Los reproches de Bruselas a España: los cambios en pensiones, la deuda excesiva y el récord en paro y empleo temporal

Bruselas ha analizado el proyecto de Presupuestos que estos días se tramita en el Congreso y, aunque dictamina que cumple “en líneas generales” con los mandatos del Pacto de Estabilidad, no cumplirá ni este año ni el próximo el objetivo de déficit público, tampoco el esfuerzo fiscal exigido a España. En su análisis, publicado al mismo tiempo que las recomendaciones del Consejo sobre la última actualización del Programa de Estabilidad, la Comisión prevé que el déficit público español alcance el 2,7% del PIB, en lugar del 2,2% pactado.

Como, aun así, quedará por debajo del objetivo del 3%, Bruselas avala el proyecto de Presupuestos porque entiende que el déficit se corregirá “de manera oportuna”. La Comisión reprocha al Gobierno que haya elaborado unas cuentas “expansivas”, basadas únicamente en la confianza de que el ciclo alcista de la economía mejorará el déficit, y le “invita” a preparar “medidas adicionales dentro de la tramitación presupuestaria” para garantizar que el proyecto de ley cumple con el Pacto de Estabilidad.

Tampoco la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) cree que España cumpla la senda de déficit no sólo este ejercicio sino igualmente en los próximos tres años. Este miércoles difundió su propio informe sobre el Programa de Estabilidad actualizado, donde tacha de “improbable” el cumplimiento del déficit hasta el 0,1% del PIB en 2021 tal y como prevé el Gobierno. Para ello, debería recortarse el gasto público en un 2,4% del PIB, lo que a juicio de la AIReF también “resulta muy improbable” porque no está “sustentado en medidas con un grado de concreción suficiente”.

La Comisión destaca que las últimas medidas tomadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, desde las bajadas de impuestos hasta la subida de salarios para los funcionarios y el aumento de las pensiones pactado con el PNV, elevarán el déficit un 0,4% del PIB este año y un 0,1% en 2019. En concreto, la mejora de las pensiones mínimas en un 3% y del resto en un 1,6% en 2018 y un 1,5% en 2019 equivale a un aumento del gasto público del 0,2% del PIB en ambos ejercicios. Que sólo se sufraga “en parte” con la recaudación del impuesto a las tecnológicas que el Gobierno ha prometido crear antes de acabar este mismo ejercicio. La previsión de Hacienda es ingresar con esa tasa Google 600 millones este año y 1.500 millones el próximo. También pretende pagar el gasto adicional en pensiones mediante el ahorro en el pago de intereses de la deuda pública y con un menor pago de indemnizaciones por las autopistas de peaje quebradas, unos 200 millones menos de los 1.800 inicialmente previstos.

Sobre la subida de las pensiones también tiene su reproche la Comisión. Según resalta, que el Gobierno haya dejado en suspenso el Índice de Revalorización (IRP) del 0,25% y optado por elevar las prestaciones al ritmo de la inflación prevista, así como por retrasar la aplicación del Factor de Sostenibilidad a 2023, “pone en duda el compromiso [del Ejecutivo] con las reformas” de 2011 y 2013. Bruselas defiende ambas porque, a su juicio, ayudaron a “garantizar la sostenibilidad y la relativa suficiencia de las pensiones en el largo plazo”. Este mismo martes, el ministro de Economía, Román Escolano, negó que el retraso del Factor de Sostenibilidad y la suspensión durante dos años del IRP supongan una “marcha atrás” en la reforma de 2013 de las pensiones y aseguró que la revalorización pactada con el PNV es “excepcional”, un aumento “extraordinario” con el que se trata de “hacer llegar el crecimiento económico a los pensionistas”.

El lastre del paro y el abuso del empleo temporal

Pero la desconfianza sobre las pensiones no es la única crítica que lanza Bruselas a España en sus análisis. Entre los “desequilibrios macroeconómicos” reseñados, el Consejo cita la deuda pública y privada y el alto nivel de desempleo. “A pesar del fuerte crecimiento del PIB nominal, la deuda pública sólo se reduce lentamente”, apunta. La Comisión, por su parte, corrige el objetivo de deuda del Gobierno para este año, el 97% del PIB, elevándolo seis décimas.

Cuando Bruselas pasa al detalle, el panorama que pinta, un año más, es poco aleccionador. Destaca que aún en 2019 España tendrá una de las tasas de paro más elevadas de la Unión Europea, lo que a su vez frenará los salarios y dejará la inflación por debajo del 2%. También se mantendrá el subempleo. No puede ser de otra manera si, además, España tiene el récord de empleo temporal en la UE. Los contratos no sólo tienen fecha de caducidad sino que, además, son muy breves, no suelen traducirse en un contrato indefinido y su uso se extiende incluso a los sectores donde la actividad no es estacional o cíclica, señala el informe. “Impiden que crezca la productividad, dan derecho a menores prestaciones y aumentan el riesgo de pobreza”, según la descripción del Consejo, que critica por ineficaz el actual sistema de incentivos a la contratación indefinida.

Igualmente se sitúa por encima de la media europea el porcentaje de personas que en España están en riesgo de pobreza y exclusión, lamenta Bruselas. No sólo vincula el empleo temporal y a tiempo parcial con los “trabajadores pobres”, sino que también subraya que las prestaciones sociales, exceptuadas las pensiones, son menos eficaces que en el resto de la UE y su impacto, además, se reduce cada año: rentas mínimas autonómicas y de inserción, ayudas familiares… “Muchas personas que las necesitan no las reciben”, apunta el Consejo. Su cobertura es baja y desigual.

Bruselas recuerda que en agosto de 2016, cuando estrechó la vigilancia sobre la economía española para que cumpliera el objetivo de déficit, pidió al Gobierno que tomara medidas para fortalecer sus leyes fiscales y de contratación pública. Sin embargo, casi dos años después, la Comisión lamenta que el proyecto de Presupuestos “no mencione la revisión de la regla de gasto de la Ley de Estabilidad”, ni incluya medidas para aumentar “los mecanismos automáticos” de esa norma “para evitar y corregir desviaciones de los objetivos fiscales”. Además, la Ley de Contratos del Sector Público, que entró en vigor el pasado mes de marzo, sólo tendrá éxito si se toman decisiones “ambiciosas” para desarrollarla, asegura el documento.