El Estado comprará hasta un 10% de Telefónica tras el visto bueno del Gobierno
El Consejo de Ministros ha acordado este martes ordenar a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) que adquiera hasta un 10% del capital de Telefónica, lo que convertiría al Estado en el primer accionista de la operadora de telecomunicaciones 26 años después de su salida.
Según ha notificado la empresa pública a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la Sepi procederá "a llevar a cabo los trámites y actuaciones que permitan poner el marcha el proceso para, minimizando su impacto en la cotización, completar la adquisición del volumen de acciones necesario".
Esa participación del 10% de la compañía de telecomunicaciones equivaldría a 2.050 millones de euros, dado que su capitalización asciende en la actualidad a 20.500 millones.
Además, supondrá la vuelta del Estado a Telefónica, que se privatizó totalmente en 1997 con el gobierno de José María Aznar.
Según la empresa pública, su participación, que tiene "vocación de permanencia", permitirá a Telefónica "una mayor estabilidad accionarial para que la compañía alcance sus objetivos y, por ende, contribuirá a la salvaguarda de sus capacidades estratégicas".
La decisión del Gobierno llega después de que la empresa de telecomunicaciones saudí STC Group anunciara el pasado mes de septiembre que había adquirido una participación del 9,9% de Telefónica por 2.100 millones de euros.
Hasta la entrada de la teleco saudí, el banco español BBVA era el primer accionista de Telefónica, con un 4,87%; seguido del fondo estadounidense BlackRock, con un 4,48%; y la entidad financiera Caixabank, con un 3,5% directo, aunque Criteria, el grupo que gestiona las participaciones empresariales de la Fundación La Caixa, cuenta con otro 2,53%.
Tras conocerse la noticia, la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha señalado en los pasillos del Senado que la decisión del Ejecutivo va en la línea de otros países europeos, como Francia y Alemania, "que tienen o incluso están incrementando su participación pública en los grandes operadores estratégicos de telecomunicaciones".
En este sentido, el Ministerio de Hacienda ha concretado que Alemania ostenta un 13,8% del capital de Deutsche Telekom, Francia dispone de un 13,4% de Orange e Italia adoptó en agosto de 2023 un acuerdo para incrementar hasta el 20% su participación en la compañía que agrupa los activos de telefonía fija de Telecom Italia.
Calviño ha añadido, además, que Telefónica es "la empresa más estratégica" de España, no solo por su presencia en las infraestructuras de telecomunicaciones y en el ámbito de la innovación tecnológica, sino también "por su peso en el ámbito de la seguridad y la defensa". "Es una decisión que tiene por objeto dar estabilidad para que la empresa pueda lograr sus objetivos estratégicos", ha sentenciado.
La Sepi analizaba la operación desde octubre
La Sepi ya confirmó el pasado mes de octubre a la CNMV que analizaba una eventual adquisición de una participación accionarial en Telefónica, aunque entonces destacaba que no tenía una decisión tomada.
Concretamente, la sociedad venía "monitorizando" la situación de la principal "teleco" española y estaba llevando a cabo "un análisis exploratorio interno relativo a una eventual adquisición de una participación accionarial en dicha compañía".
STC Group comunicó a principios de septiembre su entrada en el accionariado de Telefónica, donde esperaba controlar un 9,9% mediante la adquisición del 4,9% en acciones y un 5% en productos financieros derivados, que ejecutará para convertir en acciones una vez obtenidas las autorizaciones pertinentes. La adquisición por parte del grupo saudí de esa participación, valorada en 2.100 millones de euros, requiere del visto bueno del Ministerio de Defensa por su condición de empresa estratégica.
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El Estado no tenía ninguna participación en Telefónica desde 1997, cuando el Gobierno de José María Aznar completó la privatización que ya había iniciado dos años antes el Ejecutivo socialista de Felipe González.
Telefónica fue nacionalizada en 1945, cuando quedó en manos públicas el 79,6% de su capital, aunque la participación estatal bajó hasta el 35,34% al término de la dictadura debido a varias ampliaciones.
Después de que en 1993 la Comisión Europa (CE) acordara la liberalización del sector de las telecomunicaciones, el Gobierno de Felipe González decidió vender un 10,7%, por lo que el Estado conservó un 21,3%, del que se deshizo en 1997. Ahora, 26 años después, el Estado entrará en su capital como accionista mayoritario.
