Las residencias de mayores enfrentan una segunda ola de covid-19 con un 15% menos de personal sanitario

Mientras los casos de positivos, hospitalizados y fallecidos por covid-19 baten récords, diarios, (aún bastante debajo del trágico periodo de finales de marzo y principios de abril), la situación empieza a ser preocupante en algunos servicios públicos. Últimamente la alarma ha saltado con la vuelta al colegio o el colapso de los centros de atención primaria, pero hay otro servicio del que se habla menos y del que llegan malas noticias: concretamente el más golpeado durante la crisis desatada por la pandemia la pasada primavera, las residencias de mayores, que vivieron una hecatombe en comunidades como Madrid.

Los centros de ancianos y geriátricos encaran un otoño con menos personal, según denuncian los sindicatos y reconocen a infoLibre fuentes de la patronal Aeste (Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia), una de las mayoritarias del sector, copado por empresas privadas y fondos. Según cálculos de CCOO, ha habido un éxodo de aproximadamente el 15% del personal sanitario a hospitales y centros de salud público.

Se trata de una estimación delicada ya que hay comunidades donde no se han podido recopilar datos, caso de la madrileña. Las causas del problema son múltiples y no necesariamente se deben a que los propietarios no inviertan: al abrirse el grifo -temporal- de las contrataciones en muchos hospitales, el personal sanitario de las residencias ha acudido en tromba a apuntarse.

Las plantillas están diezmadas: según las centrales, el absentismo por bajas laborales por contagio, agotamiento, estrés u otras ronda el 20%. Y otros factores, como las dificultades de contratar en estos momentos a figuras como la del auxiliar de enfermería.

No se han mejorado los ratios de personal

Casi 20.000 personas (según los datos oficiales) han fallecido en las residencias españolas por coronavirus. Los centros de mayores fueron el icono trágico de la crisis sanitaria. Pero tanto los gestores como los representantes sindicales coinciden en que las comunidades autónomas y el Gobierno no han tomado las medidas pertinentes en el capítulo laboral (como la financiación de las ratios de personal por cada 100 pacientes o la construcción de centros públicos) durante la relajación de las restricciones.

Los centros incumplen categóricamente uno de los puntos del decálogo de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) para el manejo del covid-19 en las residencias de ancianos, la cual dice que "en estos momentos se estima que es necesario reforzar las plantillas habituales de las residencias con un incremento mínimo del 20-25% del ratio de personal, especialmente en las residencias que tienen casos positivos de SARS-CoV-2".

La propia SEGG ya consideró en junio en un comunicado que "los ratios actuales de personal en las residencias de mayores son insuficientes".

Según Alfonso Valero, responsable de Dependencia de CCOO en Valencia, "actualmente hay un 30% menos de enfermeras en las residencias que en marzo y es raro el centro que tenga enfermería las 24 horas". Valero asegura que "no se puede garantizar una atención adecuada a las personas mayores. Se han perdido unos meses esenciales para afrontar la segunda ola". Su compañero Jesús Cabrera, de Andalucía, reclama un "esfuerzo presupuestario adecuado para incrementar las plantillas de los centros y mejorar las condiciones laborales y salariales".

El aviso general por reforzar las contrataciones también preocupa por las últimas informaciones. El viernes por ejemplo trascendió que un centro en Outeiro de Rei (Lugo) y otro geriátrico en El Puerto de Santa María (Cádiz) superaron el centenar de positivos respectivamente. En la Comunidad Valenciana los contagios en residencias ha crecido casi un 50% en diez días. El viernes se declaró un nuevo brote en un centro de Archidona (Málaga).

Trabajo completamente feminizado

Las noticias no son las del desastre que vivieron los geriátricos en lo peor de la pandemia (en 38 geriátricos de Madrid murieron 40 o más personas en marzo y abril) pero inquietan.

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Los consultados señalan en que la problemática laboral no solo afecta a los sanitarios, sino a todo el escalafón: fisioterapeutas, técnicas de animación, trabajadoras sociales y personal de servicios generales (cocina, limpieza, lavandería, mantenimiento), el más precario y el que más rápido se cubre. El trabajo en residencias está completamente feminizado, con nueve de cada diez mujeres empleadas según las centrales.

Las residencias vivieron tiempos horrorosos en lo peor de la primera fase en algunas regiones. La más perjudicada fue Madrid y las revelaciones posteriores sobre su gestión -hechas públicas por este medio- han generado muchas dudas sobre la gestión. De los casi 20,000 fallecidos totales en centros de ancianos de acuerdo con datos oficiales, entre mediados de marzo y finales de abril, fallecieron 9.470 mayores en los geriátricos de Madrid. Uno de cada cinco residentes madrileños.

Solo el 7 de abril murieron en las residencias de la comunidad 913 residentes. Antes, el 17 de marzo, se había enviado un protocolo a los centros y hospitales según el cual “los pacientes con sospecha de estar contagiados no son derivables a hospital por criterio de las autoridades sanitarias”. En los veinte días posteriores a la aprobación del Protocolo que restringía el traslado a los hospitales, 5.343 mayores murieron en sus residencias sin recibir atención hospitalaria. Se produjeron escenas esperpénticas: tal y como publicó infoLibre, las residencias públicas trasladaron a menos gente a hospitales que las privadas, abrumadoramente mayoritarias en la región. Los centros gestionados por la Comunidad realizaron el 8,8% de las derivaciones pese a tener el 11,2% de las plazas y registrar el 10% de los fallecidos.