Un total de 39 ayuntamientos y la Diputación de Cádiz ocultan su contabilidad al Tribunal de Cuentas

Un total de 39 ayuntamientos y una diputación han incumplido la obligación de entregar su contabilidad de 2014 y 2015 al Tribunal de Cuentas, pese a los requerimientos que les ha enviado el órgano fiscalizador. Sus alcaldes deberán personarse antes de que termine este mes en la sede del Tribunal de Cuentas en Madrid para explicar por qué mantienen ocultos sus libros. De los incumplidores, todos ayuntamientos con más de 5.000 habitantes, 32 son andaluces. Dos son castellano-manchegos, otros dos de Murcia y el resto, de las provincias de Ávila y Barcelona y de la comunidad autónoma de Cantabria. La diputación díscola es la de Cádizdíscola.

Entre los municipios andaluces que no han rendido cuentas se encuentran los de Jerez de la Frontera, Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda, Puerto Real, Barbate, Tarifa, Isla Cristina, Utrera, Écija, La Algaba, o Alcalá del Río. Tampoco lo han hecho el Ayuntamiento cántabro de Santoña y el barcelonés de Montgat.

Éstos son los consistorios que han desoído todos los requerimientos del Tribunal de Cuentas a fecha de 11 de julio. Antes de ese día, un total de 22 ayuntamientos presentaron sus libros fuera de plazo, entre ellos los de Cádiz –la única capital de provincia–, Marbella, Vélez-Málaga y San Fernando.

Según el observatorio que el Tribunal de Cuentas ha creado al efecto, la comunidad autónoma más incumplidora es Andalucía. Sólo el 68,6% de sus entidades locales ha remitido las cuentas al órgano fiscalizador. Le siguen Castilla-La Mancha, con el 78,6%, y Murcia, con el 82,7%. Por el contrario, las más obedientes son Aragón –97,6%–, Baleares –97,3%– y Canarias –97,2%–.

Los más desobedientes, las mancomunidades

La media nacional de cumplimiento es del 87,5%. Las más desobedientes son las mancomunidades de municipios: sólo ha rendido cuentas el 63,7%. El 90% de los ayuntamientos lo hacen, y el 97,3% de las diputaciones. Estos porcentajes se refieren al cumplimiento final; las cifras se recortan sustancialmente, a veces hasta casi la mitad, cuando se trata de las entidades locales que presentan sus cuentas en plazo, antes de que el tribunal tenga que empezar con los requerimientos conminatorios.

Antes de acabar este mes de julio deberán acudir a Madrid los alcaldes incumplidores, acompañados de los interventores municipales, para explicar por qué no han presentado la contabilidad. Si se trata de motivos “estructurales, organizativos o de gestión”, apunta el Tribunal de Cuentas.

En caso de que, aun así, los ayuntamientos persistan en su negativa a rendir cuentas, el órgano fiscalizador puede incluso imponer multas a los alcaldes. De hecho, hasta 2011 el pleno del tribunal impuso 36 multas a alcaldes, con importes de entre 300 y 901 euros, que se repitieron en 13 de ellos. Pero desde entonces no ha vuelto a sancionar a ningún regidor municipal, explican fuentes de la institución. La cuantía de las multas es escasa porque no se han modificado desde 1988, pese a las reiteradas peticiones del tribunal en este sentido. La Ley de Transparencia califica como una infracción muy grave no rendir cuentas y permite sancionar a los altos cargos municipales por ello, incluso con la destitución.

El Tribunal de Cuentas lleva 14 años pidiendo sin éxito sanciones para ayuntamientos que no rinden cuentas

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Retener ingresos, negar subvenciones

Además, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local faculta al Ministerio de Hacienda para que retenga el importe de los impuestos estatales que corresponde a los ayuntamientos, si éstos incumplen su obligación de presentar las cuentas al órgano fiscalizador. Cada mes de noviembre, el tribunal envía a Cristóbal Montoro la lista de los municipios incumplidores. Pero la institución no revela si Hacienda ha hecho uso alguna vez de la prerrogativa que le concede la ley. 

El Tribunal de Cuentas ha pedido también de forma reiterada en sus informes que se nieguen subvenciones a las entidades que no muestren sus libros. Las comunidades autónomas de Galicia, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares, Madrid y Aragón han aprobado leyes que condicionan la concesión de ayudas a ayuntamientos y diputaciones a que éstos presenten sus cuentas a los correspondientes órganos de control autonómicos. En cambio, no existe aún ninguna norma que vincule subvenciones estatales y rendición de cuentas.