Las empresas pagarán el coste técnico del teletrabajo durante la pandemia y trasladarán otros gastos a la negociación colectiva

Este lunes 21 de septiembre hacia las ocho de la tarde, agentes sociales y Gobierno han llegado a un preacuerdo para llevar el teletrabajo a las empresas privadas, solo unas horas después de la firma de un pacto para regular el trabajo a distancia del personal funcionario y los empleados públicos. Así lo ha podido saber infoLibre a través de diversas fuentes de la negociación, que se tramitará en el Congreso como Proyecto de Ley.

Según han trasladado las distintas partes, el sector privado asumirá el coste tecnológico del trabajo en remoto, al igual que ocurrirá en las Administraciones Públicas. Serán los empleadores quienes asuman los ordenadores o el material técnico necesario para que los asalariados puedan desarrollar eficientementre sus funciones.

La ley del teletrabajo, que irá este martes en forma de Real Decreto-Ley al Consejo de Ministros, obliga a asumir estos costes a las empresas durante la pandemia. Los gastos de energía, electricidad, luz, agua, wifi, etcétera entrarán dentro de la negociación colectiva de cada lugar de trabajo, y tendrá que llegarse a acuerdos entre sindicatos y empresas. Pero el objetivo es que, una vez terminada la crisis del covid-19 que mantuvo confinada a España de marzo a junio y cuyos brotes vuelven a golpear ahora con fuerza, las firmas privadas asuman totalmente los gastos. Es decir, que pagarán los ordenadores pero también la luz una vez se produzca el hallazgo de la vacuna.

"Se han superado los obstáculos"

"Se han superado los obstáculos que nos distanciaban y que deberán ser ratificados mañana por los respectivos órganos de gobierno de las organizaciones", señalan las fuentes consultadas. Tras la ratificación por parte de sindicatos (CCOO y UGT) y de la patronal CEOE, está por ver si dará tiempo a trasladar la decisión al Consejo de Ministros como Real Decreto; de ser así, la medida entraría en vigor inmediatamente. 

Se trata, siempre según las fuentes, de un "acuerdo ligado a la pandemia". El Gobierno y los sindicatos siguen interesados en negociar otra reforma de la ley más profunda, detallada y amplia sobre el teletrabajo en general. Pero el coronavirus perturba cualquier discusión laboral mientras siga expandiéndose su contagio.

En nombre del Gobierno ha negociado el Ministerio de Trabajo, dirigido por Yolanda Díaz. Los sindicatos aceptan que la jornada a tener en cuenta para ser considerada teletrabajo sea del 30% y no del 20%. En este caso se trata de una petición de la patronal CEOE con la que las centrales han transigido. “Hemos conseguido que los trabajadores [que trabajen en remoto] tengan una protección al nivel del resto de los países de la UE: en el texto que muy claro que todas las herramientas necesarias para el teletrabajo tienen que correr a cargo de las empresas”, destacan las fuentes sindicales, que reconocen haber cedido en el porcentaje de jornada mínimo de jornada necesario para que se considere teletrabajo. “Para nosotros, el 20% de la jornada semanal era suficiente”, aseguran.

La ley que regula el teletrabajo entra en vigor este martes

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Derecho a la desconexión o a la intimidad

La CEOE defendía que las empresas se limitaran a informar a los comités de empresa y delegados de personal sobre protección de datos o el derecho a la desconexión del trabajador, pero finalmente se ha acordado que tengan que negociar estos aspectos con los representantes de los trabajadores. 

El preacuerdo entre sindicatos y patronal se ha alcanzado apenas unas horas después de la rúbrica de las centrales y el Gobierno para reformar el Estatuto Básico del Empleado Público, EBEP. Dicha reforma fue pactada a finales de la semana pasada. En el caso del personal funcionario, la jornada laboral nunca puede ser del 100% y los días presenciales y en remoto, con el fin de garantizar la mejor prestación posible de los servicios públicos. Los empleados públicos negociarán con su respectiva administración la aplicación del trabajo a distancia. Y será la administración la que, como las empresas privadas, asuma el coste del material técnico.