Garoña seguirá parada hasta 2016 por exigencias técnicas pese al pacto entre Gobierno y eléctricas

La reapertura de la central nuclear de Garoña, convertida en símbolo de la política energética pronuclear del Gobierno, no va a ser un proceso sencillo. Los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), en informes oficiales firmados, sellados y aprobados por el pleno del organismo (Acta 1.274, Anexo VI, página 4) sostienen que cualquier autorización de puesta en marcha requerirá al menos dos años. Ese será el periodo mínimo para tramitar la autorización de funcionamiento más allá del año 2019 como desean las propietarias de la central, Endesa e Iberdrola.

El director técnico de Seguridad Nuclear Antonio E. Munuera y la directora técnica de Protección Radiológica, Maria Fernández Sánchez Ojanguren explican en un informe de mayo de 2013 sobre los requisitos exigibles al titular de la central de Garoña que en la hipótesis de que el Ministerio de Industria solventara el aspecto jurídico para extender la autorización de explotación hasta julio de 2014 (lo que efectivamente hizo por decreto) "se debería presentar la documentación (para renovar la autorización más allá de 2019) al menos tres años antes de la concesión".

Si el Consejo respeta el criterio de los técnicos, Garoña no podría disponer de la autorización y empezar a funcionar antes de las próximas elecciones generales, previstas para finales de 2015. Un golpe a la estrategia energética del Gobierno del PP, que antes de ganar las elecciones de 2011 hizo bandera de mantener a toda costa en funcionamiento la central de Garoña. Todo, a pesar de que la instalación ha sobrepasado los 40 años de vida útil y el sistema eléctrico registra sobrecapacidad, con centrales de gas que apenas funcionan.

Antes del 6 de julio

Nuclenor, la empresa propietaria de Garoña (50% de Endesa y 50% de Iberdrola) aún no ha reunido el consejo que debe solicitar el nuevo permiso antes del 6 de julio. Pese a ello, el presidente de Endesa, Borja Prado, en un gesto que sorprendió a sus socios de Iberdrola, adelantó que Nuclenor va a solicitar licencia de operación para la instalación, la más antigua de España (1971), que fue desconectada de la red en diciembre de 2012. Fuentes no oficiales de ambas compañías dan por hecho que la solicitud para volver a funcionar irá más allá de 2019.

Ninguna de las dos empresas reconoce, no obstante, algo que sí se da por hecho en el sector energético; que Garoña ha sido moneda de cambio en un pacto soterrado de Industria con el sector. Ese pacto incluiría mantener el sistema de formación de precios del mercado mayorista eléctrico, el corazón del negocio de las eléctricas tras la eliminación del sistema trimestral de subastas para fijar el precio de la luz en el mercado regulado.

El consejero delegado de Endesa, Andrea Brentan, explicó tras el anuncio de Borja Prado que las razones económicas que motivaron en 2012 la parada de Garoña ya no existen ya que el Gobierno ha cambiado la retroactividad de los impuestos a los residuos nucleares, un obstáculo que "ha desaparecido".

Las cuentas de la central

Las empresas propietarias de la central sostenían hasta la fecha que las cuentas de Garoña no salen y la central no es rentable Garoña, en 2012 arrojó pérdidas de 133 millones. En 2013, aunque no funciónó, ganó dinero debido a la ingeniería contable que le permitió activar créditos fiscales: arrojó beneficios de 22 millones de euros.

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Las inversiones necesarias para ponerla en marcha (150 millones de euros, según la cifra que se manejó en el CSN) y los impuestos aprobados por el Gobierno molestaron a las eléctricas. Con un Gobierno decididamente pronuclear, la petición de reabrir o no la instalación se convirtió en un pulso. A tenor de las declaraciones del presidente de Endesa, el pulso está resuelto.

Está por ver si el Gobierno atiende alguna más de las reclamaciones recogidas en la carta que Iberdrola envió al Gobierno con su lista de peticiones para el sector nuclear. La carta (10 de enero, con fecha de entrada en el registro el 13 de enero) solicita, entre otras cosas, eliminación de tributos nucleares; reducción de costes por gestión de residuos; extensión de la vida útil de las centrales a 60 años; eliminación de ecotasas autonómicas y, en general "la reducción de la presión regulatoria sobre la actividad nuclear".

Garoña es una de las seis centrales (con ocho reactores) con que cuenta el parque nuclear, que produce en torno al 19% de la electricidad y supone un 7% del total de la capacidad de generación instalada en el país.