Funcionarios del Tribunal de Cuentas trabajarán en pasillos por falta de espacio en el nuevo edificio

El próximo día 17 se mudarán al número 100 de la calle de Ortega y Gasset los primeros funcionarios del Tribunal de Cuentas. En ese inmueble del barrio de Salamanca deberán permanecer durante los próximos 18 meses mientras Tragsa rehabilita el palacio de 1863 que hasta ahora ha sido su lugar de trabajo. Pese a tratarse de un edificio de diseño, situado en una de las calles más caras de Madrid, ya ha suscitado las críticas de los trabajadores que lo han visitado. La junta de personal del Tribunal de Cuentas lo hizo, para emitir después un informe donde concluye que el inmueble “no cumple las condiciones mínimas necesarias para el desempeño de las funciones fiscalizadoras y jurisdiccionales que tiene atribuidas” el órgano.

En primer lugar, porque no hay espacio suficiente para acoger a los 500 funcionarios del tribunal que se trasladarán allí. De hecho, muchos de ellos serán ubicados en los pasillos. Otros –oficiales de tercera, ayudantes de gestión y oficiales de mantenimiento, unas 40 personas– ni siquiera tienen aún puestos de trabajo reservados, denuncia el informe.

El edificio, de nueve plantas y una superficie total de 7.800 metros cuadrados, es propiedad de Colonial, del grupo Villar Mir y le costará a Patrimonio 1,8 millones de euros al año en concepto de alquiler. Desde 2004 hasta ahora albergó la Concejalía de Asuntos Sociales de Ana Botella. El Ayuntamiento madrileño pagaba entonces por el alquiler del edificio 3,3 millones de euros anuales y ha tenido que desembolsar otros 340.000 euros más para devolverlo a Colonial en el mismo estado en que se lo encontró hace 11 años.

Según explica la junta de personal en su informe, habrá dos plantas que albergarán a más de 100 empleados. En algunos pasillos, de acuerdo con la distribución que los responsables del tribunal han entregado a los representantes sindicales, se han dispuesto “isletas” de cuatro trabajadores, en otros sólo serán de dossólo. La junta critica la “discrecionalidad” en el reparto de puestos de trabajo, con una distribución que tachan de “arbitraria”, también que no se haya consultado previamente a los distintos departamentos del tribunal.

Entre otras deficiencias, el informe detalla que la sede provisional carece de “ubicaciones adecuadas para taquillas, vestuarios y duchas exigidos por la normativa” para el personal de mantenimiento. Tampoco tiene taquillas para los policías que prestan sus servicios en el Tribunal de Cuentas ni para el personal de la contrata de limpieza. Ni se han previsto puestos de trabajo para el personal de nuevo ingreso. Según fuentes de CSI-F consultadas por infoLibre, debido a la falta de espacio, a los funcionarios se les ha limitado el material que pueden llevarse a la calle de Ortega y Gasset.

Además, el cuarto de reprografía, que se compartirá con otros equipos electrónicos, carece de ventilación, según los representantes sindicales, que se han quedado sin local para desarrollar su trabajo.

“Moqueta sucia y con un olor insoportable”

Las siete plantas de oficinas –las otras dos son de aparcamiento– se han dispuesto como “espacios abiertos”, tal y como eran necesarios para las “tareas de gestión administrativa y atención al público” que se llevaban a cabo en la Concejalía de Asuntos Sociales. Por el contrario, los trabajadores del Tribunal de Cuentas piden “unas condiciones mínimas de aislamiento físico y acústico” para desempeñar sus funciones técnicas. Los despachos se han reservado para los superiores jerárquicos.

La junta de personal pone en duda que el nuevo edificio cumpla la normativa de prevención de riesgos laborales, al acoger a un mayor número de trabajadores del que fue diseñado y situar a muchos de ellos en los pasillos. Y pese a las obras que ha costeado el Ayuntamiento para devolver el edificio de Colonial a su estado anterior, el informe protesta por el “estado lamentable” de la moqueta, “muy sucia, con copiosas manchas, losetas con esquinas levantadas y un olor viciado insoportable”.

Aunque el primer turno de mudanza debería trasladar sus cajas el próximo día 17, la junta de personal duda de que se respete la fecha. El suministro del mobiliario salió a concurso el pasado mes de octubre, pero el Tribunal de Cuentas tuvo que dejarlo sin efecto por un error administrativo el pasado 12 de noviembre. Hasta este lunes no ha publicado el tribunal en su página web la nueva adjudicación: 129.000 euros. La empresa Mumeca SA deberá disponerlo todo en 10 días para que los primeros funcionarios en llegar a Ortega y Gasset, 100 tengan sillas donde sentarse y mesas en las que trabajar. El segundo turno de mudanza está fijado, en principio, para el 20 de enero. Según la junta de personal, además, “no se ha terminado de pintar, limpiar ni instalar [el sistema] voz de datos”.

“No se ajusta a la racionalidad del gasto público”

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El informe reprocha a los responsables del Tribunal de Cuentas que el traslado al edificio de Colonial “no se ajusta al principio de racionalidad del gasto público, ni a los de economía, eficiencia y eficacia que deben estar presentes en el sector público”, precisamente aquellos por cuyo cumplimiento debe velar el órgano que preside Ramón Álvarez de Miranda. Y no sólo por el millonario alquiler que va a pagar durante dos años, sino también por las “importantes sumas de dinero público” que se han destinado a habilitar los semisótanos de la actual sede –1,68 millones de euros en obras más otros 175.400 en mobiliario–. Las obras para rehabilitar el palacio de la calle de Fuencarral serán encomendadas a la empresa pública Tragsa y aún se desconoce su importe.

La junta de personal critica que vayan a ejecutarse aun sin haber solucionado antes los problemas de espacio del viejo palacio ni la “dispersión” del Tribunal de Cuentas en tres sedes: la citada de la calle de Fuencarral y las de Padre Damián –donde también se harán obras– y Beneficencia. Los funcionarios que se trasladarán a Ortega y Gasset procederán de la primera y de la última.

Las obras de rehabilitación serán de calado: se sustituirán instalaciones eléctricas y especiales y se ejecutarán trabajos de fontanería, saneamiento, climatización y ventilación. De hecho, la junta de personal llevaba años denunciando el “pésimo estado” de las instalaciones, tanto eléctricas como antincendios, del palacio. El pasado abril, una inspección de la Dirección General de Industria de la Comunidad de Madrid detectó hasta 160 defectos graves en el edificio. En julio, los representantes sindicales exigieron a los responsables del tribunal la paralización de la actividad y el abandono del edificio.