Una denuncia contra cuatro ejecutivos del Santander por una operación con una firma de Liechtenstein llega al BCE

El Banco de España ha trasladado al Banco Central Europeo (BCE) la denuncia que una inmobiliaria española, Inversión Hogar SA, presentó contra Ana Patricia Botín, Rodrigo Echenique, Ignacio Benjumea y Matías Rodríguez Inciarte, todos ellos miembros del comité ejecutivo del Banco Santander, a los que acusa de apropiación indebida y administración desleal en una operación que presuntamente causó un perjuicio de 50 millones de euros a la propia entidad financiera.

La empresa denunciante considera que el comportamiento de los cuatro altos ejecutivos vulnera la “honorabilidad” y la “idoneidad” de éstos como miembros del consejo de administración del banco y contraviene, por tanto, la nueva política de gobierno corporativo del BCE. Al tratarse el Santander de una “entidad significativa”, el Banco de España está obligado a enviar la denuncia al supervisor europeo. A preguntas de infoLibre, un portavoz del BCE ha declinado comentar el estado en que se encuentra la tramitación de la denuncia, asegurando que el organismo “no hace comentarios sobre instituciones específicas”. Tampoco el Banco de España ha querido dar ningún dato sobre el procedimiento amparándonse en la “confidencialidad”. Un portavoz del Santander tampoco ha querido comentar las circunstancias de la operación que originó la denuncia.

La operación denunciada se remonta a octubre de 1996. Inversión Hogar, una inmobiliaria que construía viviendas en Andalucía, solicitó la suspensión de pagos el 30 de abril de 1991. En julio de 1994 el juzgado aprobó un convenio con los acreedores, en virtud del cual el Santander debía conceder un crédito de 3,7 millones de euros a Inversión Hogar y, a cambio, la empresa debía entregarle cuatro fincas, situadas en Mijas y Manilva (Málaga), Mairena del Alfaraje y Alcalá de Guadaira (Sevilla), así como pagarle 1,8 millones de euros. Además, una filial de la inmobiliaria, Atlantic Village, debía abonar al Santander 1,13 millones de euros.

Inversión Hogar pagó los 1,8 millones y entregó las cuatro fincas, valoradas en casi 73 millones de euros. Pero como la filial no abonó sus 1,13 millones y una de las fincas aportadas no pudo registrarse “por falta de superficie bastante según el Plan General de Ordenación Urbana”, el banco no otorgó el crédito de 3,7 millones. El concurso sigue vivo aún hoy: la empresa debe a sus acreedores más de 3.000 millones de pesetas –18 millones de euros–. Santander e Inversión Hogar llevan desde los años 90 enzarzados en los tribunales a costa del convenio.

Pero, mientras tanto, el Santander vendió una de las fincas, ubicada en Mijas, a una sociedad denominada Las Vertientes de Calahonda SL. Lo hizo el 20 de diciembre de 1996, por un precio de sólo 450.759 euros. El terreno, catalogado como “urbanizable programado”, tenía una superficie de 518.000 metros cuadrados; es decir, se vendió por poco más de un euro el metro cuadrado. El convenio por la suspensión de pagos, sin embargo, valoraba la finca en 1,3 millones de euros, aunque ya en 1989 Tasaciones Hipotecarias lo había tasado en 6,3 millones de euros y en 1991 el propio Banco Santander le calculó un precio de 10 millones.

Además, la operación se firmó sólo un día antes de que parte del terreno fuera expropiado para construir la autopista de peaje de la Costa del Sol, la AP-7. En 2008 el Jurado Provincial de Expropiación de Málaga valoró la tercera parte de la finca en 20 millones de euros. Es decir, 44 veces más de lo que pagó la sociedad Las Vertientes de Calahonda al Santander. El resto del terreno esa sociedad lo vendió en 2002 por 7,2 millones de euros a otra, Desarrollos Inmobiliarios Costa del Sol SL. Posteriormente, Las Vertientes de Calahonda recurrió la tasación del jurado de expropiación, elevando aún más el valor de la finca, hasta los 30,3 millones.

Según consta en la inscripción del Registro Mercantil, uno de los socios de Las Vertientes de Calahonda era Joaquín Alberto Arrupe Ferreira, abogado apoderado del Banco Santander, y otro era la sociedad Tinre Etablissement, radicada en Liechtenstein. Arrupe Ferreira ha sido apoderado de Santander de Titulización y de Altamira Santander Real Estate. Representa desde hace más de 20 años al Santander en las decenas de juicios que ha tenido que celebrar el banco en los juzgados y la Audiencia Provincial de Málaga.

Ocho días antes de la venta

Tinre Etablissement, por su parte, tenía su sede en Vaduz, la capital de Liechtenstein, y su administrador único cuando se firmó la operación con el Santander era Heinz Batliner, presidente del Verbindung Bank y hermano de Herbert Batliner, abogado del bufete Batliner & Partner, uno de los más importantes del Principado. Ambos aparecieron implicados en esos mismos años en la operación Carburos y en los negocios que llevaron a la cárcel a Mario Conde y Arturo Romaní.

Además, según los denunciantes, la firma de la operación entre Santander y Las Vertientes de Calahonda estuvo llena de "irregularidades". La sociedad fue constituida el 12 de diciembre de 1996, sólo ocho días antes de la compraventa de la finca, así que los denunciantes entienden que en la fecha en que se firmó la operación Las Vertientes de Calahonda "aún no tenía personalidad jurídica ni capacidad de obrar" porque no se inscribió en el Registro Mercantil hasta un mes después, el 20 de enero de 1997.

Este conjunto de circunstancias llevan a los denunciantes a asegurar en su escrito ante el Banco de España que Las Vertientes de Calahonda y sus socios funcionaron en realidad como “testaferros” de los ejecutivos del Santander, que se ocultaban tras el abogado del banco Arrupe Ferreira y de la sociedad radicada en Liechtenstein.

Las Vertientes de Calahonda entró en disolución en octubre de 2009, pero sigue litigando por el precio de la expropiación en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Los 50 millones de euros que, según la denuncia, los supuestos testaferros han “distraído” del patrimonio del Santander se derivan del precio que el banco dejó de percibir por la finca vendida, por la expropiada y por los intereses acumulados.

Suspensión de pagos "inducida" por el banco

La historia en los tribunales de la caída de Inversión Hogar es larga. Sus gestores fueron juzgados por estafa, acusados por unas 90 familias que le reclamaban más de 300 millones de pesetas –1,8 millones de euros– por unos pisos que pagaron pero jamás vieron. Fueron absueltos por la Audiencia Provincial de Sevilla en septiembre de 1998. Los jueces no apreciaron “ninguna irregularidad en la gestión ni en la contabilidad”. Por el contrario, señalan los jueces que la empresa hizo “un notable esfuerzo” para concluir las promociones en curso, entregando casi 1.000 viviendas. E incluso aseguran que la suspensión de pagos de Inversión Hogar fue “inducida” por el Santander al “retrasar deliberadamente el pago de certificaciones de obra contra las cuales se entregaban las cantidades pactadas en la póliza de crédito”. “Todo ello derivaba de la intención del banco de reforzar las garantías ante unos riesgos que consideraba insuficientemente cubiertos”, explica la sentencia. También aseguran los jueces que la entidad “desencadenó” así “una decisión que no era esperable por la situación general de la empresa”. Cuando se solicitó la suspensión de pagos, de hecho, el activo de Inversión Hogar era de 8.619,4 millones de pesetas (51,8 millones de euros), superior a su pasivo, de 8.040,2 millones (48,32 millones de euros).

Caso bien distinto es el del convenio de la suspensión de pagos. En 2001 Inversión Hogar pidió la cancelación de ese convenio. En una primera sentencia, en 2006, el Juzgado de Primera Instancia número 19 de Madrid condenó al Banco Santander a pagar a Inversión Hogar 74,7 millones de euros, el valor de las cuatro fincas entregadas en 1994 más los 1,8 millones abonados, como cancelación del citado convenio, y los intereses.

En ese momento, la inmobiliaria pidió al juzgado como medida cautelar el embargo de un total de 101 millones de euros de la cuenta de tesorería que el Santander posee en el Banco de España. El juzgado cursó la petición al organismo supervisor, pero éste la rechazó con el argumento de que detraer esa suma “particularmente elevada de la citada cuenta de tesorería, podría suponer un desajuste en el cumplimiento por la entidad de sus compromisos” y, por tanto, generar un “impacto en el sistema financiero”.

Como el Santander, además, recurrió la sentencia, la medida no llegó a ejecutarse. Es más, la Audiencia Provincial de Madrid absolvió al banco en julio de 2007. Al igual que el Tribunal Supremo en otra sentencia de 2011.

Los pleitos judiciales continúan

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Sin embargo, los pleitos han continuado. El pasado 28 de septiembre, el Juzgado de Primera Instancia número 20 de Madrid desestimó una nueva demanda de una aseguradora, Fianzas y Crédito, y de Urbanizaciones y Construcciones Andaluzas (Urcansa), una filial de Inversión Hogar, por la que reclamaban la nulidad del convenio firmado en 1992 con el Santander con motivo de la suspensión de pagos. También pedían que el banco devolviera a la masa de los acreedores el importe de las fincas entregadas. Según argumentan, “la única causa y finalidad del convenio era el pago de las deudas al Banco Santander y no reflotar a Inversión Hogar”. Es decir, se favorecía supuestamente a un acreedor en detrimento del resto.

La sentencia lo rechaza y dictamina que el convenio “se realizó precisamente para facilitar el buen fin del expediente de suspensión de pagos en beneficio de todos los acreedores”. Inversión Hogar ya ha anunciado su intención de recurrir la decisión de la jueza.

infoLibre ha preguntado al Banco Santander por todos estos pleitos y por la denuncia ante el Banco de España y el BCE por la supuesta falta de idoneidad de sus máximos ejecutivos. La entidad financiera se ha limitado a contestar que el caso está “juzgado y sentenciado”, pero no ha querido comentar nada sobre la operación con Las Vertientes de Calahonda, la presencia en esa sociedad de uno de sus abogados, o la participación en ella de una firma radicada en Liechtenstein.