Bañez propone pagar las tarifas planas de contratos con impuestos y no con cotizaciones

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha afirmado este martes en la Comisión del Pacto de Toledo que el Gobierno está dispuesto a convertir la reducción de cotizaciones en bonificaciones para aliviar las cuentas de la Seguridad Social, ya que esto permitiría ingresar al sistema unos 1.900 millones de euros.

Las reducciones de cotizaciones a la Seguridad Social o tarifas planas se financian con cargo al Presupuesto de la Seguridad Social, por lo que el sistema pierde ingresos por esta vía, mientras que las bonificaciones son soportadas por el Estado a través del presupuesto del Servicio Público de Empleo (SEPE). Si las reducciones pasan a convertirse en bonificaciones, el importe de las mismas lo financiaría el Estado a través del SEPE y éste se ingresaría en la caja de la Seguridad Social.

Durante su comparecencia, la ministra ha señalado que se debe avanzar en la separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social sin que ello signifique cambiar la naturaleza jurídica de las prestaciones, y reforzar la distribución equitativa del esfuerzo contributivo entre regímenes.

Junto a estas dos líneas en las que debería trabajar la Comisión del Pacto de Toledo, Báñez ha señalado que otro elemento fundamental debe ser el de priorizar la lucha contra el fraude, pues ello redundaría en mayores ingresos.

Todas estas medidas, ha avanzado Báñez, "deberán ser "equilibradas" para evitar "efectos indeseados en el mercado laboral o en el tejido productivo". Asimismo, la ministra ha pedido a los partidos "amplitud de miras" y entrar en el debate "sin prejuicios ni oposiciones predeterminadas".

La ministra ha apostado por "reforzar el modelo vigente y no alterar ni modificar los pilares fundamentales" del sistema público de pensiones en las nuevas recomendaciones que deberá renovar el Pacto de Toledo y las reformas que impulse el Ejecutivo en esta materia.

Báñez ha calificado de "fundamental disponer de un acuerdo sobre financiación y sostenibilidad futura de las pensiones" y ha pedido a la Comisión renovar sus recomendaciones atendiendo a una serie de criterios.

Concretamente, ha pedido atender a los nuevos modelos de gestión y organización, las nuevas formas de trabajo, las transformaciones demográficas que, ha dicho, se han producido en el país durante los últimos años, la transparencia y los nuevos requerimientos de flexibilidad. "Adaptar a la realidad, incluso diseñar realidades nuevas", ha anticipado la ministra.

Asimismo, ha achacado el "parón" en la actividad de la Comisión a los periodos electorales y a la falta de un Gobierno plenamente en funciones durante casi un año, algo que han recriminado los grupos de la oposición durante sus intervenciones posteriores.

"Retomada la iniciativa política", ha apostillado Báñez, el Gobierno "se pone a disposición del Parlamento para contribuir con información y asesoramiento" a los trabajos que acometerán los partidos durante estos meses.

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La ministra ha llegado a calificar de "misión del Gobierno" garantizar "la suficiencia y sostenibilidad en el tiempo" del sistema público de pensiones  –"el corazón del Estado del Bienestar junto con la asistencia sanitaria", ha valorado–.

Durante su intervención, Báñez ha defendido que durante estos años el Gobierno "ha buscado siempre la sostenibilidad financiera del sistema", y que las reformas llevadas a cabo por el Ejecutivo en la Seguridad Social se han hecho "de acuerdo a las recomendaciones del Pacto de Toledo".

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