El Gobierno deja para 2023 la decisiva reforma de las pensiones que exige Bruselas y la subida del SMI

2023 terminará sin la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y sin la segunda parte de la reforma de las pensiones aprobadas. El último Consejo de Ministros del año, previsto para el próximo martes, día 27, no incluirá en su agenda ninguno de estos dos asuntos capitales. El Diálogo Social ha fallado esta vez, al menos en los tiempos, y ha sido incapaz de poner de acuerdo a empresarios, sindicatos y Gobierno. En el caso del SMI, el último Consejo de Ministros del año aprobará la prórroga del actual hasta que se decida la cuantía en que aumente, quizá a mediados de enero. La subida, no obstante, se aplicará a los trabajadores con carácter retroactivo desde el día 1. El Gobierno, de hecho, sólo debe consultar a los agentes sociales, no negociar con ellos, lo que significa que una vez puestas sobre la mesa las diferentes cuantías propuestas por cada parte –1.040 euros la CEOE, entre 1.082 y 1.100 euros CCOO, 1.100 euros UGT– y la horquilla recomendada por la comisión de expertos –de 1.046 a 1.082 euros–, las discusiones se han trasladado a los ministerios concernidos: Trabajo, Economía y Hacienda.

La segunda fase de la reforma de las pensiones tiene un desarrollo más incierto. La última reunión entre el Ministerio de Seguridad Social, sindicatos y patronal se celebró el pasado día 12, pero no supuso avance alguno, según lamentaron CCOO y UGT a su término. Ambos pidieron, además, al ministerio que no vuelva a convocarles si no lleva a la mesa una propuesta que realmente suponga una novedad sobre lo ya discutido. “En ningún caso [la negociación] acabará antes de que finalice este año”, advirtió hace unos días el secretario general de CCOO, Unai Sordo, “le quedan aún bastantes capítulos”.

El Gobierno se había comprometido con Bruselas a tener aprobada esta segunda parte de la reforma antes de que acabara este año, para empezar a aplicarla “de forma progresiva” a lo largo de 2023. En concreto, el componente 30 del Plan de Recuperación incluía ese plazo tanto para la ampliación del periodo de cálculo de la pensión como para el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que de momento se han quedado en el tintero de José Luis Escrivá.

Desde esa última cita, Seguridad Social mantiene contactos con los agentes sociales, pero no ha habido reuniones y, según las fuentes sindicales consultadas por infoLibre, no se esperan citas formales hasta después del Día de Reyes. En cualquier caso, tanto los sindicatos como la patronal consideran mínimas las posibilidades de un acuerdo tripartito. El rechazo de la CEOE a cualquier cambio que implique un aumento de las cotizaciones sociales –es el caso del MEI– impide el sí empresarial. CCOO y UGT, por su parte, reprochan al ministerio que se haya embarcado en un aumento del periodo de cálculo de la pensión que no cuenta con respaldo político suficiente para su aprobación en el Congreso. Es más, también ha expresado su rechazo la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Por culpa de ese doble frente, laboral y político, el camino de la segunda fase de la reforma de las pensiones se antoja tortuoso, a diferencia de la primera, que fue acordada con sindicatos y patronal en julio de 2021, y aprobada por el Congreso en diciembre con los votos en contra de PP, Cs, Vox, la CUP, UPN, Coalición Canaria, Foro Asturias y BNG, y la abstención de EH Bildu.

En cualquier caso, aunque se supere el plazo prometido a la Comisión Europea, el Gobierno no prevé que el retraso suponga un problema: tampoco lo hubo con el nuevo sistema de cotización de los autónomos, que se prometió para el primer semestre de este año, pero no pudo pactarse hasta el 20 de julio. Prueba de ello es que en la adenda del Plan de Recuperación que va a enviar a Bruselas, con modificaciones en algunos hitos y objetivos por culpa del retraso en las inversiones, no se incluirá ninguna relacionada con las pensiones, informa Europa Press. En esa adenda irán 15 reformas nuevas y otras tantas serán ampliación de las ya existentes, entre ellas la mejora de los sistemas de búsqueda de empleo del SEPE.

El periodo de cálculo de la pensión, en la diana

La ampliación del periodo de cálculo de la pensión ha pasado de ser una medida que “ni ha existido ni va a existir”, en palabras del ministro de Seguridad Social, a convertirse en el principal punto de disenso en la mesa de diálogo con los agentes sociales y en las negociaciones con los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno. A lo largo del último año, Escrivá fue modulando sus declaraciones sobre lo que en el Plan de Recuperación se denomina “adecuación a las nuevas carreras profesionales del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión”. Escrivá siempre ha dicho que el efecto de la medida será “neutro” para las cuentas de la Seguridad Social. Es decir, que no reducirá el gasto en pensiones. También que el objetivo era atender a las “nuevas realidades del mercado de trabajo”, las carreras profesionales de quienes perdieron su empleo durante la anterior crisis y empezaron a cobrar –y cotizar– mucho menos, cubriendo mejor las lagunas de cotización o descartando sus peores años. Según sus cálculos, la medida afectará a un 30% de trabajadores que ya no tienen carreras laborales lineales como antes, en las que los salarios crecían conforme aumentaba la antigüedad.

El pasado septiembre, cuando prometió presentar una primera propuesta, el ministerio se limitó a anunciar a sindicatos y patronal una ampliación “suave” del periodo de cálculo que, por tanto, no llegaría a los 35 años como había aparecido en un documento elaborado por el propio ministerio y que terminó haciéndose público. Finalmente, Escrivá plantea aumentarlo hasta los 30 años, pero permitiendo que el trabajador descarte los dos peores años de cotización. Es decir, una ampliación a 28 años, que además se aplicará “de forma progresiva”. Será el cuarto aumento de este parámetro, después de haber subido de dos a ochos años en 1985, hasta 15 años en 1997 y a 25 años en 2011.

Que la ampliación del periodo de cálculo sea neutra para las cuentas de la Seguridad Social no quiere decir que lo sea para los trabajadores afectados. Y es ahí donde surge la discordia. Los sindicatos recuerdan al ministro que la medida se excluyó de las últimas recomendaciones del Pacto de Toledo y que aún no se han evaluado los efectos de la más reciente ampliación, a 25 años, que se completó el año pasado. “No me interesa nada si son 28 años, 30 años, si se quitan dos o no. El ministro dice que esto es neutro. Si la Seguridad Social ni gana ni pierde, que lo deje como está”, protestó el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. Unai Sordo criticó que la iniciativa de Escrivá sobre el periodo de cálculo esté “distorsionando” la negociación sobre la reforma. Y Yolanda Díaz la desechó por tratarse de “un recorte de derechos”, ya que “endurece” el acceso a la pensión. Unidas Podemos, ERC, EH Bildu y Más País, socios parlamentarios del Gobierno, rechazan que se aumente el periodo de cálculo, puesto que, dicen, se traducirá en una rebaja de la cuantía de la pensión.

Pese a estas discrepancias, Seguridad Social no modificó su propuesta en la última reunión del pasado día 12. Sí que mejoró la cobertura inicial de las lagunas de cotización y las brechas de género en las pensiones. Pero los sindicatos lo consideraron “claramente insuficiente”. En la mesa también se discute el destope de las bases máximas de cotización –el ministerio ofrece que suban tanto como la inflación hasta 2025 y a partir de ese año y hasta 2050 lo haga en un 34,76%–, la mejora de las pensiones mínimas y el MEI, que debe sustituir al derogado Factor de Sostenibilidad. CCOO quiere iniciativas generosas en esos asuntos para empezar a discutir siquiera el periodo de cálculo.

La CEOE tensa el Diálogo Social

Aunque el Gobierno prefiere llevar a Bruselas tanto la reforma de las pensiones como el SMI con el respaldo de patronal y sindicatos, el rechazo de la CEOE a ambas medidas va a impedir la reedición de los 14 acuerdos anteriores que revitalizaron el Diálogo Social. La patronal ha endurecido su discurso según se iban sucediendo las críticas desde el PP y desde el interior de la propia patronal. Que diera el sí a la reforma laboral de diciembre de 2021 no fue del agrado de muchos. Ya antes de las elecciones que el pasado noviembre han dado cuatro años más a Antonio Garamendi al frente de los empresarios, la CEOE se había opuesto a la subida del SMI de 2022 y renunciado al acuerdo de salarios para el próximo trienio con los sindicatos. Quedó en suspenso en mayo por la negativa de la patronal a subir los sueldos tanto como la inflación y por la línea roja que CCOO y UGT dibujaron en las cláusulas de revisión salarial.

Una vez reelegido, Garamendi perseveró en la línea dura al rechazar “la interlocución” del Ministerio de Trabajo por considerarla “tramposa y contraria a la buena fe”. La CEOE reaccionaba así a la enmienda que EH Bildu había negociado con los grupos del Gobierno para permitir a la Inspección de Trabajo que revise si las empresas cumplen las causas legales cuando presentan un ERE. La patronal considera que esa nueva atribución a los inspectores devuelve a la Administración el control sobre los despidos colectivos e incluso habla de “traición” a los acuerdos de la reforma laboral.

Por el contrario, tanto CCOO como UGT creen que la CEOE está “sobreactuando”. “No vi que reaccionara con tanta intensidad cuando algunos grupos parlamentarios impugnaron la reforma laboral [que la patronal había firmado] en el Tribunal Constitucional”, lamentaba el número dos de UGT, Fernando Luján, en referencia a los recursos presentados por PP y Vox.

Becarios y acuerdos de salarios, a la espera

La propuesta de Escrivá no reducirá gasto, recortará poco la pensión y no gusta a sindicatos, patronal, UP y PP

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Exceso de drama o no, lo cierto es que CEOE escenificó su divorcio con Trabajo no acudiendo a la última reunión sobre el SMI este mismo miércoles. Envió una propuesta por escrito al ministerio. Para saber si el resto de las mesas de negociación abiertas peligran, habrá que esperar también a enero. La Ley de Empleo –que incluye las nuevas competencias de la Inspección de Trabajo y la transformación del SEPE en Agencia Estatal de Empleo– quedó aprobada el pasado jueves en el Congreso, con las abstenciones de PP, Cs y Junts y los votos en contra de Vox y BNG. Pero el Estatuto de Becario sigue pendiente de acuerdo. La última reunión fue el pasado día 5. El Gobierno aún no les ha presentado una propuesta sobre prácticas extracurriculares –el nudo donde se ha atascado la negociación– que les prometió y que ya no verán hasta el próximo año.

Mención aparte merece el acuerdo de salarios y negociación colectiva, que ya sólo implica a los sindicatos y la CEOE. Unai Sordo ve “bastante complicado” que se recupere el Diálogo Social si la patronal persiste en su discurso de los últimos meses. “La lectura que están haciendo ahora las organizaciones empresariales es que la crisis de precios debe descansar sobre los recursos públicos y los trabajadores, no sobre las empresas”, explicó en una entrevista en TVE, “por eso no están por la labor de acordar ni en el Diálogo Social ni en la negociación colectiva”.

También está pendiente el pacto de rentas que impulsó el Gobierno pero que no ha dado siquiera un primer paso. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, invitó hace unos días a incluir el acuerdo sobre el SMI en un futuro pacto de rentas, del que casi nadie, a estas alturas de la crisis, habla ya.