El Gobierno ve posible que se fije un salario mínimo territorial, aunque se remite a la negociación colectiva

El Gobierno no descarta que puedan llegar a fijarse salarios mínimos a nivel territorial, aunque remite tal establecimiento a la negociación colectiva entre patronal y sindicatos, ámbito que, según asevera el Ejecutivo "puede incorporar en la fijación de suelo de contratación cuantos factores entienda adecuados".

Así consta en la respuesta del Gobierno, recogida por Europa Press, al portavoz del PDeCAT, que había registrado una pregunta en el Congreso interesándose por la posibilidad de fijar salarios mínimos diferenciados, a nivel local, provincial o autonómico ante los diferentes niveles de precios según el territorio.

Frente a ello, el Ejecutivo señala que es competencia de la negociación colectiva la posibilidad de fijar diferentes salarios mínimos sectoriales o territoriales y que, a la hora de fijar un suelo de contratación, puede recurrirse a "cuantos factores entienda adecuados".

El SMI sí es competencia del Gobierno

En todo caso, el Gobierno recuerda que el salario mínimo interprofesional sí que es fijado anualmente por el Gobierno, y que este tiene "extensión y validez universales". "Es un suelo irreductible, que garantiza respecto de todos los trabajadores, cualesquiera actividades, territorios y sectores un precio mínimo del trabajo".

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A la hora de fijarlo, el Ejecutivo recuerda que se realiza una consulta previa con "los agentes sociales más representantivos" y que se tiene en cuenta el índice de precios de consumo (IPC), la productividad media nacional alcanzada, el aumento en la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general.

Tras el acuerdo suscrito en diciembre junto con los sindicatos CCOO y UGT y las patronales CEOE y Cepyme, el Gobierno elevó un 4% el SMI para 2018, hasta los 736 euros al mes, y fijó una senda de subidas del 5% en 2019 hasta los 773 euros, y del 10% en 2020 hasta los 850 euros, todo ello en 14 pagas.

En todo caso, las subidas quedan condicionadas a un incremento anual del PIB superior al 2,5% y a un aumento de la afiliación media a la Seguridad Social cada año superior a las 450.000 personas.