Un convenio caducado desde 2018 y congelación salarial: la precariedad de las trabajadoras en residencias
Altamente feminizado, muy privatizado y, sobre todo, precario. Si algo reveló el covid-19 fueron las pésimas condiciones que soportan las trabajadoras de las residencias de mayores de nuestro país. Ya en marzo de 2020 los sindicatos apuntaban a que el final de la crisis sanitaria tendría que impulsar necesariamente la mejora de unas condiciones que llevaban tiempo denunciando. Por ejemplo, los salarios. Sin embargo, y a pesar de una sentencia favorable de la Audiencia Nacional, las retribuciones de las gerocultoras —las auxiliares de geriatría que trabajan en los centros de mayores— están todavía lejos de mejorarse. Un convenio sectorial en ultraactividad —es decir, prorrogado— desde hace cuatro años y la dificultad en las negociaciones para firmar uno nuevo explican la situación.
El trabajo de las gerocultoras, según el Instituto Oficial de Formación Profesional (MEDAC), consiste en "atender y cuidar a los mayores en sus necesidades básicas". Eso incluye desde ayudarles en caso de movilidad reducida o en lo relacionado con la higiene y alimentación hasta garantizar el acompañamiento físico y emocional y la realización de ejercicios de estimulación. Su trabajo está sujeto a las condiciones establecidas en el Convenio Colectivo Marco Estatal de Dependencia, que comparten con el resto de empleados de residencias de mayores —como trabajadores sociales o médicos— y con los profesionales de teleasistencia —como teleoperadores u oficiales—. En total, según UGT, el Convenio afecta a 300.000 trabajadores.
El que está actualmente en ultraactividad tenía una vigencia de tres años, desde 2015 a 2018, pero las negociaciones entre los empresarios y los sindicatos para concretar uno nuevo han fracasado hasta el momento. "No hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en los incrementos a realizar durante los próximos años, pero seguimos siendo optimistas en poder alcanzar un acuerdo", señala a infoLibre el secretario general de la patronal AESTE, Jesús Cubero. La gerente de CEAPS, Marina del Corral, coincide con él. "La negociación actualmente continúa, queremos aproximar las posiciones y creo que hay voluntad por parte de todos", apunta.
Pero lo cierto es que las posiciones en estos momentos están distanciadas. Hay una subida salarial ordenada por la Audiencia Nacional que la patronal ha recurrido ante el Tribunal Supremo y que, según los sindicatos UGT y CCOO, apenas se ha aplicado. Se trata del incremento del 6,5% del salario de todos los trabajadores del sector de la dependencia, una subida que coincide con el aumento del IPC real correspondiente a 2021. Como explican los sindicatos, el artículo 8 del Convenio establece que, aunque el texto se encuentre en ultraactividad, los salarios deben incrementarse acorde a la inflación siempre y cuando el PIB nacional supere el 2%. Por este último requisito, precisamente, los sueldos estuvieron congelados durante todo 2020 y 2021.
La orden para efectuar el incremento llegó el pasado mes de junio. Fue entonces cuando la Audiencia Nacional lo avaló. Sin embargo, y como apenas ha tenido repercusión, los sindicatos han vuelto a los tribunales para reclamar la publicación de las tablas salariales y, con ellas, la subida. "UGT denuncia que el bloqueo en la suscripción y publicación de las tablas es una 'artimaña' para evitar cumplir la sentencia, ya que muchas empresas se excusan en ello para no abonar el incremento salarial a las trabajadoras del sector", apuntó el sindicato en una nota de prensa del pasado 28 de septiembre.
"AESTE ha recomendado a todos sus asociados la aplicación del 6,5% para este año", se justifica Cubero, que argumenta también que la medida "no es de obligado cumplimiento" porque se encuentra recurrida ante el Tribunal Supremo.
Apenas 1.000 euros al mes
Pero, ¿cuál es el sueldo actual de las gerocultoras? Según el Convenio caducado en 2018, de 1.061,98 euros para una jornada de 1.792 horas anuales, la misma retribución que había en 2019, a pesar de la mayor carga de trabajo y responsabilidad asumida desde marzo de 2020. Según un estudio publicado por Luis Manuel Blanco-Donoso, de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), durante la primera ola de la pandemia los trabajadores de las residencias "presentaron una elevada sobrecarga y presión social derivada de su trabajo, así como un sufrimiento importante a causa del contacto con la muerte y el dolor al que estaban expuestos". Además, muchos presentaban "niveles altos de estrés traumático".
Ya no solo eso. El pasado 1 de septiembre, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 presentó el Informe de evaluación del sistema de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, en el que destacaba la "constante y crónica precariedad de las condiciones laborales" de los trabajadores del sector y recomendaba "mejorar los salarios".
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No obstante, no en toda España existe la misma situación. No todas las trabajadoras de residencias se rigen por este convenio porque no es el único que existe. Hay algunos aprobados por empresas privadas que se circunscriben solo a sus empleados, a los que habitualmente mejoran las condiciones laborales, y otros dos aprobados en Gipuzkoa y Bizkaia que contemplan jornadas de hasta 200 horas anuales menos y un salario sustancialmente superior. Por ejemplo, en el de Gipuzkoa publicado el pasado mes de agosto, se fija que el salario de una gerocultora será de 1.679,04 euros en 2022 —para 1.592 horas al año— y de 1.798,59 en 2024. En el de Bizkaia, por su parte, está fijado en 1.360,80 euros, aunque su convenio también está caducado.
¿Por qué esas diferencias? Txomin Lasa, del sindicato ELA, explica que todas las mejoras salariales fueron precedidas de largos periodos de huelga. "En Bizkaia mejoraron mucho las condiciones después de 378 días de huelga y en Gipuzkoa llevamos, desde 2018 y de manera intermitente, 262 días de paros", cuenta. "Las trabajadoras de residencias son un colectivo muy peleón", explica.
Por otro lado, la realidad en el otro territorio del País Vasco es muy diferente. En Álava la mayoría de trabajadoras de residencias se rigen también por el convenio estatal, aunque según explica Lasa actualmente llevan más de diez días de huelga para mejorar las condiciones. Algo similar ocurre en Navarra, donde también se están llevando a cabo paros. Allí, los sindicatos denuncian que las trabajadoras de residencias tienen jornadas de casi 1.800 horas anuales con salarios que rozan los 1.000 euros. "Queremos mejorar las condiciones y luchar porque estos servicios públicos no sean privatizados y mantengan la calidad, para lo que hacen falta condiciones dignas de trabajo y de vida para los usuarios", sentencia Lasa. Ahora, las condiciones de la mayoría de gerocultoras de España depende de la aplicación del 6,5% de incremento del salario y, sobre todo, de las negociaciones que decidirán cómo será su próximo convenio.
