La ministra de Vivienda choca con la realidad: los caseros "vulnerables" no llegan al 1% de la población

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ya sabe que los cien días de gracia a los componentes de un nuevo Gobierno se han pulverizado. Ha cogido el testigo de su predecesora en el cargo, Raquel Sánchez, y se ha estrenado envuelta en una constelación de críticas. En el acto de toma de posesión, optó por lanzar un mensaje a los pequeños propietarios, en especial a los que han dedicado todos sus ahorros a la adquisición de una segunda vivienda, y esto ha provocado un océano de reacciones. "Quiero tener un mensaje de tranquilidad y de esperanza, de sensibilidad con los pequeños propietarios. Tranquilidad, porque este Gobierno pisa la calle y somos conscientes de que en España, muchas personas, especialmente personas mayores, dedicaron todo su esfuerzo, todo su trabajo, todos sus ahorros, a la compra de una segunda vivienda que hoy complementa sus rentas. A ellos también les vamos a proteger", fue lo que aseveró. Entonces algo se quebró y se han sucedido los comentarios desde la propia izquierda en la línea del post que publicó en la red social X (antes Twitter) el diputado de Sumar y Más País Íñigo Errejón. “No es por aquí”, escribió, “esto es seguir alimentando el bloque social rentista que después hostiga cualquier intento de avance en derechos. Gobernar tiene que ser una herramienta para democratizar los poderes que no pasan por las urnas. Si no, siempre serás inquilino en el Estado”.

Pero los recelos no sólo se han producido en el ámbito político, fuentes del económico auguran que “cuando la ministra empiece a trabajar se dará cuenta de que ésa no es una prioridad en la actualidad, con un mercado de precios disparado y una realidad laboral compleja que impide que muchas personas accedan a una primera vivienda, no ya a una segunda”. Y con los desahucios de vuelta a la actualidad informativa.

Los estudios y estadísticas también van en esa dirección. Según el informe titulado ¿Cómo afectará el control del precio de los alquileres a los caseros?, publicado en marzo de este año y llevado a cabo por los investigadores Javier Gil, Lorenzo Vidal y Miguel A. Martínez, con la coordinación del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona, menos del 6% de la población adulta son caseros que alquilan una vivienda en propiedad. De ese trabajo se puede concluir, entre otras cuestiones, que, pese a que a menudo se recurre a los dueños que supuestamente dependen de los ingresos del alquiler para mantenerse como justificación, para no regular los precios, la realidad diseccionada va por otro lado. Muestra además que, si a los arrendadores se les restan los ingresos por alquiler, siguen siendo los hogares de mayor renta. Son una pequeña minoría de la población: entre un 3% y un 9% de los hogares. Según consta en ese informe, si se atiende a "la tasa de riesgo de pobreza -el porcentaje de población con ingresos por debajo del umbral de riesgo de ésta-, un 6,48 % del total de los hogares de caseros" podría calificarse de "vulnerable", cifra que "representa un mero 0,6 %" de la globalidad.

De otro análisis impulsado por el Instituto de Investigación Urbana de Barcelona, centrado allí y rotulado Generación inquilina: la gran brecha social. Encuesta sobre las condiciones de vida en Barcelona (2018-2022), se desprende que crece la población que vive de alquiler, del 38,2 al 40,1%, y disminuye la que posee vivienda en propiedad, de 57,6 a 55,8%. Un 49,5% son mujeres y un 48,3% hombres, mientras que un 2,2% no se identifica con ningún género.

Del 9,4% de los inquilinos que no tienen contrato o es un acuerdo verbal, un 68% son personas que realquilan habitaciones. Las agencias inmobiliarias intervienen en el 71,9% de los casos, lo que conlleva elevaciones de precios. Los grandes rentistas tienden a hacer más aumentos de alquiler que los pequeños y en los bloques de propiedad horizontal -por lo general diversos propietarios-, los inquilinos que han sufrido subidas son el 34,1%. 

Al investigador en Economía en la CY Cergy Paris Université y afiliado en Future Policy Lab, Ivan Auciello-Estévez, las palabras de la ministra le han sorprendido “por muchas razones”, pero, sobre todo, porque, a su juicio, suponen “un cambio en la dirección de la política del PSOE con respecto a mayo”, cuando se dio luz verde a la Ley de Vivienda que, “sin tocar los derechos” de los propietarios a los que aludió Rodríguez, “sí que parecía que había con ella la intención de centrarse en el derecho a la vivienda y no en el de la propiedad, con lo que esto cambiaría el paradigma”, diagnostica. Cree que lo dicho por la ministra “sigue el patrón de cómo se ha gestionado la vivienda los últimos 50 años” en el sentido de “preservar las facilidades que tuvo esa generación de acceso a una vivienda" y no de "dar respuesta a las dificultades actuales”. Auciello-Estévez comparte que proteger a quienes cuentan con una segunda vivienda no debería ser “una prioridad”.

Desde Future Policy Lab han elaborado el informe Vivienda para vivir: de mercancía a derecho que recoge “la evolución de la situación desde 2002 a 2021" y prueba que “ha habido cambios demográficos y de composición respecto a la tenencia de viviendas muy importantes y que han de ser respondidos desde la política”. Este estudio confirma que la gente que vive de alquiler “ha pasado del 13% en 2002 al 20% en 2020”, porcentajes que, en la franja de jóvenes menores de 33 años, van desde “el 27% a un 65%”. “La media de edad de inquilinos es de 46 años y la de arrendadores 57”, suma el investigador, para añadir que “los hogares propietarios con segunda vivienda son mayores de 60”. “Hay una desigualdad intergeneracional”, avisa. En su opinión, no se debe continuar con “la política que ha habido hasta ahora de promoción de la propiedad que ha facilitado la especulación, ya que la fiscalidad de la vivienda favorece a los propietarios respecto a los inquilinos”. Máxime, en una composición en la que “está bloqueado el acceso a la vivienda y la gente que puede comprar, principalmente lo hace con ayuda externa, por herencia o por ayuda familiar o similar”.

El afiliado en Future Policy Lab liga las frases de Rodríguez con “la sobre carga del IBI –Impuesto de Bienes Inmuebles, que quienes tienen doble casa, no pagan por la principal, pero sí por la otra–“. Ésta “responde al sobreconsumo de vivienda por parte de la clase media-alta, ya que acrecenta la desigualdad habitacional beneficiando a los propietarios”, afirma. Ello “sin contar la deducción del 60% de la cuota que pueden hacer los caseros que reciben de sus inquilinos”. Deja claro que no aboga por que “haya que desincentivar la propiedad per se, si no trabajar para que la vivienda sirva para vivir y no un negocio. Y desde luego, las personas que tienen más de una, tienen esa necesidad cubierta y no es la prioridad ahora”, concluye.

En el documento Vivienda para vivir: de mercancía a derecho se propone que el IBI se ligue al uso que se le dé a la vivienda y se hacen una serie de recomendaciones que incluyen regular el alquiler y fomentar la vivienda pública.

Escalada de precios en los últimos años

En relación al coste que deben sufragar los inquilinos para poder habitar sus hogares, los últimos datos del Índice de Precios de la Vivienda en Alquiler (IPVA), elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), marcan que éstos se elevaron un 1,6% en 2021. El 46,8% de los arrendatarios lo aumentaron y, de ellos, la mitad lo hizo por debajo del 5% y uno de cada cuatro por encima del 10% entre 2021 y 2020.

De cara al futuro, el portal inmobiliario Pisos.com proyecta para el cierre de 2023 un incremento interanual del 6% para el precio de la vivienda en venta y del 7% para los inmuebles en alquiler, según datos de su Balance anual del mercado inmobiliario y previsiones para el 2024. Por lo que respecta a 2024, prevé un "leve" incremento del 2% para la venta y del 1% en el caso de la vivienda en alquiler.

En ese contexto y tras lo manifestado por la ministra, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid puso el foco en redes en que ella es rentista. Ingresa 5.130 euros en concepto de arrendamiento al año, a la luz de lo reflejado en su última Declaración de Bienes y Rentas aportada al Congreso de los Diputados el pasado mes de agosto, accesible en la página web de esta institución. En dicho sitio web se puede comprobar que es propietaria de tres viviendas en Ciudad Real, una de pleno dominio al 100% y el resto al 50%. Tiene, de otro lado, varios créditos hipotecarios.

Un derecho constitucional

La referencia a los propietarios no estructuró en exclusiva el primer discurso de Rodríguez al recoger la cartera de Vivienda. La ministra resaltó que cada español tiene derecho, recogido en la Constitución, "a un techo donde albergar la educación de sus hijos o proyectarse personal y laboralmente". No se olvidó tampoco de los jóvenes y reconoció ser consciente de “la frustración de mucha juventud” que “tiene serias dificultades para acceder” a una casa en la que emprender un proyecto de vida. Rodríguez quiso subrayar, asimismo, que en la pasada legislatura se aprobara la primera Ley de Vivienda de la democracia y garantizó que trabajará para seguir buscando soluciones y para que ese asunto sea “una política de país”. Lo hará con todas las administraciones públicas y con los actores que operan en el sector. No parece que apueste por quedarse anclada en el tiempo y ya sabe que su actuación será escudriñada.