan de empresa ya han sido congeladas. Es el segundo mayor de Estados Unidos tras el de IBM –que las congeló ya en 2008–: 92.000 millones de dólares. El plan ya no admite nuevos empleados y los actuales no devengarán pensiones futuras. Un total de 20.000 empleados se han visto afectados. Además, la multinacional ha ofrecido a 100.000 de sus trabajadores que hagan efectiva ya su pensión en un solo pago. Con estas medidas pretende reducir el actual déficit de su plan entre 5.000 y 8.000 millones de dólares hasta 2022. Su agujero, no obstante, es muy superior, 22.400 millones de dólares, según Financial Times.

Estados Unidos también comparte con la Unión Europea unos tipos de interés bajo mínimos y la respuesta a los problemas de solvencia de sus enormes planes de pensiones es la misma: subir las aportaciones de los empleados, recortar las prestaciones e invertir en activos con mayor riesgo, como acciones, hedge funds, o activos inmobiliarios.

Otro país con movilizaciones por culpa de unas pensiones amenazadas es el Reino Unido. Los profesores universitarios se han declarado en huelga y echado a la calle. Ya lo hicieron en febrero de 2018. Entonces, en protesta por que les querían cambiar el sistema, de uno de prestación definida a otro de aportación definida. En noviembre de 2019, el detonante fue el anuncio de una subida de las aportaciones hasta el 9,6% del salario, mientras que los sueldos reales han caído un 17% desde 2009. De forma que, según los cálculos de UCU, el sindicato de los profesores universitarios, éstos pagan ahora 40.000 libras –47.000 euros– más en aportaciones, pero el plan, conocido como Universities Superannuation Scheme (USS), abona en prestaciones 240.000 libras menos por culpa de los sucesivos cambios aplicados desde 2011 para mantener la sostenibilidad del sistema. El agujero del USS, que es el mayor de este tipo en el Reino Unido con unos activos de 72.000 millones de libras, alcanza los 6.600 millones. Los gestores del plan culpan de la abultada cifra –el doble de la anunciada en marzo de 2018– a la “reciente volatilidad de los mercados financieros”.

Las protestas en Chile, donde el sistema de capitalización sólo permite pensiones raquíticas por debajo del salario mínimo –358 euros al mes–, han forzado al Gobierno a aprobar una subida del 50% en las prestaciones más bajas –116 euros– para los mayores de 80 años, del 30% para los mayores de 75 y de un 25% para quienes no lleguen a esa edad.

La solidez del sistema bancario europeo, en jaque por la deuda privada derivada del covid-19

Ver más

Tensiones en las pensiones públicas

En Alemania, con un sistema en las antípodas del chileno, no ha hecho falta protestar en la calle. Los dos partidos en el Gobierno, CDU y SPD, han pactado un aumento de las pensiones mínimas del 10%. Claro que la pensión media de los jubilados alemanes es de 1.124 euros al mes. Aunque el 48% no llega a 800 euros. De hecho, hasta un 17% de los pensionistas están en riesgo de pobreza, según el Instituto Alemán para la Investigación Económica. Y el 8%, además, tiene que trabajar, normalmente con un minijob –450 euros al mes–, para llegar a fin de mes. En 2000, eran sólo el 3%.

Mientras, en Francia han perdido fuerza las protestas contra la reforma de las pensiones planeada por Emmanuel Macron, que se prolongaron durante meses. Ampliar a los 64 años la edad para conseguir la pensión completa de jubilación y la desaparición de los 42 regímenes especiales, la propuesta inicial del Gobierno, puso a los sindicatos en pie de guerra. Pese a que el Ejecutivo pretende garantizar una pensión mínima de 1.000 euros y ha anunciado que no aplicará la reforma a los nacidos antes de 1975, el “sistema universal” que busca Macron no ha convencido a casi nadie. En Francia, el gasto público en pensiones equivale a un 14,9% del PIB, casi 2,5 puntos más que en España.