La pobreza energética en España se triplicó durante la crisis y afecta a uno de cada diez hogares

El índice de pobreza energética en España casi se triplicó entre 2007 y 2013, hasta alcanzar uno de cada diez hogares españoles, según el informe Pobreza energética en España. Análisis económico y propuestas de actuación, realizado por el centro de investigación Economics for Energy.

En concreto, la evolución de la pobreza energética desde el inicio de la crisis económica (2007) hasta el año 2013 se ha incrementado del 3,6% al 9,88%, hasta los 1,8 millones de familias, lo que supone casi el triple.

Según el estudio, la consideración de la renta en el cálculo de la pobreza energética es "especialmente relevante" para analizar la situación de los últimos años, ya que los datos confirman que la crisis económica ha contribuido a intensificar las diferencias entre las rentas más altas y las más bajas en España.

Así, dado que la pobreza energética, como faceta de la pobreza general, afecta en gran medida a los hogares con menos ingresos, se trata de un indicador claro de que el problema "se ha incrementado de forma importante".

Además, al incremento de la brecha entre rentas, se suma como agravante el considerable aumento de los precios de la energía, que en el periodo 2007-2014 han hecho que la factura eléctrica de un hogar medio en España haya crecido un 76% y un 35% en el caso de la factura de gas natural.

De esta manera, "los hogares con ingresos bajos, menores a su cargo, inestabilidad laboral y viviendo en régimen de alquiler representan el perfil de mayor vulnerabilidad", según indicó Pedro Linares, director de Economics for Energy.

Por comunidades autónomas, Melilla (23,4%), Ceuta (16,58%), Canarias (15,09%), Andalucía (15,05%) y Murcia (14,59%) son las que cuentan con mayor pobreza energética, mientras que País Vasco (4,93%), Castilla y León (5,77%), La Rioja (6,18%) y Galicia (6,22%) son las de menor.

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En lo que respecta a las alternativas para combatir la pobreza energética, los autores del informe proponen sustituir el actual bono social por una transferencia monetaria a tanto alzado (de cuantía fija) para afrontar todo tipo de gastos de energía financiada con cargo al presupuesto público, y no por las eléctricas, como ocurre actualmente con el bono social.

En concreto, consideran que el actual bono social, instaurado en 2009, presenta debilidades como que sólo es aplicable a la factura eléctrica, que representan el 60% de los gastos energéticos, y no protege específicamente a los consumidores "más vulnerables", ya que el 78% de los hogares que actualmente se benefician de él lo hacen por tener una potencia inferior a 3 kW, "lo que no implica vulnerabilidad a la pobreza energética", añadió Linares.

Asimismo, proponen el mantenimiento de una garantía de suministro básico de electricidad y combustibles, con la imposibilidad del corte eléctrico, como una medida subsidiaria que, de todas maneras, "no sería necesaria si el bono social estuviera bien planteado", señaló el director de Economics for Energy.