Fomento llama a las constructoras para rescatar a las autopistas

El Ministerio de Fomento va a iniciar esta semana una ronda de reuniones con las grandes constructoras, accionistas de la decena de concesionarias de autopistas con graves problemas financieros (muchas de ellas en concurso de acreedores), para tratar de cerrar una solución para el sector. Fuentes cercanas a la patronal Seopan así lo han explicado a infoLibre.

El asunto es más que espinoso porque el pasivo de las concesionarias en concurso es de 3.600 millones de euros y la cuenta llega a 5.000 si se consideran todas las que tienen problemas. Es espinoso, también, porque las empresas (y sus accionistas) quieren una compensación por lo que dicen que han gastado y por lo que no van a poder ganar. Los grupos afectados, a los que el secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá, va a llamar a capítulo a partir del lunes son lo más granado del empresariado del ladrillo: ACS, Abertis, Sacyr, Acciona y OHL.

Esas grandes empresas, con el apoyo de la banca, controlan las autopistas radiales de Madrid (R3, R4, R5) y otras vías privadas como la M-12 de acceso al aeropuerto, la vía Cartagena-Vera; Ocaña-La Roda (P-36), la Madrid-toledo (AP 41); la circunvalación de Alicante (Ciralsa) y la vía Alicante-Cartagena (Ausur).

El tiempo apremia

El tiempo se acaba. Los procesos concursales apremian y Fomento trata de alcanzar una solución con el sector que no suponga un aumento del déficit público, algo a lo que Hacienda se opone frontalmente. Esa solución, que el secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá, va pulsar con los señores del ladrillo, viene a ser, señala una fuente de una de las grandes compañías, una nacionalización encubierta.

La fórmula a la que se está dando vueltas es, explica la fuente empresarial, un rescate que no conlleva la activación de la responsabilidad patrimonial del Estado por acabar con la concesión. Según ese esquema, una sociedad pública (integrada en la Sociedad Estatal de Infraestructuras Terrestres, Seittsa) se quedaría con las acciones de las concesionarias con problemas a coste cero. Las empresas renunciarían al capital aportado y a la reclamación de compensaciones a cambio de deshacerse de la deuda.

La pregunta surge sola: ¿quién asume entonces el agujero? Fuentes de la patronal Seopan aseguran que ese problema ya está resuelto porque la Administración (léase Fomento) ya habría alcanzado un acuerdo con la banca acreedoras de las concesionarias.

El acuerdo, que según otras fuentes no está cerrado sería, como en el caso de la nacionalización encubierta, una quita encubierta. Las concesionarias en concurso deben a la banca, nacional e internacional, alrededor de 2.500 millones. Según la negociación en curso, la banca española asumiría su mitad y compraría a la banca extranjera su porción (1.200 millones), con un descuento importante, a un tipo de interés favorable (1,5% incial y 3% de tasa media) y a un plazo de 30 años. Los bancos pondrían, además, 1.200 millones para financiar las expropiaciones.

Promesas de privatización

La pregunta surge rápidamente. ¿Qué puede ofrecer Fomento para impulsar una solución que, aparentemente no ofrece beneficios? La respuesta no es muy original, pero sí lógica. Y corre por las empresas. La promesa de que, una vez saneado y reestructurado el sector, y con la economía en mejores condiciones, las vías nacionalizadas se privatizarán. Y quien haya arrimado el hombro se beneficiará. El portavoz del PSOe en la Comisión de Infraestructuras, Rafael Simancas, lo tiene claro: "una vez más" señala "hay quien trata de privatizar beneficios y socializar pérdidas".

Pero las promesas son sólo eso, promesas. Por eso, desde los dos puntos neurálgicos de la negociación, la patronal de la construcción Seopan y de la construcción, Aseta, se aboga por algo más concreto que las buenas palabras. Recientemente, el directivo de la patronal CEOE, el IESE y Aseta, José Luis Feito, reclamó la imposición de peajes en las autovías. 

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Feito fue muy claro al defender la necesidad de imponer peajes en las autovías que ahora son gratuitas. En su opinión, los peajes llegarán "más tarde o más pronto", por necesidad y porque así contribuirán a subir menos los impuestos.

Tras las palabras de Feito hay números. Las tasas en vías que ahora son gratuitas, permitirían recaudar entre 1.200 y 1.500 millones de euros al año. Esas cantidades permitirían a la Administración atender los argumentos de las concesionarias de autopistas para ser compensadas por la nacionalización encubierta.

Sobre la negociación, Hacienda calla y Fomento recurre a la generalización. "El Ministerio de Fomento está trabajando con todas las empresas adjudicatarias para intentar avanzar en esta situación y poder superar este momento de crisis" aseguró un portavoz. "Se está estudiando la mejor solución para garantizar la viabilidad y sostenibilidad del sistema concesional, porque España cuenta con un sector de concesionarios de obra pública que es líder a nivel mundial" concluyó.