El cambio en la cotización del tiempo parcial tendrá un coste de 1.900 millones

El secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, ha avanzado que el cambio en el sistema de cotizaciones en el trabajo a tiempo parcial, a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional que declaraba nulo el actual, podría suponer un coste anual de 1.900 millones al año para el sistema.

En su comparecencia ante la Comisión del Pacto de Toledo, Burgos ha indicado que, a la espera de que fruto del Diálogo Social se disponga de un nuevo sistema más justo y equitativo, y en tanto que el Constitucional no plantea alternativas, el Gobierno "se ve obligado a aplicar" en medio del actual vacío legal un sistema transitorio en el que se contabilizará un día cotizado por un día trabajado.

Si bien ha avanzado que, en el caso de las reclamaciones de prestaciones desde 1995, puesto que la sentencia del Constitucional tiene efecto retroactivo, se va a producir una situación de "inseguridad jurídica", puesto que corresponderá a los órganos judiciales determinar la normativa que debe aplicarse. Al respecto, Burgos ha vaticinado "dispares interpretaciones para colmar esta laguna legal".

Con estas consideraciones previas, el secretario de Estado de Seguridad Social ha calculado que si se aplicara el sistema transitorio de día trabajado por día cotizado, las reclamaciones pendientes para el reconocimiento de prestaciones –unas 50.000 por pensiones de jubilación y otras 32.000 por subsidios– derivarían en un coste de 1.500 millones, a los que habría que añadir 100 millones más al año hasta que estas personas fallecieran. Además, a estas cuantías sería preciso sumar las nuevas altas. Todo ello, según el Ministerio de Empleo, conllevaría esa estimación de 1.900 millones adicionales cada año.

Por ello, el secretario de Estado de Seguridad Social ha concretado posteriormente ante los medios que el Gobierno se está planteando retrasar al máximo el plazo legal de reconocimiento de las prestaciones, que podría alargarlo a tres meses o incluso, "forzando la máquina", a ocho meses, cuando actualmente algunas se reconocen en muy pocos días.

Según ha dicho, existe "un margen de maniobra que puede ser útil para no causar al sistema más lesión económica de la que ya de por si puede verse obligado a afrontar". "Resolveremos los subsidios que no requieren demasiada complejidad administrativa, pero en el tema de las pensiones, como habría que retrotraerse a contratos de décadas, de los que ya no se disponen, quizá la solución más lógica sería agotar ese plazo buscando mientras tanto una solución definitiva", ha añadido.

En cualquier caso, ha confiado en que la resolución de esta cuestión será "rápida" y no será necesario agotar todo estos periodos.

Niveles de protección

Así, Burgos ha llamado a acelerar los trabajos para que "a la tercera sea la vencida", tras dos sentencias en contra del actual sistema, la segunda de ellas del Tribunal Constitucional. "No se puede volver a fallar", ha dicho.

Y es que, según ha explicado, el sistema transitorio en las nuevas altas también guarda inequidades. Como ejemplo, ha indicado que un trabajador a tiempo completo que cotice por la base mínima (641,3 euros) verá reconocida un pensión de 618 euros mensuales, el 96,5% de su salario mínimo, mientras que un trabajador a tiempo parcial obtendría el 240% de su retribución media.

Nuevas discriminaciones

Por ello, ha recordado que la aplicación de un sistema de día cotizado por día trabajado será "especialmente lesivo" para los trabajadores que acumulan su trabajo a tiempo parcial en el fin de semana o en otros periodos concretos, ya que contabilizarían a la larga muchos menos cotizados.

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De esta forma, Burgos ha vuelto a insistir en que hay que evitar que la revisión de este sistema de cotización no derive en otro aún más injusto. "La ampliación de los derechos de unos no puede llevar a la injusticia para otros", ha añadido.

El responsable de la Seguridad Social ha anticipado que esta tarde se celebrará una nueva reunión con los agentes sociales para abordar estas cuestiones, con la vocación de "adecuar los niveles de protección del tiempo parcial no incluya despropósitos que terminen por desajustar completamente el sistema, abriendo nuevas discriminaciones y dejando en nada los principios de contributividad y equidad básicos".

Según Burgos, el acuerdo entre Gobierno y agentes políticos y sociales debería permitir, además, dar cobertura adecuada a todas las personas que realizan una actividad laboral o profesional, dotar de mayores niveles de sostenibilidad y viabilidad al sistema de prestaciones económicas y evitar situaciones fraudulentas o irregulares, así como la desincentivación de la cotización al sistema de la Seguridad Social.