Hacienda, Fomento e Industria difuminan 6.000 millones del rescate de negocios privados

Difuminar significa, según el diccionario, "hacer que disminuya la claridad y exactitud del contorno de una cosa, especialmente de un paisaje, una figura o un objeto". O del dinero, se podría añadir. El Ministerio de Hacienda, a vueltas con el déficit público –límite del 5,8% en 2014 y 4,2% en 2015– y con una deuda que ha doblado el cabo del billón de euros (1,012 billones en junio, 98,9% del PIB) ultima con Fomento y con Industria los planes que deben permitir el rescate de nueve autopistas de peaje quebradas y del almacén de gas Castor, proyectado por ACS y paralizado por provocar centenares de microterremotos frente a la costa de Castellón. Dinero de todos para cubrir fracasos de negocios privados.

El centro del plan es que el rescate no descuadre los números que hay que presentar en Europa. En total, son alrededor de 6.000 millones de euros. Entre 3.700 millones y 4.600 millones para evitar la quiebra de las vías de circulación de pago y 1.400 millones –sin tener en cuenta los costes financieros ya desembolsados– para el almacén de gas situado frente a las costas de Vinaroz (Castellón). 

Bancos acreedores

El esquema para rescatar las vías quebradas presentado a los bancos acreedores –BBVA, Santander, Bankia, Caixabank, Sabadell y Popular– así como a la patronal de las constructoras Seopan, pasa por crear una empresa que aglutine todas las concesiones de autopistas fallidas. En la sociedad, las constructoras tendrán una participación del 20%.

La sociedad estatal se hará cargo de las radiales 2, 3, 4 y 5 de Madrid, la M-12 Eje Aeropuerto de Barajas, la AP-41 (Madrid-Toledo), la AP-36, la circunvalación de Alicante (Ciralsa), y la Cartagena-Vera (Aucosta). De alguna forma se repite el esquema aplicado en los años 80 con la Empresa Nacional de Autopistas Ena, creada en 1984 y privatizada en 2003.

Los bancos recibirán el 50% de la deuda que sí le pagará el Estado mediante un bono negociable con un vencimiento a 30 años. La rentabilidad anual de ese bono –sin aval del Estado, señalan fuentes ministeriales– será finalmente del 1,8% mínimo y podrá ser vendido por los tenedores del mismo. Fuentes de Hacienda y del Ministerio de Fomento sostienen que el desembolso inmediato por la operación de rescate, que ya cuenta con la autorización de Bruselas, será de sólo 600 millones.

Expropiaciones

La empresa pública de autopistas sería constituida, además, con la deuda pendiente con los propietarios de los terrenos expropiados y que oscilaría entre 1.200 y 1.800 millones de euros. La nueva sociedad estatal, con nueve concesionarias, sumaría 748 kilómetros de autopistas, el 22% de la red española de pago.

El rescate tendrá en cuenta que Bruselas exige que las ventas de una sociedad pública superen más del 50% de sus costes –incluidos los financieros– para no contabilizar sus pasivos como parte de la deuda de las Administraciones Públicas. Fomento confía en que la mejora del tráfico y de la recaudación juegue a favor de las cuentas públicas.

Otro tanto sucede con el almacén de gas Castor. En este caso, el plan no está todavía cerrado. Pero sí esbozado. La empresa constructora ESCAL UGS, en la que ACS tiene una participación mayoritaria, recibirá una compensación de 1.400 millones por el abandono del proyecto al no poder demostrarse que los problemas detectados se deban a negligencia o dolo por su parte.

Enagás se hace cargo

Enagás, la empresa que gestiona el sistema gasista, participada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), se hará cargo de la instalación y de su mantenimiento. Al tiempo, el Gobierno está trabajando con los bancos –Banco Santander, BBVA y CaixaBank– para emitir bonos a largo plazo (20 o 30 años) y cubrir el agujero. Los bancos, por supuesto, obtendrían una rentabilidad por colocar ese activo. El coste saldrá, en este caso, del recibo del gas de los usuarios. Coste sí, pero difuminado y sin impacto en las cuentas del Estado.

Si se cumplen los planes y Bruselas los acepta, ni el rescate –vía nueva sociedad pública de autopistas– ni la cobertura del agujero del Castor incrementarán la deuda de las sociedades públicas. Esa deuda, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), rondó el 5% del PIB en 2013 (50.000 millones). Además, los datos del Banco de España recogen 5.717 millones de deuda de sociedades públicas propiedad de las comunidades autónomas que no están incluidas en el sector Administraciones Públicas.