Formarse tanto en el tajo como en el paro: la nueva FP incluirá 9.000 cursos para no quedarse fuera de juego

La Formación Profesional (FP) bulle como nunca, con más de 1,1 millones de alumnos en el curso 2023-24, lo que supone un crecimiento superior al 55% en los últimos diez años. El pasado ejercicio, casi uno de cada cuatro españoles tenía estudios de este tipo y las cinco ramas profesionales más demandadas fueron Sanidad, Informática y Comunicaciones; Administración y Gestión; Servicios Socioculturales y a la Comunidad; así como Comercio y Marketing, según datos del Observatorio de la Formación Profesional de Caixabank Dualiza.

La FP es una apuesta del Gobierno del PSOE y Sumar, como demuestra el hecho de la aprobación en marzo de 2022 de la Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, encaminada a conformar un sistema único en el que se integren la parte que antes orbitaba alrededor de la educación, la formativa para estudiantes, y la de empleo; o el que se hayan incrementado en un 35% desde 2020 los fondos que distribuye entre las comunidades autónomas para acciones en el ámbito de la población activa, hasta los 867.284.490 millones aprobados esta semana en el Consejo de Ministros. Del total de esa cuantía, procedente de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), el grueso, 696,5 millones estará destinado a oferta formativa para trabajadores desempleados; 145,9 a la vinculada a los ocupados; y otros 24,8 millones a acciones de la red pública de centros de formación, vehiculadas a través de programas específicos convocados por las regiones.

Las siete comunidades que más recursos recibirán en general, por encima de los 50 millones, son Andalucía (136,7 millones), Cataluña (128,2), Madrid (109,8), Comunitat Valenciana (95,8), Galicia (72,3) Castilla y León (54,6) y Canarias (algo más de 50). ¿Por qué son esos territorios y no otros los que acaparan más dinero? Fuentes del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, explican que antes de que las cifras lleguen a la mesa del Consejo de Ministros “se ha hecho un trabajo de consenso previo”. Primero se aprobaron unos criterios para la distribución de los montantes, entre los que se encuentra el poblacional, en la Conferencia Sectorial del Sistema de Cualificaciones y Formación Profesional para el Empleo, dependiente del propio ministerio. Luego se llevó a cabo una labor “en las comisiones de FP para el Empleo con los directores generales”, equivalentes a “la secretaria general de Formación Profesional en el Gobierno central”, y se realizaron ajustes, de acuerdo “a las necesidades de los territorios y a su capacidad de gestión”; para finalmente “volver a la Sectorial”. Aunque el Ejecutivo ha unificado la Formación Profesional del sistema educativo y la asociada al ámbito laboral, “no en todas las comunidades es así, algunas lo tienen integrado, pero otras no”. En estos últimos casos se ha operado con los departamentos de Empleo.

Una vez hecho el reparto, son las comunidades las encargadas de gestionar los recursos. Tendrán que desarrollar las actuaciones que estimen conveniente hasta el 31 de diciembre de 2025 con la vista puesta, en teoría, en “las necesidades de sus tejidos productivos” autonómicos. En ese punto, fuentes sindicales mantienen que “el problema aquí, como sucede con otras partidas estatales que se asignan territorialmente como las de las Políticas Activas de Empleo, es que al final los parados y los trabajadores dependen de la voluntad política de las comunidades y de sus ganas de gestionar”, deslizan.

Una oferta flexible

En cualquier caso, desde el ministerio aseveran que el nuevo modelo de FP “ofrece una amplia variedad de formaciones de diversa tipología y duración, acreditables y acumulables” para hacerlas adaptables a las circunstancias de los beneficiarios. El objetivo es que en el último trimestre del año “vean la luz en torno a 9.000 formaciones”. “Más allá de los cursos de especialización y de los ciclos habituales, queremos poner a disposición de toda la población activa, jóvenes, trabajadores ocupados y desempleados, formaciones más pequeñas, micro formaciones, en el catálogo de la oferta formativa profesional”.

¿La razón? El Ejecutivo tiene clara la necesidad de “la formación permanente a lo largo de toda la vida profesional de las personas”, en “un escenario productivo cambiante como es el actual por la digitalización, las nuevas tecnologías, la sostenibilidad…”, argumentan las fuentes consultadas. Y unen: “Absolutamente todos los sectores productivos se han transformado y se siguen transformando, por lo que creemos que la formación continua de los profesionales es algo imprescindible para que nadie se quede atrás. De ahí el impulso económico para dinamizar la Formación Profesional de los trabajadores. Es indispensable para que puedan ir actualizándose”, recalcan. Aunque son conscientes de que “es cada comunidad la que marca las estrategias” y decide a “qué tipo de formaciones, pequeñas o no”, van a parar los fondos.

En línea con Europa

A la luz de la información del mencionado observatorio de la FP, en 2023 casi dos de cada cinco trabajadores asalariados participó en formación bonificada y las empresas aumentaron en 2022 en ocho euros el gasto en formación por empleado respecto al ejercicio anterior. De hecho, en el circuito de relaciones cruzadas que implica esta materia, el Gobierno ha optado por implicar al ecosistema empresarial. “Estamos creando hubs –espacios colaborativos– por la Formación Profesional con cuatro o cinco empresas punteras de cada uno de los sectores productivos y trabajando a nivel técnico con ellas para que nos identifiquen las necesidades que están teniendo sus profesionales e incluso cooperar en diseñar la formación”, indican las fuentes de Educación. “Vamos en línea con Europa”, añaden, para anotar después que cuando España ostentó la Presidencia rotatoria de la Comisión “ya se trabajó también en ese sentido”.

Del lado sindical comparten la importancia de “una formación permanente en un entorno europeo y mundial que es muy competitivo” y de que se certifique “la cualificación de trabajadores que, aunque dominen alguna profesión, no tienen un título que respalde que poseen esos conocimientos", rematan.