DIÁLOGO SOCIAL

Sindicatos y patronal apuran la negociación sobre la reforma laboral: “Hasta el final no habrá acuerdo”

“Hasta el final no habrá acuerdo en nada”, zanjan fuentes de CCOO cuando se les pregunta por los avances en la mesa que negocia la derogación de la reforma laboral de 2012. Esta semana, que debería ser la última de discusiones, al menos en la intención tanto del Gobierno como de sindicatos y patronal, todos los intercambios son “con papeles”. “Las palabras valen lo justo”, explican. De modo que ahora ya cada parte está “pendiente” casi de cada coma y cada punto. Pero los avances se notan poco, según admiten tanto CCOO como UGT. Unai Sordo ha advertido este martes contra un “exceso de optimismo” que da por garantizado el acuerdo y el vicesecretario de Política Sindical de UGT, Mariano Hoya, protestaba la semana pasada por las muchas “cesiones” a la patronal que se estaban haciendo en la mesa y el peligro de que la reforma quedara por ello en un mero “lavado de cara”.

El Ministerio de Trabajo, por su parte, niega a infoLibre que se esté excediendo en las cesiones, “ni a una parte ni a otra”.

Este miércoles se reúnen el comité ejecutivo y la junta directiva de la patronal para evaluar las negociaciones. Y lo hacen después de que la semana pasada presentaran en la mesa del Diálogo Social una enmienda a la totalidad de lo debatido hasta entonces. Hasta ese momento, su actitud había sido poco participativa, se quejaban los sindicatos. Garamendi llegó a decir que las propuestas debía presentarlas el Gobierno, no la CEOE. Trabajo subraya, sin embargo, que la patronal “siempre ha estado a favor de un acuerdo”.

También se reunieron este martes, nada más terminar la negociación con el Gobierno, las ejecutivas de CCOO y UGT. Son reuniones ordinarias. “En la recta final de las negociaciones las ejecutivas se reúnen para ver si hay margen de acuerdo”, explican fuentes de la negociación. En este punto, añaden, las discusiones se vuelven más técnicas.

El Ejecutivo quiere tener publicada la reforma en el BOE antes del 31 de diciembre, aunque fuentes de la Comisión Europea aseguran a infoLibre que esa fecha es meramente “orientativa”. “Si el viernes no lo tenemos ya más o menos resuelto, veo muy difícil el acuerdo”, avisa el dirigente ugetista.

Sin reequilibrio de la negociación colectiva no hay acuerdo

A su juicio, no se ha aclarado lo que “desde el primer día” se han considerado como “temas fundamentales”: el reequilibrio de la negociación colectiva recuperando la ultraactividad –la prórroga automática de los convenios colectivos una vez caducados y mientras se negocia su renovación– y la prioridad del convenio sectorial sobre el de empresa. Pese a que ambos sindicatos y el Gobierno habían dado ambos temas por pactados, la CEOE sigue poniendo pegas a lo que había quedado ya por escrito, asegura UGT. Para los sindicatos, el convenio sectorial debe prevalecer en materia de salarios y jornada. Pero la patronal exige que se mantenga la prevalencia del convenio de empresa cuando éste sea más favorable a los trabajadores que el sectorial y se haya negociado con la misma legitimación reforzada de la parte social.

Y sobre la ultraactividad, que la reforma laboral de 2012 eliminó, los sindicatos subrayan que en la mayoría de los convenios está ya reconocida su extensión.

Sin embargo, las espadas siguen en alto. “El lunes tuve que leerle [a Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Empleo] el acuerdo de gobierno que firmaron Unidas Podemos y el PSOE", afirma Mariano Hoya. Este acuerdo, entre otras cuestiones, se comprometía a derogar “las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo, haciéndolo llegar más allá de las previsiones contenidas en el mismo, tras la finalización de su vigencia y hasta la negociación de uno nuevo”. También a derogar “la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales”.

Mariano Hoya advierte de que no se puede exigir un “ejercicio permanente de cesión” a UGT y CCOO en la mesa de negociación para que la CEOE se sume al acuerdo. “O se recupera la ultraactividad de los convenios o no va a haber acuerdo con los sindicatos”, recalcó por su parte Unai Sordo en un desayuno organizado por Nueva Economía Forum.

La mitad de los contratos duran menos de tres meses

Las medidas para combatir el abuso del empleo temporal también han atascado a los agentes sociales. Pese a que es unánime la convicción de que debe corregirse la segmentación del mercado laboral, que se traduce cada año en que el 90% de los contratos que se firman sean temporales y sólo un 10% indefinidos, no hay forma de acordar cuáles son las mejores herramientas para conseguirlo. De acuerdo con el diseño planteado por el Gobierno, los contratos temporales deben tener una causa bien determinada: atender a los picos de demanda o de producción. O deben servir para sustituir a otros trabajadores. Para casos excepcionales y tareas de corta duración, además, se discute que haya un contrato delimitado por un número máximo de días. El Gobierno planteaba 90, los sindicatos no quieren más de 60 y la patronal no se apea de los 120. Las partes están enzarzadas en la redacción. Para que los sindicatos acepten los 90 días quieren que se elimine la referencia a “contratos de campaña”. Y CEOE puede terminar rebajando los 120 días. "El último día no hizo demasiado hincapié en ello", admiten fuentes sindicales.

Lo que tampoco gusta a la patronal es la penalización –en forma de aumento de las cotizaciones a la Seguridad Social– a los empresarios que dan de baja a sus empleados en fines de semana o vacaciones para ahorrarse sueldos y cotizaciones. Es el palo para desincentivar la práctica de los contratos ultrabreves pero repetidos. En España se firmaron 22,5 millones de contratos en 2019, de los cuales casi la mitad, el 48,56%, duraron menos de tres meses. El 27,28% duraron menos de una semana.

Tampoco se ha avanzado mucho más en el terreno de los trabajadores fijos discontinuos. UGT y CCOO esgrimen la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que reconoce que deben computarse como antigüedad a efectos indemnizatorios también los periodos en que no estén trabajando estos asalariados. La patronal se opone. Y pide que se permita a las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) gestionar estos contratos.

Sobre subcontratación, otro punto que debería estar casi ultimado pues se lleva negociando –al igual que la ultraactividad y la prioridad del convenio sectorial– desde hace más de un año, los sindicatos y el Gobierno coinciden en que debe ser el convenio sectorial el que fije las condiciones laborales de los empleados subcontratados. La CEOE pretende que la responsabilidad de la empresa contratista respecto de la subcontratada se limite a lo que establezca el convenio.

RED: cerrado o abierto, según quien lo mire

Otro punto fundamental de la reforma, y del desacuerdo, está en el RED, el nombre que adoptarán los ERTE permanentes. El diseño planteado por el Gobierno suscitó el rechazo inmediato tanto de los sindicatos como de los empresarios. La idea es que los haya cíclicos, cuando la coyuntura económica general sea negativa, con un año de duración máxima, y estructurales cuando un sector sufra cambios de organización o producción que requieran la recualificación de sus plantillas. Estos podrán durar un año con dos prórrogas de seis meses cada una.

Ante las protestas de los agentes sociales, el Gobierno eliminó la posibilidad de que una empresa terminara despidiendo a los trabajadores acogidos a este esquema –que permite la reducción de jornada o la suspensión temporal del empleo–, y que la mitad de su indemnización quedara en manos del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), de donde podrían recuperarla si finalmente se les rescinde el contrato. También se ha incluido una mención expresa a que en ningún caso una empresa podrá utilizar su recurso al mecanismo RED para adoptar “medidas que afecten al empleo” –despedir–, o a las condiciones de trabajo –reducir salarios, por ejemplo–.

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Pero se mantiene que sean autorizados por el Consejo de Ministros, así como la necesidad de que sean aprobados por la autoridad laboral. Según explican fuentes de la negociación, Trabajo daba este martes por cerrado el mecanismo RED, no así los sindicatos.

De acuerdo con las últimas cifras facilitadas por la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, los trabajadores en ERTE han caído hasta los 80.000. Es decir, desde el 1 de diciembre su número se ha reducido en cerca de 45.000 personas.

“Hoy hemos avanzado porque no hemos retrocedido… parecía haber un poco más de predisposición al acuerdo, aunque sin abandonar todos el tacticismo negociador y sin cerrar nada”, resumían fuentes de la negociación el último debate.