CONTRAPESO A LA ENTRADA DE STC
Operación recompra en Telefónica: el proteccionismo se impone en la UE para frenar a inversores de riesgo
"No tiene ninguna ventaja que el Estado sea dueño de empresas". Son palabras del exministro de Economía en los gobiernos de José María Aznar, Rodrigo Rato, que tuvieron una traducción real en un rosario de privatizaciones de entidades públicas durante su etapa. Aunque la de Telefónica en concreto había comenzado antes, con el socialista Pedro Solbes al frente de la cartera de asuntos económicos. El proceso se cerró en 1997, ya con Rato sentado en la vicepresidencia del Consejo de Ministros.
El vehículo elegido para hacerlo es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), grupo empresarial público adscrito al Ministerio de Hacienda, que “viene monitorizando la situación de Telefónica” y está llevando a cabo “un análisis exploratorio interno” de cara a “una eventual adquisición de una participación accionarial en dicha compañía”, según ha trasladado esta semana a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
De momento, se ha impuesto el silencio oficial en torno a la operación desde la SEPI, el Gobierno y la propia compañía. Una ausencia declarativa que fuentes internas de la primera comprenden, al entender que, de producirse, “tiene que atarse todo muy bien”, ya que “un desliz podría tener consecuencias desastrosas para una empresa cotizada”.
El origen de este movimiento habría que buscarlo en el desembarco en Telefónica hace casi dos meses de Saudí Telecom Company (STC), operadora estatal saudí que cuenta con un 4,9% del capital de la entidad que preside José María Álvarez-Pallete y tiene derecho sobre otro 5% a través de instrumentos financieros convertibles. En total, Arabia sobrevolaría controlaría alrededor de un 9,9%, una cifra que no es baladí.
La SEPI no ha especificado el porcentaje de capital con el que valora hacerse, si bien el 5% de Telefónica a precio de mercado ronda los 1.000 millones y habría que gestionar cómo extraerlos de las arcas públicas. Hay quien baraja la opción de que se usen vehículos como alguna entidad en la que SEPI tenga una participación minoritaria como Indra (27,99%) o Redeia (20%) y que se juegue con otros entes del conglomerado empresarial estatal con participaciones cruzadas.
En el ámbito económico varias fuentes coinciden en que la hipotética adquisición de acciones “no sería una buena medida”, porque “el Estado no debe estar presente en ciertos sectores, más allá de la regulación legal y el control de variables”, pero no con “una participación directa en una actividad productiva”. “Aunque lo cierto es que todavía lo hace a través de Renfe o de Correos porque en teoría son sectores muy estratégicos”, matizan, “y las telecomunicaciones no dejan de serlo, pero ya hace tiempo que es un área en manos de varias empresas y el Estado lo que tiene que hacer ahí es controlar desde fuera”, insisten. Rechazan, en definitiva, una “vuelta al proteccionismo”, pero no es una posición unánime.
Una apuesta política
Hasta ahora, lo que hay encima de la mesa respecto a Telefónica es una suerte de posibilidad que para convertirse en realidad necesita de una apuesta política. El visto bueno a la adquisición de acciones dependerá en última instancia del Gobierno de España. En ese sentido, otras fuentes apuntan que “no hay ninguna limitación legal” al hecho de que un Ejecutivo pueda tomar alguna posición de ese tipo y recuerdan que en otros países de Europa como Alemania o Francia “es habitual”. “Es una decisión gubernamental que en términos de derecho mercantil no tendría limitación legal, es política en esencia”, recalcan. De hecho, desde la órbita del Ejecutivo deslizan que confían en no tener que centrarse tanto en lo urgente en la próxima legislatura, por lo que se fijará la atención más en asuntos de índole económica de fondo y que el futuro también pasará por una mayor “defensa de los intereses estratégicos de España”.
En relación a esa calificación, las fuentes consultadas hacen notar que la propia noción de estratégico “es una palabra nueva en el lenguaje de la política industrial europea” y aseveran que, a nivel mundial, se transita hacia “permitir que los gobiernos puedan llevar a cabo decisiones de política industrial o empresarial que hace dos años hubiesen sido vistas como intervencionismo”. Un escenario en el que encajaría la jugada del Ejecutivo de Pedro Sánchez con Telefónica. Pero es que, además, no sería algo disruptivo con respecto a lo actuado.
Cuando en 2020 el covid dejó al mundo sacudido como un rifle disparado, el Gobierno suspendió las inversiones de fuera de la Unión Europea (UE) en compañías españolas de sectores estratégicos, cuando éstas supusieran situar la participación del inversor por encima del 10% del capital social de la empresa nacional, o le permitieran tomar el control del órgano de administración empresarial. Lo hizo a través del Real Decreto-ley de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19, en el que se reflejó una "amenaza cierta" de que se lanzaran operaciones de apropiación de las entidades nacionales por parte de inversores extranjeros.
Luego, en octubre de 2020, entró en vigor el Reglamento (UE) 2019/452 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2019, por el que se fijó un marco para el control de las inversiones extranjeras directas en la Unión. Su artículo 4 recoge que para evaluar si alguna de ellas puede afectar a la seguridad o al orden público, los estados podrán tener en cuenta sus efectos potenciales en ciertos ámbitos, entre ellos las infraestructuras y tecnologías críticas, suministro de insumos fundamentales como la energía, o el acceso a información sensible. El mismo punto del articulado dispone que los países miembros de la UE podrán considerar ciertas características del inversor, como su posible control por gobiernos extranjeros, que su inversión afecte o pueda afectar a la seguridad u orden público en otro Estado miembro o el posible ejercicio de actividades delictivas o ilegales.
Y hay más. Ivan Auciello-Estévez, investigador en Economía en la CY Cergy Paris Université y afiliado en Future Policy Lab, apunta a otra norma: el Real Decreto 571/2023, de 4 de julio, sobre inversiones exteriores. En su artículo 18 se detalla el régimen de autorización previa para inversiones exteriores en España en actividades directamente relacionadas con la Defensa Nacional, por el cual se permitirían las inversiones en entidades estatales inferiores al 5% del capital social, “siempre y cuando no permitan al inversor formar parte, directa o indirectamente, de su órgano de administración”.
Una compañía comprometida con los intereses de Defensa
Telefónica es una compañía ligada también al Ministerio de Defensa, al ser una de las principales proveedoras de servicios digitales y de telecomunicaciones del Ejército. En este punto, Auciello-Estévez hace notar que STC adquirió el 4,9% del capital y los derivados a la vez, fue más tarde cuando solicitó que los últimos "se convirtieran en acciones" y es ahí "cuando ya superan el 5% de capitalización”. Es más, el investigador resta efecto sorpresa al proceso, teniendo en cuenta que, según indica, el Real Decreto del 4 de julio entró en vigor en septiembre, y el día 5 de ese mes es cuando se anunció la compra del 9,9% de las acciones por parte del ente saudí.
Los saudíes saben que, si el proceso de descarbonización sigue adelante, su fuente de ingreso principal desaparecerá como tal, y lo que están haciendo es diversificar en sectores estratégicos y uno es el de las telecomunicaciones
Para el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla y académico de la Universidad Autónoma de Chile José Manuel Cansino Muñoz-Repiso, ahora asistimos con Telefónica a la puesta de “un poco de orden tras el movimiento que ha hecho STC”. Se explica: “Los saudíes y todas las economías que han basado su riqueza en el petróleo saben que, si el proceso de descarbonización sigue adelante, su fuente de ingreso principal desaparecerá como tal, y lo que están haciendo es diversificar en sectores estratégicos y uno es el de las telecomunicaciones. Se están preparando, mientras tengan fondo soberano todavía, para seguir siendo ricos o muy ricos incluso después de que nadie les compre petróleo”. En ese contexto, el posible movimiento del Estado le parecería “acertado” y “muy oportuno”, al tratarse de “sin duda una empresa estratégica, no solo por lo que tiene en este momento, sino por todo lo que viene por delante, por el 5G”. A su juicio, la adquisición accionarial estaría justificada y en ese punto asegura que ya desde 2018 “la Unión Europea veía venir que estos fondos se iban a hacer con el control de empresas estratégicas” de la Eurozona.
Cansino no descarta que el Consejo de Ministros acabe autorizando la “maniobra de recompra” en Telefónica para “contrapesar” la entrada de STC.
En la política industrial ahora aparecen conceptos que hace unos años eran vistos como intervencionismo. El mundo ha cambiado y es imposible observar la transformación productiva y tecnológica sin grandes inversiones públicas
En la misma línea, la economista y socia de KSNET, Elena Costas, defiende que el paso al frente del Gobierno, de ocurrir, no le parecería “una decisión descabellada” teniendo en cuenta “los cambios de geopolítica internacional que estamos viendo en los últimos meses y años”. “Son varios los países, como EEUU y otras grandes economías, que están realizando elevadas inversiones públicas para aumentar su capacidad de transformación productiva”, desarrolla. En sintonía con lo señalado por otros expertos, resalta que “en la política industrial aparecen conceptos ahora que hace unos años eran vistos como intervencionismo, como podría ser la autonomía estratégica. El mundo ha cambiado y es imposible observar la transformación productiva y tecnológica sin grandes inversiones públicas”. Sobre Telefónica en concreto, expone que “se trataría de una compra en el mercado, como ha ocurrido con Arabía Saudí. Es una decisión de política industrial que ahora tiene sentido, debido a la dimensión de las transformaciones que tenemos delante, que necesitan que entre el Estado a cubrir un cierto riesgo”.
El ejemplo francés de EDF
¿Se están dando sólo en España este tipo de pasos? Ivan Auciello-Estévez tiene claro que no y recita un rosario de ejemplos en Europa: “En Francia se ha nacionalizado por completo EDF –Électricité de France S.A.–, su empresa de energía nuclear, y el Estado tiene presencia en otras empresas como Air France o Renault. Alemania ha nacionalizado Uniper, una empresa de gas, y posee participaciones en Lufthansa; e Italia las tiene en Alitalia. Y sucede en Noruega, Suecia u Holanda…”, enumera.
El peso del capital público en los operadores de telefonía sigue siendo considerable en varios países: en Alemania controla el 30% de Deutsche Telekom, en Francia el 23% de Orange y en Italia el 10% de Italia Telecom
Por lo que respecta a los operadores de telefonía, el peso del capital público sigue siendo considerable en varios estados: en Alemania controla el 30% de Deutsche Telekom, en Francia el 23% de Orange y en Italia el 10% de Italia Telecom. En el mapa europeo y en la esfera de las compañías de máximo nivel, sólo las británicas Vodafone y BT y las portuguesas Nos y Meo son 100% privadas. En España, en cambio, se produjo una salida total del Estado y ahora podría reentrar en Telefónica y eso sí es insólito.
Tras revisar a fondo lo hecho, el miembro de Future Policy Lab avisa de que “hay riesgos sistémicos a nivel global” como las guerras de Ucrania y Oriente Próximo, la crisis de los suministros, o cómo se mueva China, que están impulsando a Europa a tomar iniciativas para “no depender de terceros en la toma de decisiones estratégicas o reacciones de urgencias”. “Hay quien piensa que las nacionalizaciones de empresas pueden ser algo transitorio por el momento actual, mi opinión es que no debería ser así, porque todo país en sectores claves como defensa, nuevas tecnologías o infraestructuras tiene que tener cierto control”, añade. Y remata: “Hay que tener cuidado con la compra de acciones cuando baja la capitalización de empresas por parte de inversores de terceros países porque, por menos dinero, pueden comprar mucho más control”. Que España mantenga éste en el Consejo de Administración cree que es la “clave” en la operación Telefónica.
El acierto en lo que se articule será básico. Cabe recordar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declaró ilegal la denominada ley anti-EdF o ley Rato, que fue diseñada en 1999 para frenar la entrada de la eléctrica francesa en Hidrocantábrico. A la luz de aquella norma, cualquier empresa extranjera con capital público que quisiera comprar más del 3% de una eléctrica española tenía que pedir autorización al Gobierno. Habrá que ver qué es lo que cuaja finalmente con Telefónica.
