De Florentino a Juncker: Castor ilustra el riesgo del gran plan inversor de Bruselas

Beneficios privados, pérdidas públicas. El fracaso del almacén de gas Castor, financiado en parte con fondos del Banco Europeo de Inversiones (BEI), ilustra cómo muy a menudo la colaboración público-privada en grandes proyectos de infraestructuras, del gas a las autopistas, acaba sobre las espaldas de los contribuyentes. El grupo ACS que preside Florentino Pérez ha recuperado con una rapidez inusual lo invertido en Castor (1.350 millones), pero los usuarios tendrán que pagar la factura del fracaso, con los intereses correspondientes, a lo largo de los próximos 30 años.

Castor sirve para poner en perspectiva todo lo que conlleva el gran plan de inversión en infraestructuras anunciado por la Comisión Europea. El plan tratará de movilizar 315.000 millones en tres años, con sólo 21.000 millones de dinero público, mucho endeudamiento y confianza en atraer inversión privada.

Como en el proyecto Castor, iniciado en 2008, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) tiene un papel importante en el plan impulsado por el nuevo presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker. El proyecto prevé una aportación de dinero real –liquidez– por parte del BEI de 5.000 millones de euros, más 16.000 millones en garantías de otras partidas del presupuesto comunitario. Total, una espoleta para la inversión de 21.000 millones.

Inversión directa y liquidez

En el caso de Castor, el BEI invirtió de manera directa 300 millones de euros y añadió 200 millones en una línea de liquidez destinada a inversores institucionales. ACS y sus socios canadienses en la sociedad Escal UGS, la encargada de construir Castor, se ocuparon del resto. Constituyeron una sociedad –vehículo inversor– en Luxemburgo, bajo el nombre de Watercraft Capital, firma controlada por una fundación con sede en Holanda para emitir bonos por importe de 1.400 millones de bonos y financiar el proyecto.

El 80% de los bonos de Castor se vendieron a inversores institucionales. Cuando el proyecto empezó a tambalearse –los microterremotos provocados en la costa mediterránea acabaron por paralizar el proyecto–, todas las miradas se volvieron al Gobierno español...y al BEI. ACS, bien respaldada por un contrato poco usual firmado en 2008, que le garantizaba una total ausencia de riesgo en la obra, renunció a la concesión. Y el Gobierno español decidió asumir el contrato y evitar una suspensión de pagos que hubiera deteriorado la marca España de forma notable.

Para la UE, que había dado luz verde al proyecto, un borrón en las cuentas del BEI hubiera supuesto cegar la fórmula público-privada en la inversión en infraestructuras con la que ahora pretende reactivar la economía marchita de la eurozona.

El bolsillo de los usuarios

¿Puede suceder que el gran plan inversor en infraestructuras acabe, como en el caso de Castor, afectando al bolsillo de los usuarios y/o los contribuyentes? La respuesta es que sí por una razón: nadie explica cómo con un dinero público escaso –21.000 millones– se pueden generar, sin riesgo para los contribuyentes, 315.000 millones de inversión.

El exministro socialista y ex presidente del Parlamento Europeo, José Borrell, en un artículo reciente, describía el plan Juncker como una "multiplicación de los panes y de los peces" que no hace sino "reinventar la banca pública europea". Para llegar a los 315.000 millones de inversión público-privada, explica Borrell, se crea un Fondo Europeo para las Inversiones Estratégicas (FEIS) que prestará tres veces sus fondos propios (hasta 63.000 millones) a inversores que mutlplicarán por cinco el riesgo.

El exministro no es muy optimista sobre el futuro del FEIS. "¿Cuánto riesgo va aceptar el sector publico? ¿Es razonable un apalancamiento de 15 veces? ¿Qué proyectos serán financiados?" se pregunta.

Sobre todo el plan planea el caso Castor, en el que el impulso público –vía BEI– a un proyecto desarrollado por el sector privado (ACS) ha acabado en una inmensa factura que tendrán que pagar todos los consumidores de gas.

Vehículo financiero

El vehículo financiero diseñado a brochazos por la Comisión Europea contempla inversiones en dos clases de proyectos: los de pequeñas y medianas empresas en sectores innovadores y los de inversión en infraestructuras de energía, transporte y sistemas digitales. Bruselas se juega buena parte de su credibilidad en un envite sobre el que pende la advertencia de la canciller alemana Angela Merkel: la inversión tiene que venir de las manos privadas porque la consilidación fiscal en los países de la eurozona es un objetivo irrenunciable.

Por el momento, no hay demasiados detalles más allá de la cifra global de inversión (315.000 millones) y los deseos  de crear 1,3 millones de empleos. El nuevo comisario de Energía y Medioa Ambiente de la Comisión Europea, el español Miguel Arias Cañete, no concretó el impacto del plan para España. El comisario justificó la falta de precisiones en el hecho de que la Comisión Europea haya elaborado el plan en sólo 28 días –“incluidos fines de semana”, destacó–. El Consejo Europeo no lo aprobará hasta el 18 de diciembre.

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Falta de iniciativas

El fracaso del plan inversor europeo supondría ahondar en una situación de estancamiento y falta de iniciativas evidente. Lo peor es que la experiencia demuestra que puede suceder. En junio de 2012, la Comisión Europea lanzó una iniciativa para favorecer el crecimiento, con una inversión de en torno a 120.000 millones –el 1% del PIB de la UE– de la que poco más se ha sabido.

Como en el nuevo plan Juncker, para alcanzar los 120.000 millones, la UE dibujó una hoja de ruta que incluía el uso de la capacidad prestadora del Banco Europeo de Inversión (BEI), los llamados bonos proyecto y el Fondo Europeo de Inversión. Fue más el ruido que las nueces.