Cuando fue nombrado jefe de la principal agencia de inteligencia de Afganistán en 2012, Asadulá Jalid ya había sido acusado públicamente de violaciones sistemáticas de los derechos humanos. En 2009, un diplomático canadiense que trabajó con él declaró ante una comisión parlamentaria que, durante su etapa como gobernador provincial, Jalid supuestamente dirigía un calabozo en el que era “conocido por torturar personalmente a los reclusos”. Jalid rechazó las acusaciones, que tachó de “propaganda”, pero posteriormente apareció en múltiples informes de periodistas y grupos de derechos humanos que denunciaban su implicación en detenciones arbitrarias, violaciones y torturas.
Sin embargo, nada de ello le impidió adquirir la ciudadanía de Dominica, una pequeña nación insular del Caribe cuyo pasaporte permite viajar sin visado a más de 130 países y territorios, incluidos los de la Unión Europea. Lo hizo en 2017, mucho después de que las acusaciones en su contra hubieran sido ampliamente difundidas.
Y Jalid, que más tarde se convirtió en ministro de Defensa de Afganistán, no era el único dominiqués reciente con un pasado oscuro. El principal científico nuclear de Sadam Husein, Jafar Dhia Jafar, conocido como el padre del programa nuclear iraquí, compró un pasaporte de Dominica en 2014. Sasi Milud Sasi Grada, coronel libio que sirvió a las órdenes de Muamar Gadafi, lo hizo al año siguiente. Son algunas de las miles de personas que han aprovechado el programa de “ciudadanía a cambio de inversión” de Dominica, que permite a los extranjeros comprar un pasaporte desde sólo 100.000 dólares.
Hasta ahora no había sido posible dibujar un mapa con sus nombres. Pero, con la colaboración de más de una docena de medios de comunicación, incluido infoLibre, el consorcio OCCRP y el Proyecto de Rendición de Cuentas del Gobierno, una organización sin ánimo de lucro con sede en Washington DC, han obtenido los nombres de unas 7.700 personas que han comprado pasaportes de Dominica en los últimos años.
Entre los grupos más numerosos de compradores hay rusos, chinos e iraníes, incluidas personas de considerable fortuna. Por ejemplo, dos multimillonarios rusos de origen azerbaiyano que posteriormente fueron sancionados tras la invasión de Ucrania: God Nisanov y Zaraj Iliev.
La lista también incluye a funcionarios gubernamentales –entre ellos el ex primer ministro de Jordania Samir Zaid Samir al-Rifai y el exgobernador del Banco Central de Irak Mustafá Jalib Mujif Alktab– que no están acusados de ningún delito, pero cuya condición de “personas políticamente expuestas” suele merecer un escrutinio adicional cuando crean empresas o abren cuentas bancarias.
A partir de la información obtenida en los registros mercantiles, se comprueba, además, que docenas de estos compradores de pasaportes de Dominica han utilizado sus nuevos documentos para crear empresas en todo el mundo.
La investigación de OCCRP también ha identificado a 48 personas que obtuvieron pasaportes de Dominica y luego fueron investigadas por las autoridades, acusadas de delitos o condenadas. En casi otra docena de ocasiones, terminaron como prófugos de la ley, huyendo de investigaciones o procesos penales en sus países de origen. En estos casos, no se puede acusar a Dominica de vender a sabiendas pasaportes a delincuentes. Pero los funcionarios del país caribeño no han respondido a las preguntas de OCCRP sobre si se ha revocado alguna de estas ciudadanías. En una entrevista de 2016, el entonces representante del país en la ONU presumió de que la isla lleva a cabo procedimientos de diligencia debida en profundidad sobre la vida de los posibles solicitantes. “Los que tienen algo que ocultar no se presentan”, aseguró. Sin embargo, en la misma entrevista, el responsable del programa de ciudadanía a cambio de inversión de Dominica reconoció que sólo el 2% de los solicitantes eran rechazados.
“Los pasaportes oro y las golden visas se diseñaron para los delincuentes”, explica Sophie In 't Veld, diputada del Parlamento Europeo y una de las políticas cada vez más críticas con este tipo de programas de ciudadanía: “Son una alfombra roja para entrar en la Unión Europea”.
Los expertos también afirman que el programa de Dominica responde a una larga historia de explotación. Más de 100 años de esclavitud, colonización francesa y británica, sumados a la la globalización, han dejado al país con pocas opciones de desarrollo. El país depende de la venta de las ciudadanías para financiar sus servicios públicos.
Nada de lo que hace Dominica es ilegal según el derecho internacional. “Los Estados tienen capacidad para establecer sus propias políticas de naturalización”, señala Madeleine Sumption, directora del Observatorio de la Migración de Oxford. Pero proporcionar pasaportes a figuras cuestionables entraña un riesgo para la reputación que puede acabar pasando factura a la isla, según advierte Kristin Surak, experta en golden visas.
“Las grandes potencias, como la UE, podrían revocar la exención de visado para entrar en su territorio, como ya ha ocurrido con Vanuatu”, indica Surak, refiriéndose a una sentencia de 2022 contra el archipiélago del Pacífico sobre su programa de pasaportes oro.
De hecho, Reino Unido, que antes permitía el libre acceso a los ciudadanos dominiqueses porque la isla es su antigua colonia, impuso recientemente la obligación de visado a los viajeros procedentes de la isla, alegando que se había producido un “abuso claro y evidente” del plan de compra de la ciudadanía. Según la ministra británica del Interior, Suella Braverman, Dominica había estado concediendo la ciudadanía a “individuos conocidos por suponer un riesgo para el Reino Unido”.
El primer ministro de Dominica, Roosevelt Skerrit, calificó entonces la medida de “desafortunada” e insistió en que su gobierno estaba tomando “medidas adicionales para reforzar el programa”. Añadió que el Ejecutivo aplicaba un sistema de controles y equilibrios “de múltiples capas”, gestionado por “agencias de primera línea especializadas en procedimientos de diligencia debida”.
Sin embargo, un solicitante de pasaporte de Dominica que tenía motivos para preocuparse por la verificación de antecedentes confesó a OCCRP que su propio proceso de diligencia debida no le supuso ningún problema grave ni incluyó preguntas. Ni el Gobierno dominiqués ni el primer ministro han querido contestar a la solicitud de OCCRP para que comentara estos hechos.
Pero en una reciente rueda de prensa se refirió a la investigación de OCCRP en los siguientes términos: “Sigue habiendo un intento por parte de algunos en este país de destruir el [programa de ciudadanía] y por eso están confabulados con periodistas internacionales y algunos periodistas regionales para propagar un montón de maldades y desinformación sobre nuestro programa, todo en un esfuerzo por destruirlo. Y algunas personas son parte de esto en Dominica sólo porque quieren sacar al Partido Laborista del Gobierno”.
El programa de ciudadanía a cambio de inversión, continuó Skerrit, “financia una parte significativa de nuestro desarrollo económico y social y el coste total del programa nacional de empleo, cerca de cinco millones de dólares cada mes. Se ha utilizado para construir miles de viviendas, mejorar la atención sanitaria y ayudar a la seguridad nacional”. “Hemos profesado tener un sistema robusto que atravesamos en diferentes capas de diligencia debida”, continuó Skerrit. “Si alguien se convierte en ciudadano de Dominica hoy”, “justificó, y mañana por la mañana hace algo y se encuentra en un problema con la ley, no se puede culpar al programa por ello”.
“Nos dijeron que no nos preocupáramos”
A tenor de sus propias palabras, el mago de las matemáticas Rakesh Wadhwa había descubierto cómo “reinventar el negocio del juego” cambiando las reglas de los casinos a favor de la casa. Este ciudadano indio se convirtió así en un magnate de los juegos de azar en Nepal, donde gestionó varios casinos y terminó envuelto en una grave disputa fiscal con el gobierno.
En 2010, huyó de ese país para evitar ser detenido por impago, según publicó la prensa local. Posteriormente, el Gobierno le retiró sus licencias de casino. Actualmente no tiene causas penales ni civiles pendientes en el país, aunque el Gobierno nepalí sigue incluyéndolo en la lista de morosos, por una deuda fiscal de 6,5 millones de dólares.
Wadhwa, que culpa de sus problemas al entonces recién formado gobierno comunista de Nepal, explica a OCCRP que la ciudadanía de Dominica fue literalmente un pasaporte para huir de sus problemas. Durante un tiempo, dijo, no pudo viajar a Singapur o Londres “a causa de las complicaciones legales y el lío en Nepal”. Fue entonces cuando se dio cuenta de que obtener la ciudadanía dominicana sería “una forma de sobrevivir”.
“Todos los que tenían condenas en Oriente Próximo querían comprar este pasaporte”, resalta Wadhwa. “Era otra oportunidad de vida y de negocio para ellos. Así que decidí comprar uno para mí”. Wadhwa obtuvo su pasaporte de Dominica en 2016. Dice que el proceso de solicitud, realizado a través de una empresa con sede en Dubái llamada Citizenship Invest, sólo tardó unas semanas. “Nombraron a una empresa estadounidense para llevar a cabo la diligencia debida sobre mis antecedentes y mis casos en Nepal”, detalla. “Cuando pregunté [a Citizenship Invest] si mis problemas legales serían un obstáculo... me dijeron que no me preocupara por ello, y que la empresa [estadounidense] encargada del compliance [cumplimiento] no examinaría los casos en curso por muy complicados que fueran”.
También indica que Citizenship Invest le prometió que la empresa encargada del cumplimiento daría el visto bueno rápidamente, y eso fue lo que ocurrió: “No me hicieron ninguna pregunta y me pidieron que me limitara a rellenar un formulario”. La luz verde llegó a los pocos días. “Me sorprendió”, añade. “Pero les quedé agradecido por darme esa segunda oportunidad de volver a vivir”. Citizenship Invest no ha respondido a la solicitud de comentarios que le envió OCCRP.
Una galería de delicuentes
Al imponer sus nuevas restricciones a los ciudadanos de Dominica, las autoridades británicas no explicaron con detalle a quién querían dejar fuera. Sin embargo, tras recopilar la lista de aproximadamente 7.700 nuevos titulares de pasaportes dominiqueses –que no está completa– OCCRP descubrió varios casos inquietantes.
En algunos de ellos, los pasaportes de Dominica fueron utilizados para crear empresas por personas sospechosas mucho después de haber sido acusadas de delitos en otros países.
Por ejemplo, el empresario jordano Mutasem Fauri y su padre Fayez adquirieron sus pasaportes de Dominica en 2010. Dos años después fueron detenidos, acusados de estafar decenas de millones de dólares a inversores y condenados a penas de prisión. Sus condenas están aún en fase de recurso.
Pero mientras el mayor de los Fauri cumple condena por un caso relacionado, Mutasem, que también fue condenado, consiguió eludir la cárcel. Desde entonces ha creado empresas en el Reino Unido, en las que figura Dominica como su nacionalidad y Emiratos Árabes Unidos como su país de residencia. Ni Fayez ni Mutasem ha contestado a las preguntas de OCCRP al respecto.
En otro caso, el ciudadano español Pedro Fort Berbel, que compró la nacionalidad dominicana en 2015, fue acusado dos años después por la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) de dirigir un esquema Ponzi y de fraude piramidal en ese momento valorado en decenas de millones de dólares. La SEC ganó una sentencia de 26 millones de dólares contra Fort Berbel y su empresa, Fort Marketing Group LLC, en 2019. Según el organismo, Pedro Fort y su empresa recaudaron unos 38 millones de dólares de más de 150.000 inversores en Estados Unidos y otros países entre 2014 y 2016, en un esquema Ponzi típico donde casi todos los ingresos procedían de fondos de otros inversores. Otros ingresos se destinaron a gastos personales de Fort Berbel, incluidos 1,25 millones de dólares utilizados para comprar su casa particular en el sur de Florida. Además, la SEC descubrió que el español había transferido millones de dólares a abogados con cuentas bancarias en Dominica abiertas en The Bank of Nova Scotia, FirstCaribbean International Bank y Royal Bank of Canada.
La SEC ha declinado comentar su caso y si se había devuelto parte del dinero. Font Berbel y su equipo jurídico tampoco han respondido a las peticiones de comentarios de OCCRP.
Hassan Nasser Jaffar al-Lami es un empresario iraquí que adquirió la nacionalidad de Dominica en 2017 y la mantuvo al menos hasta 2022, cuando la utilizó para registrar una empresa en el Reino Unido.
Mientras tanto, él y el banco islámico iraquí Noor, del que era accionista, habían sido objeto de escrutinio en varios medios de comunicación árabes e internacionales por su supuesto papel canalizando dólares de subastas celebradas por el Banco Central de Irak hacia grupos armados o bajo sanción.
“El rey de las facturas falsas”
En enero de 2020, una fuente anónima, identificada como una empleada del Banco Central de Irak, apareció en un canal de televisión libanés y se refirió a Lami como el “Qasem Soleimani financiero”, el general iraní asesinado con un dron en Bagdad por orden de Donald Trump en 2020. Según ella, Al-Lami usaba en facturas falsas de sus empresas para blanquear dinero de grupos armados.
La emisión también incluyó una carta filtrada que había enviado la Reserva Federal de Nueva York en octubre de 2019, donde pedía al Banco Central de Irak que dejara de proporcionar dólares al Iraqi Noor Islamic Bank y a varias entidades más ante la sospecha de que pudieran ser suministrados “directa o indirectamente” a personas y entidades bajo sanción internacional. Ese mismo año, The New York Times informó de que Al-Lami era “conocido en los círculos financieros iraquíes” como “el rey de las facturas falsas”.
En febrero, varios medios iraquíes informaron de que Al-Lami y su hijo habían sido detenidos por presunto contrabando de dólares. Según se publicó, Al-Lami fue puesto en libertad después. Las autoridades iraquíes no han respondido a las preguntas de OCCRP sobre el motivo de la detención de Al-Lami ni sobre si se enfrentaba a alguna acusación. Al-Lami tampoco ha contestado a la solicitud de comentarios que le ha enviado OCCRP.
La investigación de OCCRP también revela que un ciudadano iraní utilizó un pasaporte de Dominica para crear una empresa que fue sancionada por Estados Unidos el año pasado por facilitar la venta de decenas de millones de dólares de productos petroquímicos iraníes.
Crisis del plátano y huracanes devastadores
El camino de Dominica hasta convertirse en una potencia mundial en pasaportes vino dado, al menos en parte, por la necesidad económica. En la década de 2000, la crucial industria bananera de la isla se había visto sacudida por una resolución de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que eliminaba el trato de favor que recibía de varios países europeos. Esa decisión, así como un par de huracanes devastadores, sumieron a la isla en una profunda crisis.
La ayuda exterior del Fondo Monetario Internacional (FMI) “venía con condiciones”, explica Peter Clegg, profesor de relaciones internacionales de la Universidad de Bristol, al oeste de Inglaterra: “Dominica tuvo que recortar programas sociales”.
Así que la isla necesitaba una fuente alternativa de ingresos, y Dominica recurrió a los pasaportes. La decisión fue “de supervivencia”, apunta Clegg. “La cuestión moral no era importante”, continúa. “Dominica no tenía una estrategia de desarrollo coherente fuera del plátano”.
Oro verde
Debido a su accidentada topografía, Dominica nunca pudo convertirse en una potencia azucarera como muchas colonias británicas y francesas del Caribe. Pero el fértil suelo del país sí permitía otros cultivos como el café y, sobre todo, el plátano.
Conocido como el oro verde, el plátano representaba casi la mitad de las exportaciones del país en la década de 1980, aportando unos ingresos muy necesarios. Pero la dependencia de Dominica del monocultivo tuvo consecuencias devastadoras en la década siguiente. Sus exportaciones de plátanos no podían competir con las de sus rivales latinoamericanos en un mercado libre, pese a que el país recibía un trato preferencial en Europa a través de las cuotas concedidas a las antiguas colonias británicas, a las que se permitía eludir los aranceles.
Ese trato de favor terminó en 1997, cuando la OMC falló a favor de una denuncia de Estados Unidos y varios países latinoamericanos –presentada en nombre de multinacionales de la fruta como Chiquita y Dole– para poner fin al apoyo europeo a los productores de plátanos del Caribe.
Dominica ni siquiera era parte en el litigio, que enfrentaba a esos países con la UE. Pero, junto a otras naciones caribeñas productoras de plátanos, fue excluida del caso que decidía su futuro económico. “A la OMC no le interesaban los argumentos de Dominica”, precisa Clegg: “Sólo les interesaba el derecho internacional”.
La isla aprobó en 1993 la concesión de la ciudadanía a cambio de inversiones, pero no fue hasta el mandato de Skerrit como primer ministro cuando los pasaportes del país se hicieron populares entre grandes inversores de todo el mundo.
El entonces joven primer ministro de Dominica –tenía 32 años cuando fue nombrado– no sólo había heredado una crisis bananera, sino también una crisis política. Fue llamado para completar el mandato de su predecesor, fallecido en 2004, y se enfrentaba a unas elecciones casi inmediatas, por lo que necesitaba obtener resultados para su pueblo y recaudar fondos.
Una fuente de dinero era China. A principios de la década de los 90, la mayoría de los compradores de pasaportes dominiqueses procedían de Taiwán. Pero cuando Skerrit llegó al poder, se dedicó a vender el programa entre los ciudadanos chinos, como parte de una reorientación más amplia de la diplomacia del país hacia Pekín.
Pero Skerritt tenía planes más allá de Asia: su administración empezó a promocionar los pasaportes dominiqueses por todo el mundo, buscando inversores en lugares como Rusia y Oriente Próximo.
Intermediarios e inmuebles
Aún al frente del Gobierno, Skerrit se ha convertido en el primer ministro que más tiempo lleva en el cargo, mientras el FMI informa de que Dominica se está recuperando, al menos parcialmente, desde el punto de vista financiero. Y, según las cifras del Gobierno, el programa de pasaportes de Skerrit ha sido un éxito rotundo.
Entre 2009 y 2021, según el propio presupuesto estatal de Dominica, el programa de ciudadanía a cambio de inversión ha recaudado unos 775 millones de dólares para la isla. En los últimos años, la venta de pasaportes ha supuesto en ocasiones más de la mitad de los 300 millones de dólares de ingresos anuales de Dominica, ayudando a financiar programas gubernamentales y a mantener al partido de Skerrit en el poder.
El programa ha atraído a más de 70 empresas, que han sido autorizadas a facilitar el negocio de pasaportes privados del país. Varias de ellas también se han dedicado a la promoción inmobiliaria en la isla.
Una de las más destacadas es Montreal Management Consultants Est (MMCE), registrada en los Emiratos Árabes Unidos y dirigida por un hombre llamado Anthony Haiden. Además de facilitar la venta de pasaportes, la MMCE de Haiden también tiene una rama dedicada a la promoción inmobiliaria en Dominica, MMC Development, que se describe en su sitio web como la “principal empresa promotora del país”. Entre sus principales proyectos se encuentra la construcción de un nuevo aeropuerto internacional, valorado en 370 millones de dólares.
En otro proyecto de construcción de viviendas sociales en Dominica, MMCE consiguió entrelazar a la perfección sus negocios de pasaportes y de construcción. Después de que la tormenta tropical Erika azotara la isla en 2015, MMCE llegó a varios acuerdos con el Gobierno para construir viviendas resistentes a los huracanes. El proyecto contaba con un mecanismo de financiación que benefició a Haiden y a su empresa de dos maneras. Según una entrevista que Haiden concedió en 2018 a una publicación especializada en visas oro, el Gobierno reembolsó a MMCE los costes de construcción con las ventas de pasaportes gestionadas por MMCE que, según dijo, también se llevó una comisión de esas ventas. El dinero se pagaba a través de una cuenta en la que se depositaban las tasas cobradas por los pasaportes: una parte iba al Gobierno y otra parte se reembolsaba a la empresa de Haiden por las viviendas construidas.
“MMCE se beneficia tanto de las comisiones que cobraba a sus clientes como del margen asociado a su papel como promotor”, explicaba Haiden en la entrevista.
En respuesta a las preguntas de OCCRP, un correo electrónico enviado en nombre de Haiden sostiene que el esquema implica riesgos, pero también ofrece beneficios. “El ritmo de venta de las concesiones de ciudadanía no influye en el avance del proyecto, ya que MMCE compromete los fondos por adelantado para garantizar y asegurar la finalización y entrega a tiempo [de las viviendas]”, explica el correo electrónico. “Esta garantía tiene ciertos costes, tanto financieros como morales. La mayoría de los inversores rehúye esta operativa por considerarla una empresa de alto riesgo. Nosotros nos enorgullecemos de asumir los riesgos y tener éxito en la entrega de proyectos de gran envergadura”.
La unidad del gobierno que se dedica a tramitar las concesiones de ciudadanía se encarga también de llevar a cabo los procedimientos de diligencia debida de los solicitantes antes de su aprobación, añade el correo electrónico. “Y como agente autorizado, MMCE contribuye adoptando un sistema de investigación de antecedentes muy estricto, antes de presentar las solicitudes de los posibles interesados”.
La empresa, continúa el correo electrónico, “no ha ayudado ni ayudará nunca a ninguna persona o entidad con antecedentes penales a obtener un estatus de inmigración o una segunda ciudadanía”.
Pero Haiden también ha hecho negocios directamente con el primer ministro Skerrit. En 2018, los documentos obtenidos por OCCRP revelan que una empresa de Haiden compró a Skerrit propiedades en Dominica por valor de más de más de 270.000 dólares. A partir de 2020, el Gobierno de la isla también estaba pagando a esa misma compañía alrededor de 140.000 euros al año por el alquiler de una mansión para el primer ministro en las montañas con vistas a Roseau, la capital del país. Tras ser criticado por el acuerdo, Skerrit prometió que no renovaría el contrato de alquiler, de dos años de duración.
Jessica Tillipman, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington (EEUU) considera que la relación entre Haiden y Skerrit parece plantear un conflicto de interés. En su respuesta a las preguntas de OCCRP, el portavoz de Haiden afirmó que éstee mantiene una relación “puramente profesional” con el primer ministro Skerrit, por quien siente un gran respeto.
Además de pagar por adelantado, una forma alternativa de adquirir la ciudadanía dominiquesa implica una inversión de 200.000 dólares en promociones inmobiliarias aprobadas por el Gobierno, proyectos que teóricamente crean puestos de trabajo para los habitantes de la isla.
Una empresa especializada en la tramitación de pasaportes y en la promoción inmobiliaria que se aprovecha de este sistema es Range Developments, también con sede en los Emiratos Árabes Unidos. Entre los proyectos que financió gracias a las inversiones de los compradores de pasaportes de Dominica figura la construcción de un hotel cerca del parque nacional de Cabrits, en el norte de la isla.
Una lista de “terceros clientes” de Range obtenida por OCCRP incluye a Asadulá Jalid, el ex jefe de inteligencia afgano acusado de violaciones de los derechos humanos. En respuesta a las peticiones de comentarios de OCCRP, Range señala que “los solicitantes interesados sólo pudieron invertir en el proyecto una vez que fueron aprobados por el Gobierno, lo que significa que pasaron los procesos de diligencia debida del Gobierno y fueron evaluados por el Gobierno como aptos para que se les concediera la ciudadanía”.
“Además, la inmensa mayoría de las solicitudes fueron tramitadas por promotores y agentes locales, no por Range Developments, por lo que realmente se trata de asuntos que escapan a nuestra comprensión o información”, argumenta la empresa.
La riqueza inexplicable del primer ministro
Mientras empresas como MMCE y Range compran sus pedacitos de paraíso, los cambios en la fortuna personal del primer ministro Skerrit no han pasado inadvertidos en la isla. “Creo que debería ser la persona mejor pagada del país”, bromeó Skerrit en un vídeo publicado en internet en 2021. “La mayoría de la gente gana más dinero que yo”, decía. Pero políticos de la oposición y otros observadores, incluidos diplomáticos estadounidenses, han planteado preguntas sobre su fortuna personal y si el dinero procedente del programa de pasaportes oro ha desempeñado un papel en su repentino enriquecimiento.
“La declaración pública de Skerrit enumeraba activos mínimos cuando se unió al Gobierno en 2000”, se lee en un cable del Departamento de Estado de Estados Unidos de 2009 publicado por WikiLeaks. “Skerrit no ha tenido ningún otro trabajo legal ni ha hecho ninguna inversión que le proporcione ingresos fuera de su salario oficial en el Gobierno de menos de 2.000 dólares al mes. Sin embargo, con este salario, Skerrit ha comprado sobre el papel múltiples terrenos en Dominica por importe de más de 400.000 dólares, pero con un valor de mercado muy superior, y está construyéndose una residencia palaciega en Vielle Casse, su ciudad natal”.
Al año siguiente, la Comisión de Integridad de Dominica se hizo cargo de una denuncia contra Skerrit presentada por Lennox Linton, destacado líder de la oposición. Linton alegó que el primer ministro había adquirido ocho villas frente al mar por valor de millones de dólares que no podían explicarse por sus ingresos legales. “Para financiar su participación en estas villas”, escribió a la comisión, “el primer ministro aceptó regalos, beneficios o ventajas”, contraviniendo el código de conducta adoptado para los funcionarios públicos.
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A petición de la comisión, Linton aportó un paquete de pruebas en apoyo de sus afirmaciones, incluidos correos electrónicos filtrados y una conversación telefónica grabada en secreto que supuestamente demostraban que Skerrit era el propietario de esas viviendas.
Tras invitar a Linton a una audiencia y examinar su denuncia, la comisión consideró que no contenía pruebas suficientes de regalos indebidos y dictaminó que cualquier irregularidad relacionada con la titularidad de las propiedades por parte de Skerrit tendría que ser examinada por la fiscalía. Consideraba necesaria una investigación más a fondo para determinar si Skerrit abusó de su cargo oficial. Se desconoce si se ha llevado a cabo.
Según el perfil de Skerrit en LinkedIn, su hijo asistió a una costosa escuela preparatoria de Nueva York. La esposa del primer ministro, Melissa, y varios familiares fueron relacionados por los medios de comunicación con un apartamento de 2,2 millones de dólares en Nueva York. Skerrit reconoció a Al Yazira que su familia vivía en el apartamento, pero lo justificó diciendo que se debía al “gesto amable” de un amigo de su esposa y negó haber hecho nada malo. La esposa del primer ministro y el propio Skerrit han declinado responder a las preguntas de OCCRP sobre este asunto.
Cuando fue nombrado jefe de la principal agencia de inteligencia de Afganistán en 2012, Asadulá Jalid ya había sido acusado públicamente de violaciones sistemáticas de los derechos humanos. En 2009, un diplomático canadiense que trabajó con él declaró ante una comisión parlamentaria que, durante su etapa como gobernador provincial, Jalid supuestamente dirigía un calabozo en el que era “conocido por torturar personalmente a los reclusos”. Jalid rechazó las acusaciones, que tachó de “propaganda”, pero posteriormente apareció en múltiples informes de periodistas y grupos de derechos humanos que denunciaban su implicación en detenciones arbitrarias, violaciones y torturas.