España lidera el cumplimiento con los fondos europeos ante su mayor reto: la reforma de las pensiones en 2023

España perfila un 2023 intenso para el cumplimiento de los objetivos para la recepción de los fondos de recuperación de la pandemia. De momento, está bien posicionada. De los ocho desembolsos, ha pasado los exámenes y recibido los dos primeros. Fue el primer país de la UE en solicitar el tercero, en noviembre, y está previsto que el aprobado o suspenso se conozca en febrero. 

Fuentes del Gobierno admiten a infoLibre que no hay dudas de que va a salir aprobado. El tercer desembolso, de 6.000 millones de euros, estaba vinculado al cumplimiento de 29 metas. No tan fácil será el cuarto paquete, que implica la postergada segunda reforma de pensiones y que deberá cumplirse en 2023. 

España y Francia coronan el ranking de cumplimiento de objetivos para obtener los fondos de recuperación: un 22%, frente una media del 7%. Si España pasa el tercer examen, habrá cumplido 121 hitos y objetivos de un total de 416, por lo que su porcentaje se incrementará a casi el 30%, un ritmo de cumplimiento superior, en relación al resto de miembros de la UE. La Comisión Europea tiene hasta el 11 de febrero para emitir su valoración positiva sobre el tercer envío. 

Desde Europa a las arcas españolas: 31.036 recibidos

A cierre de 2022, España ha recibido 31.036 millones de euros: 9.036 de prefinanciación y 22.000 asociados a los dos primeros desembolsos. Estos 22.000 han sido distribuidos según los seis pilares de los Planes de Recuperación en este orden: proyectos de resiliencia sanitaria (5.790 millones), crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo (5.540), cohesión social y territorial (4.900), transición verde (3.260), transformación digital (1.540) y políticas para las nuevas generaciones (962).  

En las dos primeras etapas, España ha cumplido 92 hitos y objetivos, de los 416 que hay en total. Entre los 29 objetivos de los que se está examinando España en este momento, hay proyectos de todo tipo. Por ejemplo, uno de ellos, que ya está cumplido, es la reforma de la Ley Concursal para armonizar con el resto de Europa el proceso que permite una segunda oportunidad a las personas que acaban endeudadas por causas ajenas a su voluntad. Es decir, suprimir sus deudas.

Entre otras cosas, la trasposición de la directiva europea elimina un procedimiento que trataba de llegar a un acuerdo extrajudicial entre los endeudados y sus acreedores. Según las fuentes consultadas por infoLibre, esta reforma ha tenido un impacto muy positivo en las personas afectadas. 

De las arcas españolas a los proyectos: 23.300 millones resueltos

Según datos ofrecidos por fuentes gubernamentales, España ya ha resuelto convocatorias por más de 23.300 millones de euros (19.200 resueltos por la Administración General del Estado y 4.100 por las comunidades autónomas). 192.700 proyectos han sido beneficiados, siendo 154.300 empresas y centros tecnológicos (el 80%). 5.960 entidades locales también han obtenido fondos del plan.

Parte de este dinero se canaliza a través de los 12 planes estratégicos, conocidos como PERTE. Son proyectos que el Gobierno considera esenciales para dar un impulso al crecimiento económico, el empleo y mejorar la competitividad de la economía española. Entre ellos descacan dos que se llevan la mitad de lo presupuestado: uno destinado a dar un empujón a la industria de la microelectrónica y los semiconductores, claves para la transformación digital de la economía, con un presupuesto de 12.250 millones de euros. 

El segundo con mayor dotación es el relativo a la generación de energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento energético, dotado de 10.475 millones. El objetivo es dar un impulso a la transición energética, con el desarrollo de nuevas tecnologías de generación verde, nuevos modelos de negocio y la adaptación de las industrias a las mismas.

Los datos del Observatorio de Fondos Europeos NextGeneration EU de EsadeEcPol, a partir de los datos de la Plataforma de Contratación del Sector Público, van en línea con los ofrecidos por estas fuentes gubernamentales. En noviembre ya había más de 28.500 millones de euros acumulados. De esa cifra, más de 20.000 millones fueron convocados en 2022. 

El impacto de estas cifras empieza a verse en distintos ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito sanitario, se están renovando 851 equipos de alta tecnología hospitalaria. En materia energética, más de 18.000 personas han solicitado ayudas para comprar vehículos eléctricos y cerca de 9.000 para instalar puntos de recarga. 37 empresas han solicitado ayudas para renovar sus flotas de vehículos. Las solicitudes de autoconsumo han superado las 200.000. En materia de vivienda, hay más de 50.000 beneficiadas de ayudas de rehabilitación y construcción de alquiler social.

2023: la reforma de las pensiones

Los 416 hitos y objetivos que debe cumplir España se organizan en 30 componentes. El número 30 de la lista es el relativo a la reforma del sistema de pensiones. Su fin es conseguir la sostenibilidad del sistema en el corto, medio y largo plazo, con un triple objetivo complejo de conjugar: mantener el poder adquisitivo de los pensionistas, preservar la suficiencia de las prestaciones mínimas como protección frente a la pobreza y que esto no suponga una carga inasumible para las próximas generaciones.

Las 29 metas que España debe cumplir en menos de tres meses para lograr el tercer envío de los fondos

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Para lograr estos objetivos, el Gobierno se planteó en 2021 tres retos fundamentales. El primero, eliminar el déficit de la Seguridad Social. El Gobierno considera que la Seguridad Social no refleja su verdadera capacidad, al asumir “gastos impropios” que corresponden a otras administraciones. En segundo lugar, los conocidos “ajustes paramétricos”, es decir,  amortiguar la llegada al sistema de pensiones de la generación del baby boom, la más numerosa de la historia de España. En tercer lugar, la indexación de la revalorización de las pensiones vinculada con la evolución de la inflación, para mantener el poder adquisitivo. Hasta ahora se han abordado el primer y el tercer punto. 

Respecto al primero, el Tribunal de Cuentas afirmó en mayo de 2022 que la Seguridad Social había asumido gastos entre 1989 y 2018 por valor de 103.690 millones de euros que correspondían al Estado al tratarse de gastos asistenciales, no contributivos. El Gobierno ha recurrido a las transferencias del Estado por valor equivalente al 1,4% del PIB, aunque ha despertado críticas de algunos organismos como FEDEA. El Ministerio de Inclusión espera que el déficit de la Seguridad se mantenga por debajo del 0,5% en 2022. 

Como contó infoLibre, la falta de acuerdo de los agentes sociales ha impedido una segunda reforma del sistema que aborde el segundo objetivo mencionado, el que está directamente relacionado con la sostenibilidad futura del sistema. El tercero se acometió en 2021 con la indexación de las pensiones con el IPC, una medida que ha elevado las prestaciones un 8,5%, al mismo nivel que los precios.