Gestión público privada
El Gobierno da otros 42 millones a las agencias privadas de colocación
El Consejo de Ministros aprobó este viernes un nuevo contrato del Servicio de Público de Empleo Estatal (SEPE) con agencias de colocación por un importe de 41,7 millones de euros, cinco millones en 2015 y los 36,7 millones restantes en 2016, según informó Europa Press. El pasado verano ya se otorgaron otros 41,7 millones de euros para colocar a parados del Plan Prepara.
Dentro del contrato se establecen cuatro lotes de contratación en función del perfil de los desempleados a insertar. Se clasifican en función del tiempo que lleven registrados como demandantes de empleo, con un mínimo de tres meses: de tres a seis meses; de seis meses a un año; de uno a dos años y más de dos años.
Se establece también un número mínimo de personas que deberán ser atendidas para cada uno de estos colectivos con el fin de garantizar un volumen de atención, entre 3.200 y 16.300 personas.
El Acuerdo Marco de Intermediación Laboral, aprobado en agosto de 2013, supuso la selección de 80 agencias con las que ahora pueden formular contratos los servicios públicos de empleo.
Según el Ministerio de Empleo, este contrato supone un impulso a la intermediación laboral, aprovechando los beneficios de la colaboración público-privada, con el fin de mejorar el mercado de trabajo y fomentar la movilidad geográfica.
El objetivo del contrato es la colaboración de demandantes de empleo de todo el territorio nacional en el plazo de un año desde la formalización de los contratos con las agencias adjudicatarias. Están excluidos Ceuta y Melilla y los beneficiarios del Plan Prepara, dado que en ambos casos existe otro procedimiento específico.
Nuevo régimen de autorización de las ETT
El Consejo de Ministros también aprobó un Real Decreto que regula el régimen de autorización y la actividad de las empresas de trabajo temporal (ETT).
El objetivo es, fundamentalmente, adecuar la Ley 14/1994 de ETT a los cambios introducidos por la Ley de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia de 2014, especialmente en lo que respecta al régimen de autorización administrativa para el desarrollo de la actividad como empresa de trabajo temporal.
En segundo lugar, el Gobierno implanta de este forma la administración electrónica en todo el procedimiento administrativo en materia de empresas de trabajo temporal.
También se regula el procedimiento que ha de seguirse para obtener la autorización para actuar como ETT. Tendrá un plazo máximo de un mes, que si cumple sin resolución expresa la autorización se entenderá concedida por silencio administrativo positivo.
Por otro lado, el real decreto desarrolla la obligación legal de las empresas de trabajo temporal de constituir una garantía financiera para responder frente a posibles incumplimientos de la ETT de sus obligaciones salariales e indemnizatorias con sus trabajadores y del pago de sus cotizaciones a la Seguridad Social.
Un nuevo paso hacia la "precarización"
UGT asegura que el reglamento de las ETT es un nuevo paso hacia la "precarización de las relaciones laborales y de las condiciones de trabajo".
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El sindicato explica en un comunicado que el texto lo que hace es culminar uno de los objetivos de normas como la reforma laboral, el impulso de las empresas privadas de trabajo temporal, "en perjuicio de los servicios públicos de empleo y los derechos de los trabajadores".
"El reglamento de las ETT viene a insistir en el propósito de facilitar, de manera desmedida, la expansión de las empresas de trabajo temporal, suprimiendo garantías para su constitución –la autorización administrativa será única y no necesitará de prórrogas o renovaciones– y dejando de lado la mejora en la protección y defensa de los derechos de los trabajadores", añade.
Por último, el sindicato insiste en su oposición "ante aquellas reformas del Gobierno, que han permitido una extensión caprichosa del campo de actuación de las ETT y la desregulación de su régimen jurídico".
