La Hacienda portuguesa pidió en 2016 al Oporto el detalle de los salarios y pagos a Íker Casillas y a dos de sus empresas

La Agencia Tributaria portuguesa lanzó este miércoles una macrooperación contra la corrupción en el fútbol que ha incluido el registro del domicilio de Íker Casillas en Oporto, según ha publicado la revista Sábado. Más de 200 inspectores fiscales y agentes de la Guardia Nacional Republicana han sido utilizados en la Operación Fuera de Fuego para llevar a cabo 76 registros en las sedes de los principales equipos de fútbol de la Liga portuguesa, entre ellos el Oporto, el Benfica y el Sporting, además de los despachos y viviendas de sus presidentes. También han sido registradas las oficinas del agente deportivo Jorge Mendes, representante de Cristiano Ronaldo, José Mourinho, James Rodríguez y Keylor Navas, entre otros jugadores de primera línea, así como el bufete de su abogado, Carlos Osório de Castro.

La investigación se centra en dos posibles delitos: fraude fiscal y blanqueo de capitales, relacionados con los contratos de algunos futbolistas, entrenadores, directores y agentes deportivos.

Entre las casas registradas se encuentran las de Pinto da Costa, presidente del Oporto; Luís Filipe Vieira, presidente del Benfica; Frederico Varanda, presidente del Sporting Clube de Portugal, y António Salvador, presidente del Braga. Entre los futbolistas, además de Íker Casillas, se han registrado las viviendas del colombiano Jackson Martínez, ahora en el Portimonense pero en 2015 jugador del Atlético de Madrid; el uruguayo Maxi Pereira, ex jugador del Benfica y el Oporto, y del guineano Danilo Pereira, actualmente también en las filas del Oporto.

Los hechos que propiciaron la investigación se remontan a 2015, cuando la Agencia Tributaria lusa abrió varios procedimientos de inspección en clubes de fútbol. Los inspectores sospechan que éstos, en connivencia con jugadores e intermediarios, actuaron para “ocultar u obstaculizar la identificación de los beneficiarios finales reales” de ciertos pagos, eludiendo así el abono de los impuestos que les correspondían, según consta en el comunicado hecho público por la Agencia Tributaria portuguesa.

Según la revista Sábado, bajo la lupa de los investigadores se encuentran los contratos laborales y por derechos de imagen de los futbolistas, las primas que cobraron y el pago de comisiones a sus representantes. De hecho, creen que utilizaron facturas que no retribuyen servicios realmente prestados por quienes las emiten y que el fraude alcanza tanto al IVA como al IRPF y a las cotizaciones a la Seguridad Social.

Pagos al jugados distraídos en la remuneración al agente

Se trata, por tanto, del mismo tipo de investigaciones que la Agencia Tributaria española lleva años desarrollando sobre los pagos que hacen los clubes de fútbol a jugadores y agentes. El fisco considera ilegal que los equipos abonen parte del salario del futbolista a su representante, por el que éste tributa en el impuesto de sociedades una cantidad menor a la que debería ingresar si esa cantidad fuera gravada con el IRPF.

Aunque la Agencia Tributaria no lo menciona, los investigadores están utilizando las revelaciones de Football Leaks, la filtración de miles de documentos sobre el negocio del fútbol que recibió el semanario alemán Der Spiegel y que éste compartió con la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), de la que forma parte infoLibre.

Se da la paradoja de que mientras las autoridades portuguesas aprovechan la información desvelada tanto por Football Leaks como por Luanda Leaks –que ha destapado el oscuro origen de la inmensa fortuna de la empresaria angoleña Isabel dos Santos– para acudir a los tribunales, la persona que ha hecho posible ambas filtraciones, Rui Pinto, permanece en prisión mientras se le juzga por 90 delitos, desde acceso ilegal y violación de correspondencia hasta sabotaje informático.

Casi dos millones en salarios y primas en 2015

Según los documentos obtenidos por Football Leaks, en junio de 2016 la Agencia Tributaria portuguesa requirió al Oporto que le facilitara toda la información disponible sobre los pagos que hizo a dos de las empresas de Íker Casillas: Casillas World SL y 380 Around Marketing SL. También le pedía el detalle de los salarios, primas y cualquier otro tipo de ingreso, brutos y con sus retenciones, abonados al portero español en 2015. Así, ese año el Oporto pagó a Casillas un total de 1,91 millones de euros entre salarios, gratificaciones y primas, por los que le retuvo en concepto de IRPF y Seguridad Social 923.028,33 euros.

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A Casillas World SL, respondía entonces el club, le aplicó una retención del 25% por el pago de derechos de imagen. Respecto a 380 Around Marketing SL, el club envió al fisco portugués un certificado emitido por la Agencia Tributaria española en noviembre de 2015 que acredita que esta empresa tiene residencia en España, por lo que pide en otro documento que se le dispense de tributar en Portugal en virtud del convenio entre ambos países para evitar la doble imposición. El exportero del Real Madrid y de la selección española ha asegurado este miércoles en un comunicado que está “absolutamente tranquilo” con respecto a las investigaciones, para manifestar a continuación su “deseo de que la transparencia llegue a todos y cada uno de los rincones del fútbol”. “Ése es uno de los principales motivos por los que he decidido presentarme a la Presidencia de la Federación Española de Fútbol”, concluye la nota.

Además de Casillas, el fisco luso reclamó en 2016 al Oporto información detallada sobre pagos y contratos de otros siete futbolistas: Danilo Luiz da Silva, Gilbert Imbula Wanga, Jackson Martínez, Danilo Pereira, Maxi Pereira, Alex Sandro y Pablo Daniel Osvaldo.

La revista Sábado asegura que el caso penal más avanzado es el dirigido contra Pinto da Costa, presidente del Oporto, como resultado de la fusión de ocho investigaciones abiertas en 2017 y 2018. En el punto de mira del fisco luso se encuentran también los pagos a Radamel Falcao y James Rodríguez, actualmente en el Galatasaray turco y el Real Madrid, respectivamente. Incluso cifra en 20 millones de euros los beneficios fiscales obtenidos ilegalmente por el club.