Las transferencias de España a paraísos fiscales se disparan un 34% desde 2012

El Gobierno recortó en 2015 la lista oficial de paraísos fiscales, creada en 1991 y actualizada en 2003, para reducirla de 48 a 33 países. Pese a ello, las transferencias de más de 30.000 euros desde España hasta estos territorios opacos y de baja tributación han crecido un 9% sólo en 2016 y nada menos que un 34,3% desde 2012. Así se recoge en el informe que ha elaborado la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales, dependiente del Ministerio de Economía, sobre el periodo 2012-2016.

En 2016, último año del que ofrece datos la comisión, se realizaron 414.357 transferencias a paraísos fiscales por encima de 30.000 euros, que son las que están obligadas a comunicar de forma automática tanto las entidades financieras como los notarios, abogados, registradores de la propiedad, asesores fiscales y promotores inmobiliarios, entre otros profesionales.

El informe no publica la cuantía total de esas transferencias pero, si se tiene en cuenta el mínimo de 30.000 euros, la cifra de dinero que se envía desde España hasta esa treintena de paraísos fiscales supera amplísimamente los 12.430,7 millones de euros.

En estos momentos, el Ministerio de Hacienda trabaja para revisar de nuevo la lista de paraísos fiscales, después de que la Unión Europea publicara la suyala Unión Europea publicara la suya el pasado mes de diciembre. Y esa relación es más pequeña aún que la española: sólo incluía 17 países. Además, en apenas mes y medio Bruselas ya ha anunciado que van a dejar de tener la consideración de paraísos fiscales ocho países: Panamá, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Túnez, Mongolia, Macao, Granada y Barbados. Aparte de los países de la lista, desde 2010 el Ministerio de Economía obliga también a informar de cualquier operación con Egipto, Filipinas, Guatemala, Indonesia, Myanmar, Nigeria, Ucrania e Irán.

25 millones en sanciones administrativas

El informe de la comisión sí cuantifica el importe de efectivo –billetes y cheques al portador– que ha cruzado las fronteras españolas y que, si supera los 10.000 euros, debe ser igualmente declarado. El importe de las declaraciones de entrada de efectivo asciende a 302,4 millones de euros, y el de salida, de 307,3 millones. En total, se movieron casi 610 millones de euros.

En el caso de que no se declaren esas cantidades, se confiscan y los responsables reciben una sanción. En 2016 se levantaron 611 actas por este motivo, que llevaron aparejadas sanciones por valor de 10,55 millones.

Por no declarar movimientos en efectivo dentro de las fronteras nacionales, que igualmente es obligatorio comunicar si exceden los 100.000 euros, se impusieron sanciones por sólo 4,4 millones de euros, tras detectarse 44 operaciones que habían permanecido ocultas. Estos movimientos opacos sumaron 23,74 millones de euros, mientras que el efectivo total declarado ascendió en 2016 a 770,89 millones de euros, apenas la cuarta parte de lo que se movió en 2012.

Finalmente, por incumplir sus obligaciones –de comunicación o de control, sobre todo– en materia de prevención del blanqueo de capitales, el Gobierno abrió en 2016 sólo 14 expedientes sancionadores, de los que ocho correspondieron a entidades financieras y el resto a las conocidas como profesiones no financieras designadas (APNFD), que incluyen a abogados, notarios, registradores, asesores fiscales y otros. Ese año las sanciones impuestas se elevaron a 10,03 millones de euros, lo que supone un 80% más que en 2015 y triplica las de 2012.

En total, por tanto, el Gobierno impuso en 2016 casi 25 millones de euros en sanciones administrativas por infringir las leyes sobre prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La cantidad se ha reducido un 13,4% respecto a 2015 y un 27,4% desde 2013, cuando alcanzaron su nivel máximo, 34,4 millones de euros.

Sólo cinco casinos informaron de operaciones 

El Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), que depende de la Secretaría de Estado de Economía y está adscrito al Banco de España, recibió 4.990 reportes de operaciones sospechosas en 2016, un 63% más que en 2012. La mayoría –el 78,6%– de esas comunicaciones, a las que están obligadas por ley, proceden de entidades financieras. Pero las que realizan el resto de quienes deben también informar de operaciones sospechosas casi se han duplicado en los cinco años considerados. El 72,5% de los reportes llevan la firma de notarios y registradores de la propiedad. Sólo cinco comunicaciones las cursaron los casinos y 32 las hicieron joyerías. Ninguna los marchantes de obras de arte y antigüedades.

También los organismos públicos envían sus alertas al Sepblac –94 en 2016– y el propio servicio advirtió de operaciones sospechosas en 50 ocasiones, la mitad que en 2014 y 2015.

La mayor parte de estos movimientos bajo sospecha se refiere a posibles operaciones de contrabando –el 25,6%–, seguidas de fraude –8,8%– y tráfico de drogas –6,8%–. Por su relación con el terrorismo sólo se informó en un 4,8% de ocasiones y por corrupción y soborno menos aún, en un 3,5%.

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En 2016 España abrió 538 investigaciones por blanqueo de capitales, un 25% más que en 2012, e investigaba a 8.662 personas por este delito, un 40% más que cuatro años antes. Fueron detenidas 531 personas y procesadas 14 empresas. Seis de ellas fueron condenadas. Sólo seis de las multas impuestas en las sentencias condenatorias por blanqueo superaban los 10 millones de euros. La mayoría de ellas no llegaban a los 100.000 euros. Y únicamente a tres personas de las 192 condenadas por este delito en 2016 se les impusieron penas de cárcel de más de seis años. En 115 casos, la condena no alcanzó los dos años. ¿De dónde procedía el dinero que blanquearon estas empresas y particulares? En el 41% de los casos, del narcotráfico; en el 26,4%, de una asociación ilícita. Sólo en seis casos se trataba de dinero escamoteado a Hacienda, en otros nueve procedía de prevaricaciones, en dos de tráfico de influencias y en sólo uno, de la malversación de fondos públicos.

Por financiación del terrorismo, en 2016 fueron detenidas 10 personas, tras iniciarse 39 investigaciones judiciales, el mayor número desde 2012. Las autoridades congelaron 25 cuentas y se incautaron de una cantidad muy exigua, sólo 63.130 euros.

El Sepblac está formado por inspectores del Banco de España, de Hacienda y de Aduanas, y a él se encuentran adscritas la Brigada de Investigación de Delitos Monetarios de la Policía y la Unidad de Investigación de la Guardia Civil. Pero no es el único organismo con competencias para investigar si cumplen la ley las entidades financieras y el resto de los profesionales con obligación de informar sobre operaciones sospechosas. De las 340 inspecciones realizadas por el Sepblac en 2016, 65 fueron in situ, señala el informe de la comisión. El Banco de España sólo llevó a cabo nueve, de las cuales sólo tres fueron in situin situ. La CNMV fue responsable de 11 –ocho in situ–. Y la Dirección General de Seguros se quedó en tres, todas in situ. El informe sólo detalla las inspecciones del Sepblac: 15 se dirigieron a abogados y 13, a bancos.