Un control sobre los precios, clave para que el bono del alquiler no acabe en manos del casero

El anuncio realizado el martes por Pedro Sánchez de crear un bono joven de vivienda, que en la práctica será una ayuda directa de hasta 250 euros mensuales durante dos años para personas entre 18 y 35 años con ingresos menores a 23.725 euros al año, ha provocado una cascada de reacciones. La medida, que se presentó tras conocerse el acuerdo que desbloquea la futura ley de vivienda y los Presupuestos Generales, recibió críticas por parte de la derecha y la patronal por "populista" o porque terminaría repercutiendo en el precio de los alquileres, y no faltaron quienes aseguraron que una iniciativa cuasi idéntica con José Luis Rodríguez Zapatero –la renta básica de emancipación (RBE)– fracasó estrepitosamente. 

"No está demostrado que subieran los alquileres por el impacto directo de la renta básica", asegura uno de los expertos que diseñaron esta ayuda junto a la entonces ministra de Vivienda, Carme Chacón, el economista y expresidente de la extinta Sociedad Pública de Alquiler (SPA), Alejandro Inurrieta. La hemeroteca tampoco arroja ninguna evidencia de tal incremento. Cuando se diseñó, en 2007, solo el 14% de los españoles vivía del alquiler frente al 26% actual según Fotocasa, por lo que el mercado del arrendamiento estaba menos caliente. 

"Pero hay un problema real", subraya Inurrieta, "y es que ya sabemos que muchas comunidades autónomas del PP van a hacer objeción y no van a recurrir a la ley para fijar precios máximos en zonas tensionadas. Y un control de precios es clave para el éxito del bono. Yo, de hecho, lo extendería a todos los propietarios, no solo a los grandes". Su opinión es compartida por el profesor de la Universidad Carlos III y economista Juan Laborda.

"Las ayudas o subvenciones al alquiler solo tienen sentido si se dan a las autonomías que se hayan declarado zonas de mercado de la vivienda tensionadas y establecido un límite de precios", indica el director del Gabinete Técnico de Comisiones Obreras, Carlos Martín Urriza. "Entonces sí, entonces sería una manera de asegurarse que el Estado no subvenciona al casero, algo que ya sucedía con la desgravación del IRPF por la compra de una vivienda: esa bonificación terminaba incluida en el precio en la época del boom". La desgravación fue progresivamente eliminada por el Gobierno de Zapatero a partir de 2009. Mariano Rajoy hizo un amago de recuperarla nada más llegar al poder, pero abandonó enseguida la idea presionado por la Troika. 

"A mí el bono me parece poco trascendente", opina el ex presidente del Banco Hipotecario Julio Rodríguez. "Algo similar funciona en muchas partes de Estados Unidos. Ayuda, pero no es relevante, y puede acabar con el propietario subiendo el importe del contrato". "El bono tiene que ir acompañado de una ley de vivienda que controle los precios del alquiler, lo que sucede en toda la UE menos en Reino Unido. Frente a los que tildan al Gobierno de comunista", valora Rodríguez, "yo veo la futura ley de vivienda muy timorata. En Europa, donde está más avanzado el límite de precios al alquiler es en países tan poco comunistas como Países Bajos y Austria, cuyos jefes de Gobierno son halcones liberales de derechas". 

Necesidad de inspectores y árbitros

"El bono es una copia de nuestra renta básica", defiende Alejandro Inurrieta. "Hay consenso entre los economistas en que es mejor una ayuda directa que un estímulo fiscal, ya que cualquier bonificación que incentive la demanda hará subir los precios". "Y hay otro problema en torno al bono", agrega Inurrieta. "La ayuda en sí no supone un problema. ¿Cuál es? Los caseros, que pueden ser unos golfos. ¿Y cómo hago para que no suban los contratos, además de recurrir al límite de precios? Pues interponiendo un servicio de mediación, arbitraje e inspección. Es decir, una herramienta que no existe en España".  

La cuestión de a cuánta gente llegará la ayuda es igual de crucial. El miércoles, la titular de Transportes, Raquel Sánchez, avanzó algún detalle más: recibirán el bono entre 40.000 y 50.000 jóvenes en España y costará 200 millones de euros al Estado.

"En su momento álgido, la RBE llegó a beneficiar a 250.000 jóvenes", recuerda Inurrieta. A diferencia del bono de Pedro Sánchez, el de Zapatero se concedía en una franja de edad que iba de los 16 a los 29 años, y no de los 18 a los 35 años como parte la actual propuesta. La actual presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, sucesora de la fallecida Chacón en Vivienda y última ministra de Vivienda en aplicar la renta básica de emancipación ha rechazado hacer declaraciones. El Ministerio de Transportes tampoco ha respondido a este periódico.

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Todos los consultados ven escasos tanto el alcance como el dinero que se comprometerá. En sus primeros años la renta básica de emancipación movilizaba cerca de 400 millones de euros. No obstante, también había problemas: en 2010, el pago del alquiler sobre los ingresos representaba el 42,2%. Actualmente, según pisos.com, el coste del alquiler representó en 2020 el 51,5% de los ingresos brutos mensuales de los arrendatarios.

Además, es muy difícil estimar los potenciales beneficiarios de la ayuda, pero los datos fiscales de la población menor de 35 años disparan la cifra de personas que trabajan entre 18 y 35 años con ingresos menores de 23.725 euros. De acuerdo con datos de la Agencia Tributaria (AEAT) relativos a 2019, hay al menos 4,5 millones (4.571.693) de españoles en esa franja de edad por debajo del nivel de ingresos requerido para obtener la ayuda de Transportes. Son cálculos muy conservadores, ya que se trata de personas que recibieron algún tipo de salario comprendido entre 0 y 1,5 veces el salario mínimo interprofesional. La realidad es que la cifra es mucho más alta: 1,5 veces el SMI de 2019 arroja 18.900 euros al año.