El Banco de España retrasa la recuperación a finales de 2022 y sitúa a las mujeres y a los menores de 35 años como las grandes víctimas

El Banco de España mantiene sus previsiones de una caída del PIB de entre el 9% y el 15,1% este año como consecuencia del covid-19 y avisa de que la profundidad de la crisis probablemente provocará "daños persistentes" en el ya de por sí "modesto" crecimiento potencial de la economía española, al tiempo que apunta a las mujeres y los menores de 35 años como los colectivos de trabajadores más afectados por la crisis.

Así lo señala en su 'Informe Anual de 2019', publicado este martes por el organismo supervisor, en el que el gobernador del institución, Pablo Hernández de Cos, destaca que España ha reclamado con "urgencia" una estrategia de crecimiento "integral ambiciosa y sustentada en amplios consensos". Hernández de Cos explica que España ha entrado en las últimas semanas en una segunda fase respecto al covid-19 en la que la economía "comienza a reactivarse gradualmente", si bien avisa de una incertidumbre "muy elevada" que afectará negativamente a las decisiones de consumo, inversión y a las transacciones económicas internacionales.

Además, considera que para minimizar el riesgo de un rebrote de la enfermedad se exige el mantenimiento durante algún tiempo de determinadas limitaciones y medidas de seguridad sanitaria, y cree que se verán posibles cambios estructurales que podrían derivarse de la pandemia, como una "desglobalización". El director general de Economía y Estadística del Banco de España, Óscar Arce, ha indicado que la magnitud y composición de la respuesta fiscal española contra el covid-19 está "bastante en línea" con la ofrecida por otros países, si bien ha tenido un impacto económico "muy acusado".

Conforme a los indicadores más recientes, el organismo mantiene la previsión de una caída del PIB más intensa en el segundo trimestre, de entre el 16% y el 21,8%, superior al 5,2% del primer trimestre, con un retroceso "significativamente superior" a fases recesivas previas.

A pesar de los progresos en materia de superávit por cuenta corriente o el desapalancamiento de empresas y familias, el informe subraya que la economía presentaba "importantes fuentes de vulnerabilidad" a finales de 2019 que "están condicionando la respuesta a la crisis del Covid-19 y la magnitud de la actual recesión", como el desequilibrio de las cuentas públicas, el elevado paro, la "excesiva" dualidad entre fijos y temporales, el "escaso" alza de productividad o la "relativamente alta" desigualdad.

Aumento del ahorro y recuperación en 2022

El informe explica que todas las partidas de gasto privado habrían presentado caídas "muy significativas" en la primera mitad del año por las restricciones de movilidad y actividad y el deterioro de las perspectivas macroeconómicas y de la confianza de los agentes. Dado que la incertidumbre va a seguir siendo "relativamente alta", Arce teme cierta incidencia en las decisiones de gasto y que se vean durante "algún tiempo" tasas de ahorro superiores, constatando ya cierta acumulación de los depósitos.

No obstante, la institución ve ya cierto repunte del consumo de electricidad y del gasto con tarjetas de crédito, así como una mejora de la movilidad en línea con la desescalada, además de un mayor dinamismo en el gasto en productos alimenticios por el confinamiento, si bien no ha compensado el deterioro en el comercio al por menor. Sus estimaciones sugieren que si la incertidumbre económica se mantuviera en los niveles actuales, el consumo de hogares sería un 3,5% menor a mediados de 2021 que el que se hubiera producido en un escenario de retroceso rápido de la incertidumbre a sus niveles anteriores a la crisis del covid-19. El impacto negativo sobre la inversión empresarial sería aún mayor (27%).

Con estos indicadores, el organismo mantiene su previsión de un retroceso del PIB de entre el 9% y el 15,1% este año y un notable rebote económico en 2021, con un alza de entre el 6,9% y 9,1%. Esta recuperación "solo permitiría retornar a niveles de actividad próximos a los previos a la crisis hacia finales de 2022", añade. Las proyecciones auguran un aumento "muy notable y persistente" de la deuda (hasta entre el 114,5% del PIB y el 126,7% este año y entre el 111,7% y el 129% en 2021) y del déficit públicos (entre el 9,5% y el 14% este año y entre el 7,7% y el 9,1% el próximo), así como del paro (entre el 18,1% y el 23,6% este año y entre el 18,4% y el 24,7% en 2021).

Caída especialmente acusada en los trabajadores temporales

En cuanto al empleo, alerta de que el impacto de la crisis sobre esta variable está siendo "particularmente acusado", ya que a la reducción de afiliación a la Seguridad Social (752.000 personas a finales de mayo) se suman los 3 millones de afectados por ERTE y 1,4 millones de autónomos en cese temporal de actividad.

Como es habitual, explica, la mayor parte del ajuste está recayendo sobre los trabajadores temporales. De hecho, los asalariados temporales representan el 77,2% del descenso total en la afiliación registrado desde el comienzo de esta crisis, y el ajuste del empleo tiene una incidencia "muy heterogénea" por sectores, siendo más negativa en los servicios que en las manufacturas o en el sector primario.

Mujeres y menores de 35: los grandes afectados

En este sentido, el Banco de España avisa de que las mujeres y los menores de 35 años están sobrerrepresentados en las "industrias sociales", las más afectadas por el confinamiento (hostelería, comercio, educación, actividades artísticas y recreativas).

En detalle, estas industrias ocupan al 44% de las mujeres y al 48% de los menores de 35 años. Estos grupos tienen rentas del empleo inferiores a las del resto de trabajadores, si bien no siempre viven en los hogares con menores rentas, puesto que no siempre son los principales perceptores de renta en sus hogares (35%) en comparación a los de industrias regulares (43%), a diferencia de la anterior crisis. Los hogares de los trabajadores más afectados tienen menos activos financieros como porcentaje de su renta anual y una menor riqueza neta que el resto de hogares, factores que pueden haber intensificado la reducción del gasto durante la pandemia.

El MEDE, "sustancialmente ventajoso"

Por ello, Hernández de Cos demanda a corto plazo no precipitar la retirada de las medidas aprobadas, sino mantener la política de estímulo fiscal, con la extensión de los ERTE ya aprobada y medidas para el mantenimiento de las rentas como el subsidio de fijos discontinuos, así como diseñar y comunicar ya una estrategia de consolidación fiscal para generar confianza, a implementar cuando llegue la recuperación, junto a una agenda de reformas en ámbitos como el laboral, educación, capital humano y tecnológico y aumento de productividad.

A nivel europeo, Arce valora la propuesta europea, pero le habría gustado "un poquito más de ambición", así como avanzar en una "auténtica unión fiscal genuina", al tiempo que ha avisado del "riesgo" de que los 740.000 millones previstos para el fondo de reconstrucción se reduzcan a propuesta de otros países.

Por último, sobre la conveniencia de recurrir al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), Arce cree que hay que valorar la opción como algo "absolutamente positivo", porque podría ser "sustancialmente ventajoso" respecto a las condiciones de financiación de los mercados, por lo que si eso se diese, cree que se aconsejaría acudir al mismo. "En ocasiones se comete el error de estigmatizar el acceso a recursos europeos cuando por otro lado insistimos en que hay que poner más recursos", ha lamentado Arce, quien cree que la condicionalidad de este mecanismo sería "realmente genérica y laxa" al estar vinculada a acciones dirigidas a mitigar los impactos de la pandemia.

"Vigilar estrechamente" el "útil" ingreso mínimo vital

La entidad cree que el ingreso mínimo vital (IMV) aprobado recientemente por el Gobierno puede ser útil para reducir el nivel de pobreza extrema de colectivos con dificultades estructurales especiales, pero estima conveniente "vigilar estrechamente" la posibilidad de que este instrumento, al ser una transferencia permanente, pueda acabar provocando "algunos efectos indeseados". Hernández de Cos ha avisado que se inicia la actual crisis "con más desigualdad que la anterior" y ve "muy probable" que la actual crisis aumente aún más dicha desiguldad ya que está afectando en mayor medida a los colectivos con rentas relativamente bajas.

Por ello, sostiene que medidas como el ingreso mínimo junto con una agenda de reformas estructurales "ambiciosa" para el empleo y la productividad podrían corregir el impacto social de la crisis. No obstante, avisa de posibles efectos no deseados en el ingreso mínimo vital, entre los que menciona la capacidad futura de los beneficiarios de generar ingresos o un posible desplazamiento de algunas actividades económicas a la economía sumergida. En este sentido, estima necesario evaluar la efectividad de algunas de las medidas previstas en el IMV, como el mantenimiento temporal de al menos una parte de la cuantía subsidiada cuando el beneficiario encuentra trabajo.

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En su último informe anual, la institución aboga por que el IMV se acompañe de un seguimiento "continuo y riguroso" de su funcionamiento, de su coste y del grado de consecución de los objetivos perseguidos. Así, considera que hay que analizar si se solapa con otras ayudas ya dispuestas a escala central, regional y local, y precisar si los requisitos de elegibilidad establecidos en el diseño actual, como los relativos a la necesidad de estar registrado en el Servicio Público de Empleo Estatal, excluyen de la ayuda a algunos colectivos vulnerables, o si otros requisitos "pueden recalibrarse" para proporcionar "una imagen más fiel del verdadero grado de necesidad de los beneficiarios".

En este punto, señala que, en lo que respecta a los umbrales al patrimonio establecidos, "posiblemente" debería incluirse algún tipo de requisito de información acerca del nivel de endeudamiento del solicitante. En todo caso, la institución que gobierna Pablo Hernández de Cos avisa de que el IMV no suple el papel de otras herramientas que pueden actuar como estabilizadores automáticos y amortiguar, con carácter general, las perturbaciones negativas de renta de los hogares.

"En situaciones de crisis como la actual, es probable que haya colectivos afectados muy negativamente, pero que no satisfagan las condiciones de acceso al IMV. Por ejemplo, para aquellos desempleados que vayan agotando los subsidios de desempleo, pero que no cumplan los requisitos para acceder al IMV, podría ser necesario aprobar extensiones adicionales de estos estabilizadores automáticos, con la posibilidad de permitir una cierta compatibilidad con el trabajo durante los primeros meses después de haberlo recuperado", explica.