La ley de bomberos forestales pondrá orden en un sector en el que no hay cifras de siniestros laborales
El Consejo de Ministros volvió a poner en marcha este martes el contador para sacar adelante la ley de bomberos forestales que desde hace años reclama el sector. En 2023 la norma se quedó a las puertas de su aprobación por el adelanto electoral, pero ahora se espera que entre en vigor este verano. La norma hará homogénea en toda España la figura del bombero forestal ante el caos que tiene la profesión debido a que cada comunidad autónoma regula este trabajo de manera diferente. Uno de los principales problemas que tienen es que hay hasta once categorías diferentes para denominar a un bombero forestal, por lo que no hay un control nacional de este oficio. Ni siquiera se conoce el número de profesionales que hay en el país, ni cuántos sufren bajas laborales o fallecen en los incendios.
"Podría ser más ambiciosa, pero la prioridad es sacar la ley adelante. Necesitamos un reconocimiento claro de nuestras enfermedades profesionales y una jubilación anticipada", reclama Marcos Gómez, vicepresidente de la Asociación de Trabajadores de las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (ATBRIF). "Tenemos una ropa que se ha demostrado que es tóxica, lesiones de rodillas, tobillo, hernias discales… y necesitamos un marco normativo para todas las comunidades autónomas", añade.
Tras su paso por el Consejo de Ministros, la ley irá al Congreso, y la titular de Transición Ecológica, Teresa Ribera, espera que esté aprobada antes de verano, o después como tarde. La ministra afirmó este martes que proteger la profesión es indispensable en un escenario de sequía y altas temperaturas, donde los incendios son cada vez más tempranos y más agresivos. "Hay que estar preparados los 365 días porque los incendios ya no afectan solo en verano en zonas sensibles, sino que son más frecuentes a lo largo del año", apuntó Ribera.
El sector critica que cada vez tiene más trabajo y más responsabilidades debido al cambio climático y el abandono rural. Los portavoces forestales argumentan que, aunque su trabajo es apagar fuegos y prevenir incendios, dan apoyo cuando se producen riadas, nevadas, vendavales, y que fueron esenciales en zonas aisladas durante la pandemia. Gómez afirma que hacen "un 200% más de actuaciones que un bombero urbano", pero no tienen las mismas condiciones de jubilación ni de reconocimiento de enfermedades laborales.
Las competencias sobre esta profesión están transferidas a las comunidades autónomas, pero el Gobierno prepara una ley marco para que haya unas condiciones básicas en todo el país porque el descontrol es absoluto. Hay autonomías que contratan a sus forestales, mientras que otras dependen de empresas privadas. En unos lugares trabajan más horas y en otras menos. En algunas comunidades solo actúan en verano, y en otras los 365 días. La peor parte es que en unas regiones se les considera peones agrícolas o de caza, en otras bomberos forestales, e incluso llegan a estar contratados como agentes de jardinería.
Ese abanico ni siquiera es legal, según denuncian, ya que desde 2011 la Clasificación Nacional de Ocupaciones de la Seguridad Social recoge el oficio de bombero forestal, pero no se respeta. Ángel Rubio, responsable de Bomberos Forestales en el sindicato UGT, explica que esta situación deja desamparados a los profesionales porque no pueden reclamar a las mutuas sanitarias. "Ni siquiera sabemos la tasa de accidentalidad y mortalidad que tenemos porque el Ministerio de Trabajo nos mete en el subgrupo agrario, junto a trabajadores forestales y madereros", señala Gómez.
El único conteo parecido lo da Protección Civil sobre víctimas y heridos en incendios, y la última muerte se registró en Zamora en 2022. En 2023, con datos hasta septiembre, hubo cuatro bomberos forestales heridos y otros 13 bomberos urbanos. Sin embargo, son cifras superficiales que no incluyen las enfermedades profesionales o las lesiones en el día a día. Tampoco hay un registro del número de bomberos forestales en España. Se estima que hay unos 20.000, de los que 600 pertenecen a las BRIF, el cuerpo del Ministerio de Transición Ecológica que da apoyo cuando las comunidades autónomas necesitan ayuda.
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La norma, una vez entre en vigor, obligará a las autonomías en un plazo de un año a contratar a estos trabajadores como bomberos forestales en caso de que no lo sean, y aquellas que subcontraten no podrán firmar con empresas agrícolas o de jardinería, sino con especializadas en emergencias. La ley también introducirá en la profesión los coeficientes reductores que ya tienen los bomberos convencionales para adelantar la jubilación, aunque nunca ocurrirá antes de los 59 años. "Esto era prioritario porque a partir de los 60 años está más que demostrado que aumenta el riesgo de infarto en primera línea. En el incendio de Zamora de 2022 murió un compañero de 63, y es intolerable", afirma Ángel Rubio.
Otro cambio que introduce la ley es que recomienda a las administraciones "impulsar el reconocimiento de peligrosidad, esfuerzo físico y toxicidad" a la hora de contratar a estas cuadrillas. Es decir, que anima a una subida salarial por tratarse de un oficio de riesgo. Precisamente en dos semanas comienza la negociación entre la BRIF y Transición Ecológica para su contrato durante los próximos cuatro años, y creen que la nueva norma, aunque no esté en vigor, ayudará a una subida de sueldos.
Los portavoces consultados coinciden en que en los últimos años la profesión ha mejorado poco a poco, y que hay autonomías que hacen mejor las cosas. Hay ocho que tienen reconocida a la profesión perfectamente: Galicia, La Rioja, Cantabria, Valencia, Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia. Mientras que las peores son Castilla y León, Aragón, Madrid y Canarias, que no reconocen a los bomberos forestales. El resto tienen a estos trabajadores integrados en el cuerpo de bomberos.
