La Seguridad Social se desentiende de los 197 operadores telefónicos que se quedan en la calle el jueves

Los 197 operadores que atienden el servicio de atención telefónica de la Tesorería de la Seguridad Social gracias a una subcontrata con la empresa de contact-center Konecta BTO se quedan sin trabajo el próximo jueves, 5 de octubre. El Ministerio de Seguridad Social no va a volver a sacar a concurso el contrato, que lleva ejecutando personal externo desde hace casi una década. A partir del día 6, el teléfono lo atenderán funcionarios de la Seguridad Social, o al menos es lo que Konecta BTO ha comunicado al comité de empresa y de lo que algunas direcciones provinciales de la Tesorería General han informado internamente.

De manera que el comité de empresa de Konecta BTO, integrado por CGT, CCOO, UGT, Solidaridad Obrera y Valorian, ha convocado un día de huelga para este mismo lunes. Porque, al expirar el contrato de la Seguridad Social, los 197 trabajadores se quedan en la calle, sin indemnización ni derecho a cobrar prestación de desempleo. “En el limbo”, según explica Goyi Sánchez, representante de CCOO en Konecta. Y, a juicio de los sindicatos, no debería ser así: reclaman que la Seguridad Social cumpla la Ley de Contratos del Sector Público y el convenio colectivo del sector de contact-centers, firmado el pasado de mes de mayo, y se haga cargo de los 197 trabajadores.

La ley, en su artículo 130.3, establece que “en caso de que una Administración Pública decida prestar directamente un servicio que hasta la fecha venía siendo prestado por un operador económico, vendrá obligada a la subrogación del personal que lo prestaba, si así lo establece una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general”. Y eso es lo que hace precisamente el convenio colectivo en su artículo 20: determina que las plantillas se subrogarán “cuando el cliente principal extinga el contrato mercantil de la campaña o servicio para internalizar el objeto principal de dicha campaña”.

Sin embargo, el Ministerio de Seguridad Social se niega a subrogar a los operadores telefónicos, algunos de los cuales llevan atendiendo el 901 de la Tesorería General desde 2015, aunque sólo cobrando de Konecta desde 2019, cuando esta empresa se hizo con el contrato. Han ido pasando de adjudicatario en adjudicatario, como suele ser habitual en las subcontratas. El departamento que dirige José Luis Escrivá argumenta, tras “elevar las correspondientes consultas jurídicas”, que ahora “no se produce el supuesto de hecho que puede dar lugar a la subrogación”, sin precisar más. Es decir, que no le corresponde asumir a los trabajadores. Tampoco ha querido el ministerio confirmar a infoLibre si va a “internalizar” el servicio de atención telefónica para que lo presten funcionarios. Según indica, “la contratación de ciertos servicios de empresas externas para determinadas labores puntuales, así como la extinción de estos contratos, son procesos habituales en la Administración”. Konecta, concluye, “ha proporcionado un servicio y los trabajadores son de esa empresa, no son empleados de la Seguridad Social”.

Reestructuración de la Seguridad Social

Por el contrario, Lola Panero, responsable de la sección sindical de CCOO en la Seguridad Social, asegura que algunas direcciones provinciales sí han publicado instrucciones internas comunicando que la atención telefónica de la Tesorería la prestarán funcionarios del ministerio. Probablemente, algunos de los 2.000 interinos que se han incorporado a la Seguridad Social este año. “Pero no tenemos comunicación oficial”, se queja Panero, quien pide que este asunto se debata en la mesa delegada cuya convocatoria urgente han pedido al departamento. La dirigente sindical encuadra la asunción del servicio telefónico en la reestructuración que se está llevando a cabo para crear la Agencia de la Seguridad Social.

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En mayo, después de que CCOO y CSIF convocaran una huelga –la primera de la historia de la Seguridad Social– en protesta por el mal funcionamiento de la atención a los ciudadanos, el ministerio firmó un acuerdo con los sindicatos donde se sientan las bases de un plan estratégico de recursos humanos. A su vez, el primer paso para reordenar las plantillas de cara a la creación de la futura Agencia. Entre otras medidas, el ministerio se compromete a acometer “un importante refuerzo de las unidades de gestión de la Seguridad Social” mediante la incorporación de los 2.000 interinos antes citados. Aunque también precisa que el empleo interino sólo podrá ser un recurso “excepcional”, sólo aceptable “para los estrictos casos indispensables, a fin de dar cobertura a nuevos servicios o para garantizar mediante un plan de choque la atención a la ciudadanía en las oficinas de la Seguridad Social”.

“ERTE exprés”

Este mismo viernes, el comité de empresa de Konecta y su responsable de Recursos Humanos se han reunido en los servicios regionales de mediación, en un último intento por evitar la huelga. Konecta le ha ofrecido aplicar un ERTE a partir del 6 de octubre, que presenta como una forma de que los trabajadores puedan cobrar prestaciones. Los representantes sindicales han rechazado lo que tachan de “ERTE exprés”, puesto que no tienen tiempo para cumplir en sólo unos días con los plazos de negociación exigidos por el Estatuto de los Trabajadores. “Konecta quiere saltarse la ley en su propio beneficio, reduciendo el procedimiento legal a su conveniencia económica y delegando en el SEPE lo que debería ser su responsabilidad”, critican en un comunicado público.

Este periódico ha contactado con Konecta BTO para preguntarle por el conflicto, pero la empresa se ha limitado a responder que está “trabajando en buscar una solución”. El ministerio adjudicó a Konecta en diciembre de 2019 el contrato para prestar el servicio de atención telefónica de la Tesorería General, por un importe de 16,26 millones de euros, impuestos incluidos. Tenía dos años de duración, pero fue prorrogado hasta cinco veces, la última vez el pasado 6 de julio. Por esos dos años adicionales, el ministerio pagó a Konecta un total de 9,96 millones de euros, de acuerdo con los documentos publicados en la Plataforma de Contratación del Estado.