Éstas son las empresas que acaparan el mercado de licencias VTC

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, anunció el pasado día 6 que está preparando medidas administrativas para evitar “burbujas especulativas” en la compraventa de licencias de Vehículos Turismo con Conductor (VTC). Muchas de esas autorizaciones, aseguró, están cayendo en manos de un único propietario. “Y cuesta creer que tenga intención de prestar servicio con todas ellas”.

De la Serna repetía así las denuncias que llevan tiempo haciendo las asociaciones de taxistas. Según la Federación Española del Taxi (Fedetaxi), las autorizaciones llegan a venderse en el mercado de segunda mano a precios 1.000 veces mayores de lo que costó obtenerlas: 36 euros por los trámites administrativos de solicitarlas. A preguntas de infoLibre, Fomento no ha detallado cómo va a evitar la especulación con las licencias, sólo que pretende conseguir que cada empresa utilice la autorización para explotarla, no para venderla en función de las condiciones del mercado. Los taxistas, por su parte, quieren que se impongan límites temporales a la reventa de las licencias, dos años, como ocurre con las licencias de taxi en Madrid.

Fomento tampoco ha precisado a este periódico cuáles son los datos que avalan la existencia de esa burbuja especulativa en un sector que ha tenido un crecimiento explosivo en muy poco tiempo. Pero el Registro de Empresas y Actividades de Transporte (CREAT) del propio ministerio proporciona cifras elocuentes. Ares Capital SA es propietaria de 483 vehículos con sus correspondientes autorizaciones. Pero, según la información a la que ha tenido acceso infoLibre, sólo en Cataluña esta empresa ha solicitado a la Generalitat –la concesión de las licencias es competencia autonómica– 800 autorizaciones.

Cabify, a través de 27 sociedades limitadas con nombres turcos que creó para adquirir estas autorizaciones, suma 64 vehículos, según el citado registro ministerial. Y a través de Maxi Mobility Transporte de Viajeros, 279 más. Además, la matriz de Cabify, Maxi Mobility Spain, también es socio único de otras empresas –como Iki Fiesta Ómnibus– que administra Eduardo Martín Gómez de Villalba, presidente de Unauto, la patronal de los VTC. También Marc Sarnito, que a través de Cab Car Madrid posee 17 vehículos, administra empresas cuyo socio único es Maxi Mobility Spain, según la información registral. Eduardo Martín ha solicitado a la Generalitat 30 licencias a través de Atlantis Media, que cuenta con siete autorizaciones registradas en Fomento, y otras 25 a través de Proinvertia Madrid. Además, comparte administración en otras dos firmas más –Johnston Ventures, Powerful Prestige– con Javier de Hoces Gómez, que ha solicitado 50 licencias en Cataluña a través de Icloud Laboratories y Freetown Business. 

Otra empresa de Madrid, Jojucar, suma 59 vehículos. Sólo en Cataluña ha pedido 20 licencias. Pero su propietaria, Servicar 25 Transporte de Viajeros SL, posee otras 44 coches, según el registro. Y ha solicitado a la Generalitat 20 autorizaciones.

Una sociedad anónima, Forever Tour Dreams, cuenta con sólo 10 vehículos registrados, pero en Cataluña ha pedido 360 licencias. Su administrador único, Antonio Bonet Vinos, es apoderado también de Youll Never Walk Alone SL, que administra Pedro Panizo Puebla. Éste, a su vez, ha solicitado a la Generalitat 34 licencias a través de VTC Desarrollo 2015. Panizo ya es dueño de 12 coches con VTC 11 Desarrollo 2015, indica el registro de Fomento.

Además, en las solicitudes de autorizaciones a la Generalitat destacan tres nombres, José Luis Gómez Corchero, José María Goñi Ayet y Miguel Ángel Martín Beti. A título particular y a través de varias empresas en las que aparecen como administradores, Taxi Travel Ticket, Travel Transfers, Radio Taxi Barcelona, Prestige and Limousine o Alquiler de Vehículos Costa Dorada, han solicitado 313 autorizaciones. La mayor parte de estas sociedades limitadas tienen un mismo domicilio social, en la calle de Plom de Barcelona.

Del taxi al VTC

El propietario de una de estas empresas, Travel Transfers, es Jesús Ramos Fernández, quien también ha pedido 150 licencias a la Generalitat a través de otras dos empresas –Publicidad y Marketing TaxiEspaña y La Ciudad de Taxi de Madrid– y como particular. Se da la circunstancia de que Fernández Ramos es socio único y administrador de Creditaxi Servicios Financieros, una firma que concede préstamos a taxistas. José María Goñi Ayet fue secretario general de la Federació Catalana del Taxi y vicepresidente de la Unión Nacional de Asociaciones Libres de Autopatronos y Empresarios del Taxi (Unalt) hasta mayo de 2011, pero ahora figura en el bando contrario: es el secretario general de Unauto, la patronal de VTC.

Inversiones Andalucía 2014, que tiene registradas en Fomento 21 VTC, ha solicitado en Cataluña 90 licencias, a las que hay que añadir otras 50 pedidas por su administrador único, Fermín Ruiz López.

Finalmente, cabe destacar las 250 licencias que ha solicitado en la Generalitat la compañía de autobuses Alsa, la mayor de España. Lo ha hecho con tres marcas distintas: Alsina Graells, Transportes Bacoma y Tibus.

En total, las solicitudes a la Generalitat catalana para licencias VTC suman 2.973. Según puede verse en las peticiones, las han cursado no sólo empresas catalanas, sino también madrileñas o andaluzas, por ejemplo. La ley les obliga a prestar el 80% de sus servicios en la comunidad donde están domiciliadas. En la Comunidad de Madrid, según los datos facilitados por la Consejería de Transportes, hasta ahora se han concedido, tras la correspondiente resolución judicial, 2.263 autorizaciones. En la Comunidad Valenciana y Andalucía se han solicitado 1.000 más en cada una.

Pero puede que en poco tiempo se pongan en el mercado miles más, dependiendo de cómo falle el Tribunal Supremo sobre las licencias solicitadas entre 2013 y 2015. Son unas 3.300, explica Jesús Fernández, vicepresidente de la Federación Profesional del Taxi. Porque las que circulan ahora en el mercado, tras ser concedidas por las comunidades autónomas, son producto de las numerosas sentencias del Alto Tribunal sobre solicitudes cursadas antes de esa fecha.

El precio se duplica

El motivo de este baile legal son los agujeros de la Ley Ómnibus de 2009, que pretendió liberalizar todos los servicios y eliminó el cupo de una licencia de VTC por cada 30 de taxi. La solicitud de licencias se multiplicó entonces, pero las comunidades autónomas las denegaron a partir de 2013 cuando el Gobierno restableció la ratio 1/30. Los interesados recurrieron en los tribunales y a partir de enero de 2014 el Supremo empezó a dictar una auténtica catarata de sentencias a su favor. A los gobiernos autonómicos no les ha quedado más remedio que concederlas. Desde 2012 el número de licencias VTC se ha duplicado. Hasta el punto de que la ratio media nacional ha caído a sólo un VTC por cada 11,5 taxisratio. En Madrid es incluso menor, uno por cada siete. Según las últimas cifras, a 1 de junio, publicadas por Fomento, en España hay 64.714 licencias de taxi, por 5.727 de VTC.

A pesar de la inseguridad jurídica, el mercado ha crecido. Los VTC negros, de cristales traseros tintados y conductores con corbata y traje son ya parte del paisaje habitual en las calles de las grandes ciudades. En octubre de 2014, se pagaban 30.000 euros por una licencia VTC. Hoy se pueden encontrar anuncios en internet por 60.000 euros o más en Madrid o Barcelona. Las de taxi son mucho más caras: se pueden vender por más de 150.000 euros. En informe reciente, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) cifra en un 500% la revalorización que han experimentado las licencias de taxi entre 1987 y 2016 por culpa de las restricciones que impone al mercado la regulación en el sector.

Ese mismo mes de octubre de 2014, el presidente de la Federación Nacional de Empresas de Alquiler de Vehículos con y sin Conductor (Feneval) , Miguel Ángel Cazcarra, reconocía a infoLibre que muchas empresas habían solicitado un número desorbitado de licencias “por motivos especulativos”. Y aseguraba que en Barcelona se llegaban a pagar entre 70.000 y 80.000 euros por ellas.

La Fiscalía investiga

La Fiscalía de Málaga ha abierto diligencias para investigar si Ares Capital, la empresa con mayor número de autorizaciones de VTC, especula con ellas. Lo hace a instancias de una denuncia presentada por Fedetaxi ante la Fiscalía General del Estado y la Especial para Delitos Económicos, que incluye también a Cabify y sus empresas con nombres turcos. Según explica a este periódico el presidente de Fedetaxi, Miguel Ángel Leal, hay quien vende porcentajes de licencia, un 12%, por ejemplo, por 20.000 euros. Por eso, las asociaciones de taxistas han pedido también que la Inspección de Trabajo investigue las condiciones de trabajo de muchos chóferes de VTC, “en realidad falsos autónomos”.

Además, para el próximo mes de julio esperan los taxistas que el ministerio publique la orden que pondrá matrículas azules tanto a los taxis como a los VTC siempre que cumplan con los requisitos exigidos por la ley: ficha técnica y tarjeta de transporte en regla. Así se pretende dejar fuera de circulación a ilegales e intrusos.

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infoLibre ha preguntado a Cabify por las autorizaciones que poseen su matriz, Maxi Mobility, y su red de sociedades, también por las que ha solicitado a la Generalitat catalana. Además, se le inquirió sobre la finalidad de las casi 30 sociedades con nombres turcos. Pero no ha contestado. “Cabify no cuenta ni con licencias ni con vehículos propios”, asegura. Dice que no las adquiere de la Administración. Por el contrario, la empresa se define como “una plataforma tecnológica que únicamente pone en contacto a un usuario con el vehículo que mejor se adapte a su necesidad”, pero también como “una agencia de viajes”.  Tampoco ha querido contestar sobre su relación con Eduardo Martín y Marc Sarnito “por temas de privacidad”. “Nuestra estructura societaria es sobradamente conocida por la Administración pública española”, contesta. Además, destaca la sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Madrid que desestimó la semana pasada una demanda de la Federación Profesional del Taxi de Madrid por competencia desleal  y violación de las normas de transporte.

En un comunicado difundido el pasado día 8 tachó de “absolutamente falso y carente de fundamento” que especule con las autorizaciones de VTC. “La transmisión de licencias debe ser conocida y autorizada por la Administración pública para que tenga validez y despliegue efectos jurídicos”, alega. Por tanto, añade, todas las que Cabify explota “han sido legítimamente autorizadas” por cada comunidad autónoma.

Por su parte, Ares Capital se ha limitado a responder a las preguntas de este periódico indicando que trabaja en el sector de VTC desde hace más de 25 años y que “dispone de este tipo de autorizaciones desde su fundación” porque son “indispensables” para realizar su actividad.