La Seguridad Social reclama al Santander las cuotas por 6.500 horas extra ilegales trabajadas en dos sucursales

Nada más asumir la presidencia del Banco Santander, Ana Patricia Botín compareció en el auditorio de la ciudad financiera de Boadilla del Monte (Madrid) para presentarse a la plantilla y someterse a sus preguntas. Esa tarde, el pasado 1 de octubre, Botín se comprometió ante sus 185.000 trabajadores a “mejorar la conciliación de la vida laboral y personal tanto de las mujeres como de los hombres”. Casi seis meses después, en la primera junta general de accionistas, Ana Patricia Botín recordó el “mucho tiempo” que había “pasado con la plantilla” desde que se hizo cargo de la presidencia. “En todas estas reuniones los equipos me han señalado que una de sus mayores preocupaciones es la conciliación, y esto es algo que ofrecen ya muchos competidores en Europa. Para esto, hemos anunciado una nueva política de flexibilidad para promover un mejor entorno de trabajo para los equipos, dedicada tanto a hombres como a mujeres”.

Sin embargo, si esa “nueva política de flexibilidad” se ha puesto en marcha, los trabajadores del Santander no lo han notado. Al menos en lo que a las horas extraordinarias se refiere, nada ha cambiado. La Inspección de Trabajo ha levantado acta de infracción contra el primer banco de España por las horas extraordinarias ilegales e impagadas durante los últimos cuatro años a los empleados de dos sucursales de Barcelona. Como consecuencia, la Seguridad Social le reclama las cotizaciones que la entidad no ha pagado desde 2011 por ese mismo concepto. Las oficinas, ubicadas en centros comerciales, tuvieron hasta enero de 2014 un horario comercial de 10 de la mañana a 10 de la noche. Desde esa fecha, cierran a las ocho y media de la tarde. Algunos de los empleados hicieron más de 600 horas extra al año, cuando la ley prohíbe superar las 80 horas al año.

El Banco Santander ha rechazado hacer declaración alguna a este periódico sobre la denuncia de Barcelona, el acta de infracción y la reclamación de salarios y cotizaciones.

A resultas de una denuncia interpuesta por el sindicato CGT, la Inspección de Trabajo visitó las dos sucursales del Santander, interrogó a los trabajadores y preguntó a la empresa. En una actuación “muy rigurosa”, según explican los expertos consultados por infoLibre, el inspector no sólo hizo constar las horas extra que realizan los empleados, así como la ausencia de su abono en las nóminas y la inexistencia del preceptivo registro por parte de la empresa, sino que además realizó un cálculo de las horas ilegales trabajadas desde 2011: la ley no le permite actuar más allá de esa fecha. Así, cada uno de los cinco trabajadores había hecho entre 458 y 616 horas extra ilegales y gratis cada uno de los últimos cuatro años.

En total, el Santander se había ahorrado el pago de 82.408 euros por el trabajo fuera de horario –6.492 horas extra– de sus cinco trabajadores. Pero también otros 23.321,66 euros que había defraudado a la Seguridad Socialdefraudado a la Seguridad Social: cada hora extra cotiza al 28,3%. Por tanto, el inspector de Trabajo envió el acta de liquidación igualmente a la Tesorería de la Seguridad Social. Ésta ya ha remitido a los empleados los TC1, los documentos oficiales donde figuran las cuotas que deben pagar trabajadores y empresa, con las horas extraordinarias reveladas por la Inspección. Los empleados las han confirmado sin hacer alegaciones.

57 millones de horas extra ilegales en la banca

Las horas extraordinarias ilegales e impagadas son un problema endémico en la banca española. Todos los sindicatos llevan años desarrollando campañas, con cientos de denuncias, ante la Inspección de Trabajo, que terminan en sanciones y son recurridas sistemáticamente por las entidades financieras. También el Santander ha presentado el correspondiente recurso en el caso de Barcelona. De hecho, todos los bancos –el de Botín incluido– niegan que en sus oficinas se trabaje fuera del horario establecido. 

En 2014, UGT presentó contra el Santander más de 100 denuncias ante la Inspección en toda España. Según sus cálculos, los empleados del banco de Ana Botín hacen 30.000 horas extra diarias que ni se les pagan ni cotizan a la Seguridad Social ni tributan por el IRPF –un 4,7%–. CCOO también ha hecho sus números: los empleados de la banca española suman 57 millones de horas extra ilegales que ahorran a las entidades 8.600 millones de euros y escatiman a la Seguridad Social 2.300 millones más. CGT cifra en siete millones las horas extraordinarias de la plantilla del Santander, el equivalente a 4.000 puestos de trabajo.

En el caso de las denominadas Oficinas Punto, como las sucursales de Barcelona, la Inspección destaca que la “estructura organizativa mínima para cubrir las necesidades de servicio” debería ser de cuatro personas. Sin embargo, en las oficinas denunciadas trabajan tres personas, y no siempre: en cinco meses de 2011 y nueve meses de 2014 y 2015, sólo hubo dos personas. Lo mismo ocurrió durante dos meses de 2010 y otros dos más de 2011. El Santander cuenta con un centenar de oficinas ubicadas en centros comerciales, que suman unos 300 trabajadores, según fuentes de la CGT.

Es decir, el banco se ha ahorrado 4,5 millones de euros por horas extra ilegales que no ha pagado a estos empleados, además de otros 1,4 millones que no ha abonado a la Seguridad Social, sólo en este tipo de sucursales –en toda España posee 907 oficinas–.A la Inspección de Trabajo el banco negó que “tuviera constancia de que se hicieran horas extra”. Tampoco aportó documento alguno que acreditara “cómo comprobaba que los trabajadores hacían la jornada que la empresa manifestaba y no la que los trabajadores manifestaron” al inspector.

“Ni la actuación inspectora ni las multas son disuasorias”

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En consecuencia, la Inspección aprecia tres infracciones graves y dos muy graves del Santander. Y le requiere que pague a los trabajadores las horas extraordinarias, que deje de obligarles a seguir haciéndolas por encima del límite legal y que cotice por ellas a la Seguridad Social. Las multas por cada infracción grave pueden ascender a 6.260 euros, y por cada infracción muy grave alcanzan los 187.515 euros. Además, el impago de las cotizaciones implica un recargo del 20% sobre la cantidad adeudada.

El problema, explican a infoLibre los inspectores de Trabajo, es que rara vez las sanciones prosperan. Las empresas recurren por la vía administrativa, lo que supone procesos muy largos. Y los trabajadores deben reclamar individualmente las cantidades ante los juzgados de lo Social. No siempre lo hacen, por miedo a comprometer su futuro en la empresa. “Ni la actuación inspectora ni las multas son disuasorias”, lamentan. También se quejan los inspectores de que carecen de instrumentos para controlar las horas extra. “Si el empresario te dice que esa jornada de más se la van a compensar con descansos en los cuatro meses siguientes, ya no puedes hacer nada”, aseguran. Además, lo habitual es encontrarse con una escasa colaboración por parte de los trabajadores. “En el Santander hay unos 200 despidos disciplinarios cada año”, explican fuentes de la CGT, “la mayoría son por baja productividad”. Por lo general, la empresa termina negociando con el trabajador una indemnización –el cese por motivos disciplinarios no da derecho a ninguna– porque sabe que el juez declarará improcedente el despido. En la carta al trabajador, el banco se limita a explicar que sus medias de producción “están por debajo de la media de los demás, sin más precisión”. Así, añade CGT, “se genera terror”.

La conjunción entre unos objetivos comerciales “inalcanzables”, la eliminación de 4.400 empleos tras la fusión con Banesto y la falta de inversiones en tecnología son el cóctel que dispara las horas extraordinarias en el Santander, apuntan los sindicatos. A su vez, la escasez de plantilla es una de las causas de la caída de la satisfacción de sus clientes en España: ha bajado 2,2 puntos porcentuales en 2014 y cuatro puntos desde 2010. Según su último informe de sostenibilidad, las reclamaciones de los clientes aumentaron un 60% en España el año pasado. Este mes de junio, Ana Patricia Botín destituyó de su cargo al responsable de Recursos Humanos, Jesús Cepeda, y ha creado una nueva división a cuya frente ha colocado a Jaime Pérez Renovales, exsubsecretario de Presidencia en el Gobierno de Mariano Rajoy.