Hasta 771 defunciones podrían haberse registrado en España el pasado julio por el exceso de calor, según estimaciones del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), cifra que trepa hasta las más de 1.350, si se amplía el foco hasta el 9 de agosto; y desde los sindicatos advierten de que los trabajadores “son de nuevo quienes sufrirán las consecuencias" de ese estrés térmico "en mayor medida”.
Manuel Riera, técnico del área de Acción Climática y Transición Ecológica justa de UGT, lo tiene claro: “La clase trabajadora es la que no puede a menudo estar todo el día en su casa con el aire acondicionado puesto, comprarse un coche eléctrico para poder entrar en las zonas de bajas emisiones de las ciudades o colocar ventanas de doble cristal para aclimatar sus casas”, ejemplifica. En la misma línea, en el documento Negociación colectiva y diálogo social frente al calor y las olas de calor de CCOO se recoge que “el riesgo global de lesiones laborales aumenta un 1% por cada aumento de 1 grado de la temperatura por encima de los valores de referencia y un 17,4% durante las olas de calor”.
“Los trabajos informales y mal pagados, realizados por inmigrantes y mujeres, son también los más vulnerables”, se afirma, “porque suelen carecer de medidas de protección adecuadas en el trabajo y además tienen menos medios para hacer frente al calor fuera del trabajo (viviendas mal aisladas y sin aire acondicionado, lo que implica menos descanso, peor recuperación, etc)”.
Por el momento se han realizado pocos estudios e investigaciones sobre los efectos del cambio climático en el empleo, aunque, según se apunta en las Fichas ambientales para una UGT en Verde, hay alguno que ya ha estimado que en la Unión Europea (UE) “se pueden perder más de 400.000 puestos de trabajo para 2050 si no se toman medidas de adaptación”. Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) prevé que para 2030 se esfume el 2,2% de las horas de trabajo en todo el mundo como consecuencia del alza de la temperatura, un porcentaje equivalente a 80 millones de puestos a tiempo completo, y expertos de la órbita económica suman "una más que pronosticable pérdida de productividad" entretejida al calor.
Aunque lo expuesto afectará a toda la economía, algunos sectores “están particularmente en riesgo”, de acuerdo a la información que maneja UGT, en especial “los muy dependientes de los recursos naturales, como la agricultura, la silvicultura o la pesca”, pero no sólo ellos. “Los desastres naturales alterarán sectores como el energético y el agua, la construcción, el transporte y el turismo; destruirán infraestructuras críticas y se cobrarán vidas, con lo cual se incrementará la presión en los servicios de emergencia y salvamento, el sector sanitario y otros servicios públicos”, se asevera en la documentación consultada por infoLibre. Asimismo, al elevarse la probabilidad de los fenómenos extremos, las empresas bancarias y de seguros se verán salpicadas y al sector manufacturero y al industrial los alcanzarán previsiblemente efectos indirectos.
Una nueva estrategia
De ahí que sea necesario “actuar”. “Dentro de UGT tenemos un área de Acción Climática y Transición Ecológica Justa y nuestro objetivo principal es la defensa de la clase trabajadora en la transición ecológica y la acción climática”, sostiene Riera. Explica que “el concepto de transición justa, vinculado al empleo, nació en el mundo sindical” y que España se ha convertido en “punta de lanza en el mundo porque tenemos una Ley de cambio climático con un capítulo específico sobre el tema, un instituto de transición justa y quince convenios en los territorios en los que se están cerrando las centrales térmicas de carbón y las centrales nucleares”.
“Dentro del mundo sindical todos quieren conocer el caso de España, pero es cierto que, pese a que tiene cosas muy buenas, no es la panacea y no está funcionando tan bien como nos gustaría”, asegura. “No se trata sólo de dar solución al trabajador de la central térmica de carbón que cierra –señala–, también al de hotel o la ferretería que había al lado… Y una reivindicación que al Gobierno le está costando asumir es la de empezar a abrir el foco de la transición justa más allá del sector energético. Pero hay otros muchos que se van a ver igual o más afectados como el del automóvil, los agricultores, el mundo rural, incendios forestales… Y ya sabemos que la anticipación es la clave”, avisa.
A su juicio, “un buen diagnóstico es fundamental, hay que adelantarse y hacer una planificación con tiempo y con diálogo social para que las políticas que se puedan llevar a cabo no tengan un efecto negativo en la gente y no pase como con los movimientos que hay periódicamente en el campo. Ese descontento es un caldo de cultivo para la extrema derecha y hay que evitarlo. Para eso hace falta que la gente participe y que tenga alternativas”. En ese punto, Riera aporta que este año, “tendría que haber una nueva estrategia de transición justa, porque la ley de cambio climático mandata que haya una cada cinco años y la última es de 2019, pero no hemos sabido nada de ella, desconocemos cómo va y queremos participar”, lanza. Incide en que empujarán para que “se empiece a trabajar en otros temas más allá de la energía”.
En marcha un proyecto europeo de investigación
Del lado de CCOO, la Fundación 1º de Mayo lidera Adaptheat, un proyecto europeo de investigación, apoyado por otros cuatro socios internacionales –MASZSZ, FDV, ELINYAE, VU–, cuyo principal objetivo es estudiar los retos relacionados con la prevención de los riesgos derivados del calor en el ámbito del trabajo y de las relaciones laborales. En concreto, en España se ha fijado que en los lugares cerrados, la temperatura debe situarse entre 17 y 27°C para el trabajo sedentario y entre 14 y 25 para el ligero. El reciente Real Decreto 4/2023 introdujo medidas adicionales, como la restricción de determinadas tareas durante condiciones meteorológicas extremas y la modificación de las condiciones de trabajo en caso de alerta por calor, incluyendo la posibilidad de interrumpir la actividad cuando las medidas habituales no sean suficientes para garantizar la seguridad de las personas, sin que se reduzca el salario por ese motivo. El nuevo reglamento amplió estas últimas protecciones a las tareas al aire libre y estableció que las evaluaciones de riesgo térmico deben tener en cuenta las características del puesto, así como las condiciones personales o de salud.
Por qué murió más gente en el verano de 2003 si ahora hace más calor: Europa se adapta al cambio climático
Del análisis comparativo llevado a cabo en la órbita de Adaptheat se obtienen ya un rosario de conclusiones. Entre ellas, que pese a que “algunos organismos responsables de la salud pública empiezan a reconocer el trabajo como un ámbito que requiere protección específica frente a los efectos del cambio climático”, ese reconocimiento “aún no se ha materializado en propuestas de actuación significativas”. Es más, este estudio ha identificado una serie de dificultades a la hora de progresar, como “la existencia de marcos normativos insuficientes o incompletos en materia de protección de los trabajadores contra los riesgos del calor”, la “ausencia de sistemas de información fiables y rigurosos que permitan monitorizar el impacto" de las altas temperaturas "en la salud de la población trabajadora” o la “gran variedad de sistemas de medición del riesgo térmico utilizados”, muchos de ellos basados en “la temperatura del aire, y las mediciones in situ son poco frecuentes”.
A lo escanciado se añade que “muchas de las medidas de prevención adoptadas sólo están pensadas para los meses de verano, aunque las olas de calor se producen cada vez más en otros periodos del año” y que la normativa que ya hay sobre protección contra la exposición al hervidero térmico “no siempre está garantizada”. ¿Los motivos? La “falta de concienciación” sobre los riesgos del calor, la “resistencia de las empresas a aplicar medidas preventivas que supongan un coste económico, la ausencia “de recursos (o interés o prioridad) por parte de la Inspección de Trabajo para controlar el cumplimiento de la normativa vigente”; “el debilitamiento de la presencia y la capacidad de negociación de los sindicatos”; “la atomización del tejido empresarial y la preponderancia de las pequeñas empresas” o, directamente, “del trabajo autónomo”.
De ahí que se recomiende armar "sistemas nacionales o regionales unificados de alerta de riesgo por calor que sean específicos (lo más localizados posible), fiables y desarrollados de acuerdo con las pruebas científicas existentes sobre la fisiología del calor, y que, por tanto, no se limiten, por ejemplo, a medir la temperatura del aire, sino que incluyan la humedad y la actividad (como indicador indirecto del nivel de esfuerzo físico)”. O “elaborar una directiva europea específica sobre el trabajo y el calor que complemente las Directivas 89/391/CEE y 89/654/CEE”, en la que se marquen “con precisión reglas y normas aplicables en todos los Estados miembros, empezando por la definición de un límite de exposición profesional que sea claro y coherente con las pruebas científicas disponibles y las metodologías para medir el riesgo de exposición profesional al calor”.
Hasta 771 defunciones podrían haberse registrado en España el pasado julio por el exceso de calor, según estimaciones del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), cifra que trepa hasta las más de 1.350, si se amplía el foco hasta el 9 de agosto; y desde los sindicatos advierten de que los trabajadores “son de nuevo quienes sufrirán las consecuencias" de ese estrés térmico "en mayor medida”.