El Gobierno rechaza una de cada tres solicitudes de la ayuda de 426 euros

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció hace casi un año que 450.000 personas iban a conseguir su “integración efectiva en el mercado laboral” gracias al Programa Extraordinario de Activación para el Empleo, que ese día firmaba en la Moncloa con los dirigentes sindicales y de la patronal. Sin embargo, a 30 de septiembre, el número de parados beneficiados por esta ayuda especial de 426 euros era de 71.495, sólo el 15,8% de la cifra prevista. El Gobierno ha rechazado el 34,5% de las solicitudes que se le han presentado.

Los sindicatos critican que los requisitos para acceder al programa son tan restrictivos que dejan fuera a la mayor parte de los beneficiarios potenciales. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, explicó en el Senado el pasado marzo que se había calculado “un stock de entre 270.000 y 300.000 posibles perceptores”stock al comienzo del programa, el pasado mes de enero, y “un flujo de entre 130.000 y 150.000 en los meses posteriores y hasta su finalización”, el 15 de abril de 2016. Según dijo, las cifras se habían proyectado basándose en las “consultas hechas a las comunidades autónomas”.

Pero esos números se han quedado muy lejos de la realidad. A 30 de septiembre, los últimos datos aportados por Empleo, sólo hay 31.344 personas cobrando la ayuda. Como se puede percibir sólo durante seis meses, 25.229 parados dejaron de ingresarla en julio, cuando se alcanzó el máximo número de beneficiarios, 56.573. En todo caso, el número de solicitudes no ha dejado de caer desde el primer mes. En julio y agosto no llegaron ni a 8.000 y en septiembre subieron ligeramente hasta 9.441, casi la cuarta parte de las presentadas en febrero. En total, cuando sólo faltan seis meses para que concluya el programa, 120.464 personas han pedido la ayuda, menos de la mitad de las que, según el Gobierno, formaban el stock inicial de beneficiarios.

El pasado 4 de septiembre, UGT y CCOO reclamaron al Ministerio de Empleo que revisara los requisitos ante el “fracaso” del programa. Aún no ha contestado.

El Programa Extraordinario de Activación para el Empleo fue pactado con los sindicatos y la patronal a finales del año pasado en un intento de luchar contra el paro de muy larga duración –más de dos años sin trabajar– y el descenso continuado de la cobertura de las prestaciones de desempleo. Se trata de un plan “extraordinario” y de carácter temporal, pensado para los desempleados que hayan agotado el resto de las prestaciones y subsidios, carezcan de cualquier otra renta y tengan cargas familiares. Reciben una ayuda mensual de 426 euros y, a cambio, se les asigna un tutor, que elabora un “itinerario individual y personalizado de empleo”. Es decir, orientará y formará a los parados para que vuelva al mercado de trabajo.

El problema estriba en que, para acceder al programa, deben haber transcurrido seis meses desde que el parado agotó la Renta Activa de Inserción, el PRODI o el Plan PreparaPlan Prepara, programas y ayudas de similar cuantía y contenido. Es decir, se exige al desempleado un periodo de carencia, que se pase seis meses sin ingresos antes de acceder a la ayuda extraordinaria. También deben haber permanecido inscritos como demandantes de empleo durante 360 días en los últimos 18 meses y haber sido despedidos de su último trabajo. Incluso tienen que estar inscritos como parados el 1 de diciembre de 2014, lo que se convierte en “una foto fija que no tiene sentido mantener”, explica el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer. Finalmente, los solicitantes deben tener a su cargo al cónyuge o a algún hijo menor de 26 años o a mayores discapacitados, que carezcan de ingresos mensuales superiores a 486,45 euros. La suma de los ingresos de toda la familia, dividida por el número de sus miembros, no puede superar los 486,45 euros.

Los sindicatos se quejan, además, de la escasa publicidad que se ha dado a estas ayudas e incluso de que un buen número de denegaciones se están produciendo porque se rellenan mal los impresos. “En otros programas, los servicios públicos de empleo han sido mucho más proactivos, en este caso estamos viendo que hay mucha gente que, sencillamente no pide las ayudas porque no saben que existen y tampoco se las ofrecen”, se queja Toni Ferrer.

Problemas con las comunidades autónomas

Pero no han sido las únicas disfunciones con que se ha topado el programa en sus nueve meses de vida. Sus ayudas son incompatibles con el cobro de cualquier otra, incluidas las rentas mínimas que pagan las comunidades autónomaslas rentas mínimas que pagan las comunidades autónomas. Eso ha dado lugar a disputas con los gobiernos del País Vasco y Navarra. Ambas comunidades abonan rentas de inclusión social de mayor cuantía que el resto. De forma que de los 9.000 beneficiarios potenciales en el País Vasco sólo 245 solicitaron la ayuda estatal y sólo 153 la perciben. En Navarra, de los 4.300 previstos, sólo 212 la pidieron y únicamente les fue concedida a 133. Estas cifras corresponden a julio de 2015. El Ministerio de Empleo dice carecer de datos actualizados desglosados por comunidades autónomas. Y asegura que los problemas de incompatibilidad con las ayudas autonómicas ya han quedado resueltas. Según explica, además, el porcentaje de rechazo de solicitudes es similar al de otras prestaciones.

Como los tutores y el cumplimiento de los itinerarios de formación de los parados dependen de las comunidades autónomas, se han dado casos en que la falta de los primeros impedía a los solicitantes acceder a la ayuda, asegura por su parte el responsable de Protección Social de CCOO, Carlos Bravo. Empleo ha dispuesto una partida de 128,8 millones de euros para que los gobiernos autonómicos se encarguen de contratar tutores y poner en marcha los itinerarios formativos. Pero la orden para distribuir esos fondos no se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) hasta el pasado 30 de septiembre, ocho meses después de iniciado el programa. Los primeros 51,5 millones ya se han repartido entre las comunidades, pero la distribución de los 77,3 millones restantes dependerá de los resultados de inserción laboral que cada una de ellas tenga con los beneficiarios. Ese decalaje ocasiona problemas de gestión en las comunidades autónomas que terminan pagando los parados, lamenta Bravo.

Para este programa extraordinario, Fátima Báñez comprometió una partida de “más de 1.000 millones de euros”. El pasado diciembre, el Consejo de Ministros aprobó un crédito extraordinario de 850 millones para cubrir el primer año de ayudas. Cuando sólo faltan seis meses para que termine el plan, sólo se han gastado 120 millones de euros, el 14%. En ayudas, únicamente 23,4 millones.

Pero el objetivo final del programa es conseguir un trabajo a los parados que mayores dificultades encuentran para volver al mercado laboral. En una respuesta al diputado de Convergència Carles Campuzano, el Gobierno asegura, con datos a 31 de julio, que han logrado un empleo 7.517 personas, el 11% de los beneficiarios. Otros 1.191 compatibilizaban un trabajo con el cobro de la ayuda, una posibilidad permitida por el programa. El empresario descuenta del salario del trabajador los 426 euros de la ayuda. Sumadas ambas cifras, la inserción laboral asciende al 12,9%. Empleo asegura que ese porcentaje supera el 8% que se calcula a la inserción de los parados de larga duración en general. A juicio de Toni Ferrer, sin embargo, es una cifra “patética” de eficacia.

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En España hay 2,94 millones de personas que llevan más de un año sin trabajar, casi 300.000 más que hace cuatro años, según la última Encuesta de Población Activa (EPA). Son los parados de larga duración. Tras seis años de crisis y uno de recuperación macroeconómica, ha surgido una nueva categoría: el parado de muy larga duración, que lleva más de dos años sin empleo. Mientras quienes pasan entre un año y dos en el paro se han reducido en 428.500 personas desde 2011, los que superan los dos años sin trabajo se disparan en 687.600.

Así, los parados de larga duración como categoría general son ya el 60,6% de los desempleados, 10 puntos porcentuales más que hace cuatro años. Pero es que entonces quienes llevaban más de dos años sin trabajar representaban sólo el 27% de los parados. Hoy ese porcentaje casi se ha duplicado y equivalen a cerca de la mitad, el 44,5%.

Y cuanto más tiempo permanece un trabajador atrapado en el paro, más posibilidades tiene de agotar el catálogo de prestaciones y subsidios públicos a los que tiene derecho. La cobertura de las ayudas estatales no ha dejado de caer durante toda la crisis: ya está en el 58,93%, cuando en 2010 el 80% de los parados cobraba una prestación. En estos momentos, 1,83 millones de desempleados no reciben ninguna, si se tienen en cuenta las cifras del paro registrado en los servicios de empleo públicos. Si se toma en consideración el dato de paro de la EPA, los desempleados sin ayudas públicas ascienden a 3,7 millones. Este grupo de desempleados deberían ser los destinatarios potenciales del programa extraordinario. Su objetivo teórico era elevar la cobertura de las ayudas públicas un 5%. No lo ha conseguido.