Los trabajadores del Tribunal de Cuentas piden a gritos la dimisión de su presidente por el traslado

Los ánimos están más que caldeados en el número 100 de la calle de Ortega y Gasset. Y no sólo porque la temperatura en las oficinas supere los 27 grados. Allí trabajan casi 600 funcionarios del Tribunal Cuentas desde principio de enero y allí permanecerán durante casi dos años mientras su sede oficial, un palacio construido en 1863, se somete a una completa renovación. El traslado ha sido polémico desde el comienzo y no sólo porque el Tribunal de Cuentas deberá pagar un alquiler de 1,8 millones de euros a Colonial, la inmobiliaria de Juan Miguel Villar Mir.

Los empleados del órgano fiscalizador dicen que no caben en el moderno edificio del barrio de Salamanca, de nueve plantas y una superficie total de 7.800 metros cuadrados. Si a la falta de espacio se le suma el mal funcionamiento del sistema de climatización y que no pueden abrirse las ventanas –es un edificio inteligente con regulación automática de la refrigeración y la calefacción– el resultado son temperaturas que superan las normas legales. “Hemos llegado a los 29 grados”, denuncian fuentes de la plantilla a infoLibre.

“El clima laboral es muy malo”, explican, “y su deterioro se viene arrastrando desde hace tiempo”. En concreto, desde que El País publicó la peculiar política de personal del órgano, con numerosos lazos de parentesco y enchufes, en junio de 2014. La mudanza a la calle de Ortega y Gasset no ha hecho más que azuzar el descontento. Las salidas a la hora del desayuno y la comida se han convertido en un nuevo motivo de malestar. Sólo hay dos tornos para el acceso del personal. Y no siempre funcionan. Los trabajadores se agolpan en el hall y las escaleras, los ascensores son insuficientes. Comienzan las protestas y los gritos: “¡Presidente, dimisión!”. 

Las mismas fuentes aseguran que las cisternas de los servicios no funcionan, y que las empleadas de limpieza tienen que cambiarse de ropa en el cuarto de máquinas. A una subalterna se le ubicó una mesa y una silla en un armario, como se puede ver en la fotografía adjunta. “No habían planificado dónde colocar a los subalternos, que se quedaron sitio”, aclaran, “pero los sindicatos protestaron y la sacaron de allí”.

Cuando se anunció la mudanza al edificio de la calle de Ortega y Gasset y tras una primera inspección, la junta de personal ya advirtió de que el inmueble no cumplía “las condiciones mínimas necesarias para el desempeño de las funciones” del Tribunal de Cuentas.

“Clima laboral deteriorado por la Comisión de Gobierno”

Este viernes, han confirmado fuentes sindicales, se llevará a cabo la preceptiva evaluación de riesgos laborales. Entonces podrá comprobarse si, como dicen los sindicatos, los niveles de CO2 en el edificio superan también los límites legales. Por encima de 800 ppm (partes por millón), el CO provoca dolores de cabeza, mareos o problemas respiratorios. En la sede provisional se han superado las 1.000 ppm, calculan las fuentes.

“Hay un clima laboral muy deteriorado, provocado por la reiterada actitud de la Comisión de Gobierno, que conduce a situaciones que podrían ser fácilmente evitadas y no ocurrirían si existiera un clima de paz social adecuado”, advirtieron CCOO, UGT, CSI-F, ACLA y AFCS en una nota emitida el pasado día 4. Los sindicatos contestaban así a un correo enviado por la Secretaría General del tribunal a los trabajadores donde se les comunicaba la entrada en funcionamiento de un nuevo sistema de control de acceso. Ese sistema no permite a los empleados recuperar el tiempo utilizado en una salida del edificio si éste excede los 30 minutos. Se le descuenta de la nómina. “Es un sistema insólito en nuestro país, tanto en el ámbito público como privado, al no permitir la recuperación ni de los más pequeños retrasos”, protestaron los sindicatos en su nota.

Tampoco le ha sentado muy bien a la plantilla que la Policía Nacional tenga que autorizarles el paso a la biblioteca o el registro o la sala de justicia. O los problemas para acceder a las plazas de garaje, que el Tribunal de Cuentas comparte con otros.

“Sólo hay 20 personas más”

Un portavoz del órgano niega que los trabajadores hayan pedido a gritos la dimisión del presidente, Ramón Álvarez de Miranda, y asegura que los problemas con la temperatura se deben a que los sistemas aún se encuentran “en fase de ajuste”. También rechaza los problemas de espacio que denuncian los trabajadores: “La diferencia con la plantilla que ocupaba antes el edificio [la Concejalía de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Madrid] es sólo de 20 personas”.

Además, explica que el nuevo sistema de control de horario se está negociando con los sindicatos y que las restricciones de seguridad las ha establecido la Policía Nacional, que es quien tiene la competencia.

Las fuentes consultadas por este periódico aseguran, además, que los responsables del tribunal estudiaron el alquiler de un segundo edificio, un palacete situado en las inmediaciones de la nueva sede con un alquiler de un millón de euros, para alojar a los consejeros del órgano, molestos por el escaso espacio y las condiciones de sus nuevos despachos. Algunos de ellos, sin embargo, rechazaron la idea, que quedó definitivamente arrinconada. El portavoz del Tribunal de Cuentas niega la existencia de tal proyecto.

El presidente del Tribunal de Cuentas y la Comisión de Gobierno, denunciados por un letrado

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Aún sin licencia de obras en la calle de Fuencarral

Mientras, las obras en el palacio de la calle de Fuencarral siguen pendientes de que el Ayuntamiento de Madrid otorgue la correspondiente licencia. “Se encuentra en trámites, imaginamos que se trata de un problema burocrático”, apunta el portavoz. Las obras se las ha encargado la Dirección General de Patrimonio, propietaria del edificio, a la empresa pública Tragsa, y afectarán a las instalaciones eléctricas, fontanería, saneamiento, climatización y ventilación del palacio.

La rehabilitación y la mudanza obligada de la plantilla se produce después de años de denuncias de la Junta de Personal del tribunal sobre el “pésimo estado” del edificio. Una inspección de la Dirección General de Industria de la Comunidad de Madrid detectó el pasado mes de abril hasta 160 defectos graves en el palacio. Incluso la Inspección de Trabajo emitió un requerimiento para que se subsanaran.