La cocaína gallega financia la extracción ilegal de oro en Sudamérica

La pericia de un agente de los Greco (Grupos de Respuesta Especial para el Crimen Organizado) de Pontevedra permitió a la Policía Nacional y al Servicio de Vigilancia Aduanera poner fin en diciembre de 2023 a una ruta de la cocaína que, según sospechan los investigadores, llevaba tiempo sirviendo grandes alijos a la mafia albanesa en cargamentos de pescado congelado procedente de Ecuador. Las autoridades intervinieron 7.500 kilos de droga ocultos entre lomos de atún congelado, una técnica que elude los escaneos de rayos X y que sólo puede ser descubierta si se retira el género, como ocurrió en aquel momento.

Meses más tarde, Narcodiario contaba en exclusiva en España la detención en Sudamérica de varias personas presuntamente relacionadas con el envío de un cargamento que sigue siendo el mayor jamás incautado en la historia de Galicia en una sola operación. Entre ellas se encontraba un objetivo de alta prioridad (HVT por sus siglas en inglés), conocido como Carlitos. También fueron capturados el exjefe de la Policía Judicial de Guayaquil (Ecuador) y un capitán de la Armada ecuatoriana, además de varios individuos más que fueron sometidos a una minuciosa investigación.

Así es como se supo que este grupo de ecuatorianos es la pieza clave para entender la forma en que la explotación de oro se ha convertido en el mejor negocio para el lavado de dinero procedente del narcotráfico. Los involucrados están relacionados con la compañía Goldenminerals SA, que tiene un contrato de operación con la minera Cerro Azul. Lo destapó una investigación de la Red Investigativa Transfronteriza del medio peruano OjoPúblico, socio de Narcodiario, y el ecuatoriano Código Vidrio. Como telón de fondo, los cambios geopolíticos mundiales que han desequilibrado la balanza: si hace una década el precio del oro era en muchos lugares equivalente al de la cocaína, hoy el metal precioso cuesta, de media, tres veces más que el polvo blanco sudamericano.

Los estrechos nexos entre el narcotráfico y la minería ilegal de oro quedaron expuestos en diciembre de 2024 con las detenciones en Ecuador de las personas que enviaban la cocaína hacia España. Ahora, una serie de documentos oficiales y financieros analizados para esta investigación revelan cómo este grupo de personas fundaron y administraron una firma minera dedicada a la explotación de oro con el fin de lavar su dinero procedente del tráfico de drogas.

Las autoridades sostienen que esta organización criminal, integrada por empresarios, policías en segunda actividad y un militar en servicio activo, utilizó compañías mineras legalmente constituidas, dedicadas a la explotación y comercialización de oro, para lavar el dinero proveniente del negocio de la cocaína. La información oficial y financiera recabada en este reportaje, así como la investigación fiscal, apuntan a Goldenminerals SA.

Agentes de la Policía española y oficiales de inteligencia antidrogas de Ecuador señalan que, en este caso, los principales financiadores del tráfico de cocaína hacia Europa son grupos vinculados a la mafia albanesa que cuentan con el apoyo logístico de la organización criminal Los Lobos y otras bandas pequeñas en Sudamérica y, supuestamente, con la colaboración, directa o indirecta, de un ciudadano español, Bautista S., y otras personas vinculadas a él, encargados de dar cobertura a las entradas de droga en Galicia.

Según la investigación fiscal, a la cabeza de la organización estaba Carlos Eduardo Zambrano Montesdeoca (alias Carlitos), empresario inmobiliario con antecedentes en tráfico de drogas. La persona encargada de las operaciones logísticas era su esposa, María Auxiliadora Montesdeoca García. En 2023, Carlos Zambrano fundó la compañía Inmoalta Inmobiliaria en Guayaquil, además de las empresas Inversiones Monar, en 1998, y Latexcol, en 2004. La Policía también identifica como socios de Zambrano al coronel de la Policía Julio César Miño del Hierro, exjefe de la Policía Judicial de Guayaquil; a Galo Manuel Litardo García, capitán de corbeta en servicio activo de la Marina; así como a Geovanny Javier Cruz Morales, Laureano Leonel Alvear Rosero, José Luis Bersoza Cóndolo (alias Pollos) y a Édison Andrés Espín Vallejo.

Empresa gallega

Las autoridades sostienen que estos últimos eran los encargados de las transacciones financieras y de las operaciones de lavado para la extracción de oro, entre otras actividades. La información judicial señala que entre 2020 y 2024 estas personas tuvieron enormes ingresos económicos que no pudieron justificar, lo que encaja con las sospechas de la Policía española, que sitúa a Mare Azzurro SL, la empresa gallega de Bautista S., como posible tapadera de entradas de cocaína desde años atrás, si bien no pudieron echarle el guante hasta el alijo aprehendido en diciembre de 2023.

Un alto oficial de la Policía ecuatoriana explica que Carlos Zambrano se encargaba de la coordinación y reclutamiento de operadores claves, de alto perfil, en la Justicia, la Policía y en las Fuerzas Armadas del país andino. Según las mismas investigaciones, fue él quien contactó al coronel Julio César Miño y al capitán de corbeta de la Armada, Galo Litardo. Él era también quien definía dónde se debía invertir el dinero. Uno de estos negocios era la minería de oro.

Una de las claves de este negocio radica en el precio que alcanza este año el kilo del metal precioso, próximo a los 90.000 euros, supera con creces el que se paga hoy por la cocaína.

Las pesquisas señalan que el coronel Miño obtenía información de la Policía para que sus socios evitaran los controles en los puertos, mientras que el oficial de la Armada accedía a datos sobre los patrullajes en los puntos costeros. Cuando estaba en activo, Miño trabajó para unidades de inteligencia antidrogas y contra el crimen organizado en 2006 y 2008. Luego fue comandante en la ciudad portuaria de Manta, un territorio de elevada actividad asociada al narcotráfico. Fue en este último lugar, donde, según un oficial, empezó a ser contactado por grupos criminales.

Sin concesiones mineras

Desde diciembre del 2024, Ojo Público y Código Vidrio han accedido a información fiscal y financiera que les ha permitido identificar la conexión entre los investigados y su red de empresas, sus accionistas y la explotación minera de oro.

Cuatro de los detenidos son accionistas o administradores de Goldenminerals SA, una compañía minera constituida en 2018 en la ciudad de Machala, donde se encuentra el segundo puerto más importante de Ecuador. Las personas que aparecen como accionistas y administradores de la empresa son Geovanny Cruz Morales, Laureano Alvear, José Luis Bersoza y Édison Espín. Según publica en su web la Superintendencia de Bancos ecuatoriana, la empresa está activa y hasta 2022 era administrada por Melida Biteri y Alisson Bastidas. Ese año fue adquirida por Cruz Morales, quien también es dueño de Golden Security Import, Cruzautocenter, Importadora Morales y Perfectly Models.

En esas y otras empresas también aparecen como socios y administradores Espín, Alvear y Bersoza, quien además es dueño de Avícola Rioblanco, dedicada a la crianza y reproducción de ganado. Esta avícola reporta activos por 327.000 dólares (312.486 euros) y, según la investigación fiscal, también era usada para lavar dinero.

Pero gran parte de las sospechas se enfocan en el papel de Goldenminerals SA. En su último informe económico, el de 2023, la empresa reportó activos por 209.000 dólares (277.127 euros). La empresa no tiene ninguna concesión minera, pero sí posee un contrato de operación con Cerro Azul, también llamada Miderzul, que tiene la concesión La Boya, ubicada en el cantón Camilo Ponce Enríquez, en Azuay. Es decir, Goldenminerals SA extraía oro de la concesión de Cerro Azul, y a cambio, como parte del contrato, pagaba un porcentaje del material extraído. Esta modalidad de explotación del mineral “es ideal para el lavado de dinero”, advierte un oficial de Inteligencia que investiga las conexiones criminales de la minería, porque “no son acciones reguladas o debidamente controladas”, asegura.

Minería ilegal donde operan Los Lobos y el Tren de Aragua

7.500 kilos de cocaína ocultos entre pescado: así localizó un policía el mayor alijo de la historia de Galicia

Ver más

Desde hace tres años el cantón Ponce Enríquez es el centro de la minería ilegal en Ecuador. Allí operan Los Lobos y otros grupos delictivos, como el venezolano Tren de Aragua. Estas organizaciones son, a su vez, parte de estructuras criminales más grandes que controlan toda la cadena de producción del oro, desde la explotación del mineral hasta su procesamiento y fundición en las plantas de beneficio ubicadas principalmente en Ponce Enríquez y Portovelo. Y de ahí, una vez convertidas en lingotes, son exportados vía aérea o marítima.

Los informes de la Inteligencia ecuatoriana señalan que el ensamblaje de Goldenminerals SA puede haber sido montado por decenas de operadores desde 2019, con la complicidad de las autoridades de las agencias de control y del Ministerio de Energía y Minas de Ecuador.

Un alto funcionario del Gobierno de ese país que investiga el caso señala que esta estructura tenía el apoyo de funcionarios locales que elaboraron normas y reglamentos para facilitar este tipo de inversiones con dinero del narcotráfico y luego facilitar la comercialización del oro como si procediera de la pequeña minería. En la cúspide de la pirámide están los grandes cárteles y, en el escalón más bajo, algunos clanes familiares locales.