Gibraltar y España hacen negocios al margen de las tensiones por la soberanía

“El Peñón es nuestra única industria”, se arranca Salvador Molina, presidente de la Asociación Sociocultural de Trabajadores Españoles en Gibraltar (Ascteg). ¿A quién le preocupa la soberanía y los tratados internacionales cuando la tasa de paro supera el 41%?. Aunque no lo cita, Molina alude a un dato: el 12% del PIB del Campo de Gibraltar, formado por siete municipios, lo genera la colonia británica. Lógico, si se tiene en cuenta que los escasos 30.000 habitantes del Peñón –sólo La Línea tiene 70.000– producen riqueza por valor de 1.417 millones de euros al año, según las cifras de 2011 que el Gobierno gibraltareño publica en su página web.

Es decir, la renta per cápita de los llanitos es de 44.966,84 eurosllanitos. A este otro lado de la Verja no supera los 11.822 euros, una de las más bajas de España. El máximo jamás alcanzado por la renta nacional, en 2008, fue de 23.900 euros.

Claro que la interdependencia marca a las dos partes. La web de la Cámara de Comercio de Gibraltar, lo mismo que presume sin complejos de su gran potencia económica tampoco oculta sus debilidades. Y responde con un brutal y escueto “ninguno” en el epígrafe reservado a revelar sus “recursos naturales”. Así que España es, con un volumen de 141,6 millones de euros, el segundo país exportador al Peñón, después de Reino Unido. En concreto, el 22% de lo que se produce en el Campo de Gibraltar lo compran los llanitos, resalta Lorenzo Periáñez, presidente de la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de La Línea (Apymell).

Uno de cada seis empleos, en Gibraltar

La Cámara de Comercio de Gibraltar está trabajando ya en la actualización del estudio que en 2009 elaboró un catedrático de la Universidad de Bournemouth (EEUU), John Fletcher, sobre El impacto de la economía de Gibraltar en el Campo de Gibraltar. Ese informe cifraba en 200 millones de euros el valor de los bienes y servicios adquiridos en España por las empresas del Peñón en 2007. Al tiempo, la colonia proporciona trabajo a uno de cada seis trabajadores de la comarca circundante, que ganaron unos 145 millones ese año. Salvador Molina dice que 4.370 españoles trabajan ahora en Gibraltar. En La Línea hay registrados 10.287 parados. En el Peñón, la tasa de desempleo es del 3%.

Así que no sólo las empresas que suministran la arena –GC Ingeniería y Obra Civil, de Vejer de la Frontera– y las rocas –Compañía General de Canteras, de Málaga– a Gibraltar para ganar terreno al mar son españolas. En La Línea y los municipios vecinos viven de sus negocios con la colonia empresas de carpintería metálica y PVC, pequeñas constructoras, empresas de materiales de construcción… El 90% de los proveedores de la hostelería llanita son españoles, recuerda Apymell. Además, el suministro de alimentos frescos procede de España. Da igual que sea para los supermercados Morrisons, la cuarta firma del sector en Reino Unido, como para las cadenas españolas allí instaladas. La cooperativa vasca Eroski aterrizó en diciembre de 2012 y la granadina Covirán cuenta con tres tiendas en la colonia.

Conscientes de la mutua dependencia, tanto el anterior primer ministro, Peter Caruana, como el actual, Fabian Picardo, no han tenido reparo alguno en vender los atractivos fiscales y comerciales gibraltareños a los empresarios de la comarca vecina en las cenas que fueran necesarias. En una de esas reuniones, Caruana cifró en 200 millones de euros el valor de las obras adjudicadas a constructoras españolas por el Ejecutivo del Peñón. Aunque su suerte ha sido dispar.

Grandes constructoras, obras problemáticas

OHL consiguió en 2009 la construcción de la autovía que debía convertirse en la principal conexión entre España y Gibraltar y que incluía un túnel de 350 metros de longitud bajo el aeropuerto. Un contrato de 35,78 millones de euros. Sin embargo, las obras se paralizaron en 2011, cuando la constructora descubrió unas filtraciones contaminantes en las obras del túnel que aumentaban su coste. El Gobierno gibraltareño no aceptó el nuevo presupuesto y rescindió el contrato a la española. OHL terminó denunciando en los tribunales británicos al Ejecutivo de la colonia, al que reclamaba 32 millones de euros. Tras volver a licitar la obra, el Gobierno de Picardo cree que no estará lista hasta 2015.

Dragados, del grupo ACS, fue la encargada de construir la nueva terminal del polémico aeropuerto del Peñón, presupuestado en 59 millones de euros. Adjudicadas en julio de 2008, las obras deberían haberse terminado en abril de 2010 pero, tras acumular año y medio de retraso, las instalaciones no comenzaron a operar hasta noviembre de 2011 y no fueron inauguradas oficialmente, por el príncipe Eduardo, hasta junio de 2012.

El grupo donostiarra Bruesa también fue contratado por el Gobierno de Gibraltar, en su caso para construir 400 viviendas por 58 millones de euros. En febrero de 2010 la empresa presentó concurso de acreedores y echó parte de la culpa de su mala situación económica a la falta de acuerdo con el Ejecutivo del Peñón para cerrar la obra mediante un arbitraje. Los trabajadores dejaron de cobrar y la obra fue paralizada. La terminó la constructora pública gibraltareña, Gibraltar Joinery Building Services (GJBS). El pasado mes de marzo, el juez levantó el concurso.

Gibraltar carece de red eléctrica, por lo que depende de grupos electrógenos para producir energía. La murciana Himoinsa le ha suministrado cuatro de estos grupos a Gibelec, la eléctrica pública del Peñón para reforzar su planta de generación.

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Sin problemas para hacer 'bunkering'

Son sólo unos ejemplos. En la Cámara de Comercio gibraltareña se han integrado también firmas españolas como la petrolera Cepsa, que vende el 31% del combustible utilizado para el repostaje flotante o bunkering en la bahía de Algeciras, y la consignataria de buques Marítima del Estrecho, en el Peñón desde 1986.

Al otro de la Verja, las pequeñas y medianas empresas de la Línea de la Concepción aún no se han parado a sumar las pérdidas que el penúltimo conflicto sobre Gibraltar les está ocasionando. Los pescadores sí: 1,5 millones de euros. Por eso, Apymell pide para la comarca “un régimen fiscal especial, que atraiga a empresas y al capital”. La Línea, zona franca.