Andalucía quiere atraer empresarios, y ha puesto el foco en los que están instalados en Cataluña. El Gobierno andaluz, liderado por el dirigente popular Juanma Moreno, ha lanzado una campaña para atraer empresas que consiste en la bonificación del 100% del impuesto sobre el patrimonio y una bajada de los tres primeros tramos del IRPF. Para que no quede duda de sus intenciones, según publica El Español, el Gobierno andaluz abrirá una delegación en territorio catalán para “captar inversiones”. No obstante, no está claro que consiga atraer el perfil deseado: empresarios que generen actividad económica y empleo.
Un informe que analiza el impacto de la mencionada medida en la Comunidad de Madrid determina que esta medida sí consiguió atraer rentas altas, aunque fundamentalmente se trató de personas que viven de su capital (por ejemplo, inversiones o alquileres), que no generan actividad económica en la región. La investigación añadió que la comunidad madrileña consiguió duplicar el crecimiento del grupo que reúne al 1% más rico, así como aumentar un 4% su recaudación en el IRPF, a costa del resto de regiones, lo que provocó un aumento de la desigualdad entre estas.
La Comunidad de Madrid sí atrajo ricos desde 2011
El impuesto del patrimonio fue eliminado en 2008 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El expresidente socialista lo calificó de “desigual” y criticó que “penalizara el ahorro”: “Eliminaremos el impuesto sobre el patrimonio para todos los ciudadanos de este país. Prácticamente un millón de ciudadanos, fundamentalmente clase media”, dijo en un acto pocos meses antes de las elecciones generales de 2008. En 2011, trascendió que el candidato a la presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, le pidió recuperarlo. La Comunidad de Madrid, la región donde más impacto tenía, lo bonificó al 100%, para evitar su regreso.
En 2020 se publicó un estudio en la revista SSRN (Social Science Research Network), y revisado en 2022, que estudió la movilidad de patrimonio que generó la tributación descentralizada. Este analiza si esta medida del Gobierno de Esperanza Aguirre ha actuado de imán de riqueza frente a otras comunidades autónomas. Y la conclusión es positiva: el estudio detecta un aumento relativo del 10% en la cantidad de declarantes entre 2011 y 2015 (la línea roja de la gráfica).
Este aumento no se produjo en el resto de regiones, ni tampoco había ocurrido en la Comunidad de Madrid en los años previos a 2011. En total: 6.000 declarantes extra del impuesto, mientras que en el resto de comunidades fueron 375, según atribuyen a datos cruzados del Instituto de Estudios Fiscales y la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Para demostrar que el efecto imán se debió a la supresión del impuesto sobre el patrimonio, se estimó la evolución de los declarantes de personas que, aunque tenían rentas altas, no estaban obligadas a presentar el impuesto sobre el patrimonio. En este grupo no hubo aumento (en la gráfica, la línea azul).
El perfil de rico que se muda: jubilado, rentista y que no genera actividad económica
“Esto hay que analizarlo dependiendo de a qué se dedica ese rico”, explica el economista Alejandro Inurrieta y ex asesor del Ministerio de Economía. “Si es un profesional, por cuenta propia o ajena, no tiene demasiado incentivo. Sin embargo, si es un rentista, que vive de las rentas del capital, como inversiones o alquileres, podríamos pensar que sí. Como esas rentas se pueden gestionar desde cualquier sitio, no existe atadura profesional. No está apegado a una infraestructura empresarial. Para este perfil puede ser interesante decir: si en Cantabria tributo 'x', y en Andalucía tributo cero, pues sigo gestionando mi patrimonio desde allí”, explica el economista.
Este extremo queda también confirmado por la mencionada investigación académica, que determinó que el grupo de personas que se trasladó a Madrid tiene de media 65 años y vive principalmente de las rentas del capital, no del trabajo. Es decir, de alquileres, intereses, dividendos, etc. El economista considera que, por ello, esta medida no tiene ningún impacto sobre la actividad económica ni el empleo: “Estos anuncios son propagandísticos, de carácter político. No tiene base económica ninguna. Cuando Moreno Bonilla dice: ‘Venid a Andalucía’, con todos mis respetos, el consejero delegado de una empresa industrial catalana no tiene ningún incentivo para instalarse en esa comunidad”, explica Inurrieta.
El PIB per cápita en Andalucía es de 17.747 euros, frente a los 27.821 de Cataluña, lo cual implica una enorme diferencia en la capacidad de consumo de los hogares y de inversión de las empresas. “Esto tiene un recorrido económico nulo. Es el cuento de la lechera. Las empresas no se van a trasladar, porque dependen del impuesto de sociedades, que es el mismo en toda España”, añade Alejandro Inurrieta.
“Los empresarios no van a plantearse cambiarse de comunidad por este motivo, principalmente por una cuestión: las empresas familiares ya tienen una gran cantidad de exenciones fiscales. De esto nunca se habla, pero estas exenciones generan unos ahorros fiscales escandalosos. Están exentas de pagar impuesto al patrimonio. Si un empresario fallece y transmite las acciones de su empresa a sus hijos, tienen un descuento del 95% del impuesto de sucesiones. Por ejemplo, Amancio Ortega no paga impuesto al patrimonio por sus acciones en Inditex, porque gestiona su patrimonio a través de una empresa familiar”, explica el profesor Albert Sagués, que imparte Economía y Empresa en la Universidad Pompeu Fabra.
El fundador de Inditex dispone de 1.848 millones de acciones de la empresa textil a través de Pontegadea, la empresa que gestiona el patrimonio familiar. La acción de Inditex cotizaba este viernes a 21,04 euros, por lo que Ortega tiene un patrimonio de 38.881 millones de euros en acciones que queda fuera del margen de actuación del impuesto. “Siguiendo este ejemplo, Amancio Ortega no se mudaría a Andalucía, no tiene incentivo”, sentencia el profesor. El Instituto de la Empresa Familiar estima que el 88,8% de las empresas son de esta naturaleza. Estas son las responsables de generar el 57,1% del PIB.
Leonardo Neri, experto en asesoramiento fiscal a grandes patrimonios y socio codirector del despacho de abogados Montero-Aramburu, explica a infoLibre que el aspecto tributario sí tiene peso en las decisiones de sus clientes a la hora de fijar la residencia, especialmente en los que viven del capital: “En muchos casos no es el motivo exclusivo para cambiar la residencia fiscal, pero hay que tenerlo muy en consideración. Tenemos profesionales a caballo entre dos comunidades autónomas, por ejemplo, que viven en Castilla-La Mancha y trabajan en Madrid. Pueden tener la residencia en un sitio y el trabajo en otro. El aspecto tributario tiene peso en la decisión”, explica el experto.
El asesor especifica que su despacho solo aconseja el cambio de residencia fiscal cuando hay un traslado real a un domicilio en otra comunidad: “No somos partidarios de hacer cambios ficticios, no tiene sentido”. Los autores de la mencionada investigación sí detectaron que había un porcentaje de cambios que eran “ficticios”: “Desafortunadamente no es posible cuantificar qué porcentaje de dichos cambios lo es, puesto que las estrategias que llevan a cabo los declarantes para eludir el impuesto son complejas y requieren de una gran cantidad de recursos por parte de las administraciones”, explicaron los autores en el blog Agenda Pública.
La competencia fiscal de Madrid
Los autores del estudio publicado en la revista científica SSRN determinaron que la Comunidad de Madrid consiguió aumentar su recaudación autonómica del IRPF, a costa de los ingresos de otras comunidades. Los autores determinaron que la región capitalina consiguió aumentar un 4% más de IRPF entre 2011 y 2015, en detrimento de aquellas comunidades de las que salieron las rentas altas que se trasladaron. Estas podrían haber perdido hasta un 5% en recaudación, tanto de IRPF como del impuesto sobre patrimonio, en comparación con la simulación de no haberse suprimido el impuesto. En general, la iniciativa madrileña se tradujo en menos recaudación nacional, primero por la supresión en sí de los ingresos vía impuesto sobre el patrimonio, y en segundo lugar, porque el IRPF de la Comunidad de Madrid tiene tipos más bajos, en comparación con otras comunidades.
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El efecto del impuesto también se ve en la concentración de riqueza. Una simulación estima que, sin movilidad de rentas altas entre comunidades, el porcentaje de riqueza en manos de los ricos debería haber aumentado en torno al 8,7% en la Comunidad de Madrid, siguiendo su tendencia. En la práctica lo hizo el 16%, casi el doble. Mientras tanto, dicha concentración disminuyó en el resto de regiones, propiciando un aumento de la desigualdad de riqueza entre ellas.
Un estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), publicado en 2017, evaluó el impacto que tiene en las comunidades autónomas el ejercicio de su derecho a elevar o reducir los impuestos que controlan. “La Comunidad de Madrid es la que se comporta de manera muy diferente a las demás, perdiendo más de 4.100 millones de recaudación (...)”. El informe determina que la Comunidad de Madrid en 2017 es la que menos recaudó en 2017, en comparación con el resto de regiones: 2.515 euros per cápita. “Si Madrid no hubiese utilizado su capacidad para disminuir impuestos, sus ingresos no financieros per cápita habrían aumentado a 3.147 euros”, señala el informe.
"Lo que pasa entre las comunidades autónomas es un problema global", señala Juan Arrieta, catedrático de Derecho Tributario de la Universidad Autónoma de Madrid. "Internacionalmente pasa lo mismo. La Comunidad de Madrid puede permitírselo porque juega con ventaja, tienes las cartas marcadas. Es la capital del país, un motor, económico. En ese sentido, la decisión de Andalucía me ha sorprendido más... Madrid puede recuperarlo a través del IRPF, porque le resulta más fácil atraer rentas altas, pero quizás Andalucía está sacrificando un dinero que sí es importante en su presupuesto", reflexiona el académico.
Andalucía quiere atraer empresarios, y ha puesto el foco en los que están instalados en Cataluña. El Gobierno andaluz, liderado por el dirigente popular Juanma Moreno, ha lanzado una campaña para atraer empresas que consiste en la bonificación del 100% del impuesto sobre el patrimonio y una bajada de los tres primeros tramos del IRPF. Para que no quede duda de sus intenciones, según publica El Español, el Gobierno andaluz abrirá una delegación en territorio catalán para “captar inversiones”. No obstante, no está claro que consiga atraer el perfil deseado: empresarios que generen actividad económica y empleo.