POLÉMICA GESTIÓN PÚBLICO-PRIVADA
El SEPE vuelve a adjudicar las agencias de colocación a las empresas de formación que excluyó hace siete meses
El concurso del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para seleccionar agencias privadas de colocación ha dado un giro de 360 grados para regresar a donde partió hace siete meses. Después de que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales estimase los recursos de una treintena de empresas, la mesa de contratación del SEPE ha elaborado una nueva lista de adjudicatarios provisionales que excluye a las grandes ETT, Telefónica, la ONCE y los Salesianos, y devuelve los seis lotes del concurso a las mismas consultoras de formación que resultaron ganadoras el pasado septiembre.
En los próximos 10 días el SEPE comunicará a los candidatos la resolución, que aún no es oficial. Pero los interesados ya conocen la lista: Femxa –Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco–, Iniciativas Empresariales –Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares–, Master cum Laude –Aragón y Cataluña–, Consultora San Román –Madrid y Castilla-La Mancha–, Ibecon –Extremadura, Castilla y León, La Rioja, Navarra y Canarias– y Fundación Sócrates –Andalucía, Ceuta y Melilla–. Todas ellas son empresas de formación. Sustituyen a las multinacionales de los recursos humanos Adecco, Manpower y Eulen, a Telefónica Learning Services, FSC Inserta –de la Fundación ONCE– y a la Asociación Salesiana, a las que se les adjudicó provisionalmente el concurso en octubre.
El nuevo vuelco, en cualquier caso, no tiene por qué ser definitivo. Las empresas excluidas tendrán un plazo de 15 días para recurrir la adjudicación. Si las grandes compañías apartadas del concurso lo impugnan, se añadiría un retraso más de al menos un mes en la ya de por sí lenta y accidentada puesta en marcha de este sistema de colaboración público-privada. Desde diciembre de 2010, cuando el Gobierno del PSOE dio los primeros pasos hasta ahora, han pasado más de cuatro años. En ese tiempo, el paro llegó a dispararse hasta los 6,27 millones de personas en 2013, según la EPA. Hoy sigue sin trabajo el 23,7% de la población activa.
Este concurso del SEPE debe seleccionar las agencias privadas que se encargarán de encontrar empleo a los beneficiarios del Plan Prepara, los más difíciles de recolocar –parados de larga duración que hayan agotado las prestaciones, carezcan de ingresos y se sometan a programas de formación a cambio de una ayuda de 426 euros–, así como a los desempleados de Ceuta y Melilla. También han abierto sus propios concursos las comunidades autónomas. En Cataluña ya han empezado a trabajar con parados. También se ha cerrado el proceso en Castilla y León, Canarias, Navarra, Aragón, Comunidad Valenciana y Murcia. Consultora San Román se ha hecho con la concesión en esta última comunidad; Fundación Sócrates, en Castilla y León.
El número de oficinas, la clave que decidió el concurso
Fuentes de las grandes ETT no ocultan su malestar por la decisión del SEPE y no descartan ni el recurso ni las reclamaciones por daños y perjuicios. “Le han regalado el concurso a las empresas de formación”, se quejan. Han invertido dinero y contratado personal, locales y equipos que se llevan meses parados. Acusan a las consultoras de haber “mentido” al declarar un número de oficinas irreal. Y critican al SEPE por haber convertido ese parámetro –el número de locales– en el factor clave del concurso: representa el 70% de la nota final. El número de inserciones laborales realizada por las candidatas en 2012 y 2013 sólo equivale al 15% de la nota, y el precio de la oferta, el 15% restante.
Es decir, quien más oficinas presentara, ganaba el concurso. Esos locales pueden ser propios o bien las candidatas debían acreditar su “disponibilidad” tras suscribir acuerdos de colaboración con otras agencias. Pero no pueden subcontratarse. Así fue cómo, tras la primera valoración de las ofertas, en septiembre de 2014, el concurso lo acapararon empresas de formación que habían captado, incluso por teléfono y correo electrónico, el mayor número de oficinas posiblecaptado, incluso por teléfono y correo electrónico. La ley sólo se les exigía “una declaración responsable” de que efectivamente los locales cumplían los requisitos legales –accesibilidad universal, horario de atención al público de 25 horas semanales...–. La mesa encontró entonces “discrepancias” entre los datos de esas declaraciones responsables y los datos que sobre las empresas posee el Espacio Telemático Común del SEPE, además de “otras irregularidades” que le inducían a pensar que las primeras eran “erróneas o falsas”.
De ahí surgió la segunda lista, ya configurada como adjudicación provisional, que otorgó los seis lotes a las grandes ETT, Telefónica, ONCE y Salesianos. Los recursos de las empresas de formación consiguieron anularla. El Tribunal de Recursos Contractuales obligó a la mesa a repetir la evaluación de las ofertas y elaborar la lista que ahora tienen sobre su mesa los responsables del Ministerio de Empleo.
Las empresas de formación defienden la validez de sus ofertas y de las declaraciones sobre el número de oficinas de que disponen. La gallega Femxa, por ejemplo, presentaba un total de 2.298 centros. Por el contrario, las grandes ETT no llegaban al centenar, pero el número de inserciones laborales que decían haber firmado en los dos años precedentes superaba las 20.000 en el caso de Adecco y las 35.000 en el de Eulen. Femxa sólo declaraba 240: a las grandes ETT se les permitió considerar inserciones los contratos que firman con sus trabajadores. Mientras estas empresas defienden su larga experiencia en la intermediación laboral, las de formación destacan su mayor “capilaridad”.
La “chapuza” del acuerdo marco y del concurso
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Pese a la batalla que libran unas y otras por hacerse con este nuevo campo de actividad –sólo este contrato tiene un importe de 41,66 millones de euros–, todas ellas coinciden a la hora de calificar de “chapuza” tanto el acuerdo marco como el propio concurso. “Ambos están muy mal hechos”, protestan. El acuerdo marco seleccionó a 80 agencias privadas, tras un proceso que también quedó paralizado por los recursos de las excluidas y hubo de rectificarse por mandato del Tribunal de Recursos Contractuales. Mientras las ETT critican que se haya incluido en el acuerdo a empresas ajenas a la intermediación, las pequeñas agencias protestan por que sólo hayan entrado el 5,32% de las 1.502 autorizadas.
Sobre el concurso, todas las empresas participantes expresan su desconcierto ante los parches que el SEPE ha tenido que poner a lo largo del proceso. Por ejemplo, para cumplir con la última resolución del Tribunal de Recursos Contractuales, anunció inspecciones físicas de los locales declarados por cada candidato. Al final, esas inspecciones han sido telefónicas, aseguran algunas de las empresas. Otras han sido visitadas, pero por funcionarios de los servicios de empleo autonómicos. Y hay quien niega haber recibido ninguna inspección.
En estos momentos, y mientras intenta salvar el concurso, Empleo prepara dos nuevos reglamentos, para desarrollar la normativa sobre ETT y sobre las agencias privadas de colocación.
