El ICO y el Banco de España minimizan las denuncias por prácticas abusivas de la banca en los préstamos contra el covid mientras la CNMC las investiga

Corren tiempos de tipos de interés negativos, en que los bancos se han agarrado a los préstamos con aval del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para mantener el negocio. La demanda de este tipo de créditos se disparó en lo peor del confinamiento hasta el punto de que no se veía un aumento igual en la financiación a las empresas desde antes de que pinchara la burbuja financiera. Pero, entre la avalancha de pymes y autónomos que acudían a las sucursales en busca de liquidez para salvar el parón de actividad, comenzaron a surgir también denuncias por el manejo que los bancos estaban haciendo de la nueva herramienta pública contra la crisis del coronavirus. En abril, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) abrió un buzón covidbuzón covid al que le llegaron en sólo cuatro meses unas 700 reclamaciones de todo tipo relacionadas con la pandemia. De ellas, la mitad tenían que ver con el sistema financiero. El organismo no precisa cuántas quejas se refieren a los préstamos con aval del ICO, pero sí detalla algunas prácticas irregulares de los bancos. Desde obligar al posible beneficiario a suscribir un seguro o adquirir un servicio de alarma e incluso un televisor, hasta hacerle pagar gastos antes de haberle desembolsado el préstamo. También han utilizado los créditos ICO para que sus clientes les devolvieran otros préstamos que habían pedido con anterioridad.

La CNMC dice que sigue “investigando” y que ha cursado “requerimientos de información” a los bancos denunciados, a fin de determinar si esas prácticas constituyen una “conducta desleal” que, falseando la competencia, afecta al interés público. Pero los expedientes tienen un plazo de 18 meses hasta que se resuelven, por lo que aún no es posible saber ni qué entidades han sido requeridas ni si alguna va a ser sancionada.

También el Banco de España ha recibido quejas de solicitantes de préstamos ICO. El gobernador, Pablo Hernández de Cos, cifró en sólo 68 las registradas hasta junio, cuando se le preguntó al respecto en el Congreso. Dijo que su número era “relativamente pequeño” comparado con el de préstamos solicitados –a finales de febrero de este año superan el millón–. Además, la mayoría, 62, se debían a denegaciones de créditos por las entidades financieras, que “no tienen la obligación de concederlos”, apuntó. Es el banco el que hace el análisis de riesgo del cliente y decide si se aprueba la operación o no. Esas reclamaciones fueron trasladadas después por el Banco de España al propio ICO, según explica a infoLibre un portavoz del organismo supervisor, que prometió ya en abril mantenerse “especialmente vigilante”, verificando los “protocolos y “revisando operaciones concretas” a fin de comprobar que se adecuan a la normativa.

El ICO confirma haber recibido las denuncias del Banco de España pero asegura que las reclamaciones totales por la línea de avales contra el covid representan sólo un 0,09% de las operaciones formalizadas. Si hasta ahora se han firmado poco más de un millón, las quejas alcanzan las 900. “Son algo residual, y la mayoría son por la denegación del préstamo”, explican fuentes del banco público. Cuando le llega una denuncia de este tipo, añaden, el ICO responde que no puede entrar en la política de riesgos de cada banco, que son plenamente autónomos en la decisión sobre la idoneidad del cliente. El banco público quita hierro a los casos en que se produjeron otro tipo de incidencias como las denunciadas por las patronales: “Ocurrieron cuando aún no había llegado la información completa sobre los avales a todas las sucursales”.

Tras las primeras reclamaciones, las patronales bancaria, de las cajas de ahorro y de cooperativas de crédito se apresuraron a anunciar que habían dado instrucciones a sus redes de oficinas para dejar claro que la concesión de un crédito ICO no podía “estar vinculada en ningún caso a la contratación de otros productos”. Además de la CNMC, los mediadores de seguros, a través de su Consejo de Colegios, habían acusado a los bancos de cometer una “flagrante ilegalidad” imponiendo la compra de pólizas para acceder a estos préstamos con aval del Estado.

Las quejas de las empresas

En efecto, el ICO prohíbe a los bancos “condicionar la aprobación de los préstamos a la contratación por parte del cliente de ningún otro servicio o producto”. Además, vigila los precios de los créditos obligando a las entidades a suministrarle cada tres meses los tipos de interés que cobran a pymes y autónomos. En virtud del contrato que el ICO ha firmado con los bancos, éstos deben garantizar que el coste de los préstamos está “en línea” con el existente antes de la pandemia. Además, tienen que “trasladar a sus clientes el beneficio derivado del aval público en forma, entre otras opciones, de menores intereses o mayor plazo, o más financiación, o periodo de carencia del principal”.

Tampoco pueden destinar los préstamos con aval público a refinanciar o amortizar créditos preexistentes de los beneficiarios. Sin embargo, eso es lo que hicieron a tenor de los datos que hizo públicos la patronal de pymes catalana Pimec el pasado mes de mayo. Según se desprendía de una encuesta a 432 empresas, el 15,9% de las operaciones con aval del ICO y el 36,6% del dinero prestado se destinaban a refinanciar deuda anterior de los solicitantes. De un importe medio de 195.000 euros, 71.400 compensaron otros productos financieros suscritos por las empresas con sus bancos. En concreto, el BBVA lo hizo en un 33,3% de las operaciones, Banco Sabadell en el 28,3%, Caixabank en el 9,3% y Santander en el 7,7%. Además, aseguraba Pimec, un 11,5% de las pymes encuestadas indicaba que la entidad financiera le había obligado a contratar productos financieros adicionales. Eso sí, Pimec precisa también que esas prácticas no son “ilegales” y que se han ido reduciendo con el tiempo. Preguntado al respecto por infoLibre, un portavoz del BBVA niega la mayor: “No hemos utilizado nunca las líneas ICO para refinanciar a clientes”.

“Eso no se puede hacer y es difícil de tapar porque los bancos tienen que dar cuenta al ICO al final”, apunta el profesor de la Universitat Pompeu Fabra José García Montalvo. Según explica, en los primeros meses de la pandemia hubo dos entidades financieras, cuyo nombre no quiere mencionar, que sí refinanciaron un buen número de operaciones antiguas con los préstamos avalados por el Estado. Pero el movimiento “se cortó en cuanto el ICO dijo que iba a hacer auditorías y el resto de los bancos se quejó”, recuerda. 

No obstante, la patronal de los empresarios de ocio y espectáculos renovó las denuncias el pasado mes de febrero. Según sus números, a una de cada tres empresas de su sector los bancos le han exigido “avales desproporcionados”, al 27,3% se le han aplicado intereses por encima de lo anunciado y a una de cada cuatro se le han denegado los créditos. Casi la mitad de los empresarios del ocio nocturno han solicitado préstamos avalados por el ICO, pero sólo el 23% de ellas ha podido ampliar el periodo de carencia para devolverlos. Por su parte, el Banco de España ha encontrado una correspondencia entre el importe de los créditos con aval del ICO y el grado de relación existente entre la empresa solicitante y el banco: si éste es la entidad principal de la empresa, el importe de la operación aumenta un promedio del 20%.

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En cualquier caso, estas prácticas irregulares no son patrimonio exclusivo de la banca española. El BCE ya ha advertido del “riesgo moral” que aparece cuando el Estado garantiza los préstamos: los bancos se sienten tentados de sustituir los créditos que ya tenían problemas para ser devueltos antes del covid por los nuevos con aval público. En el Reino Unido, un informe reciente de la Cámara de los Comunes que analizaba estos mecanismos de ayuda a las empresas recogía la denuncia de que los bancos restringen a sus propios clientes la concesión de los préstamos garantizados, mientras la demoran o rechazan para el resto. También se hacía eco de la exigencia de garantías personales a los empresarios que solicitaban créditos, una condición a la que el Gobierno británico puso coto prohibiéndola para operaciones por debajo de 250.000 libras y excluyendo que se pudiera reclamar la vivienda principal del moroso por encima de esa cantidad.

En España, mientras tanto, aparte de los expedientes de la CNMC, habrá que esperar a que el Tribunal de Cuentas fiscalice la concesión de los avales para tener una imagen completa de cómo ha funcionado la línea de ayudas. Lo hará este mismo ejercicio, en una tarea que ha sido incluida en el programa anual a iniciativa del propio organismo. 

En cambio, en otros países europeos como Francia o Italia se han creado comités específicos para supervisar los préstamos garantizados por el Estado, mientras que en Estados Unidos el Tesoro ha constituido una Oficina del Inspector General para la Recuperación de la Pandemia que “dirigirá, supervisará y coordinará las auditorías e investigaciones” sobre la gestión de los préstamos garantizados a las empresas. También se ha creado una Comisión de Vigilancia en el Congreso que no terminará sus trabajos hasta el 30 de septiembre de 2025. En Reino Unido, la Oficina Nacional de Auditoría –el equivalente al Tribunal de Cuentas español– ya emitió un primer informe en octubre del año pasado sobre los esquemas de ayudas a pymes y autónomos del Gobierno de Boris Johnson, y en diciembre publicó el suyo el Comité Público de Cuentas, dependiente del Parlamento.