Un tribunal anula la adjudicación de las agencias privadas de colocación a las grandes ETT, Telefónica, Once y Salesianos

El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales ha vuelto a sacar los colores al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), al anular la adjudicación a tres grandes ETT, Telefónica, la Once y los salesianos del concurso para seleccionar las agencias privadas de colocación que deberán encontrar trabajo a los parados del Plan Prepara. Se trata de otro tropiezo más en la ya larga carrera para poner en marcha este sistema de colaboración público-privada que el Ministerio de Empleo publicita como fundamental en la lucha contra el paro. Según el departamento que dirige Fátima Báñez, estas agencias serán eficaces allí donde los servicios públicos de empleo han fracasado, ya que gestionan sólo el 2% de las ofertas de trabajo.

Sin embargo, y pese a la urgencia social que suponen los cinco millones de parados, el sistema acumula cuatro años de retraso. Los recursos ya han detenido el proceso en dos ocasiones. La primera, en octubre de 2013, cuando este mismo tribunal administrativo, dependiente del Ministerio de Hacienda, suspendió el procedimiento tras presentar recursos 66 empresas que habían sido excluidas del concurso por el SEPE.

La segunda, este mismo mes de enero en que el tribunal está resolviendo los 38 recursos interpuestos38 recursos interpuestos por otras tantas empresas después de que el pasado octubre el SEPE rectificara una primera lista de ganadores con sorpresa y concediera finalmente los seis lotes del contrato a Manpower, Adecco, Eulen, Telefónica, Once y la Asociación Salesiana. Al concurso se presentaron 39 empresas; es decir, recurrieron casi todas las candidatas. Hasta este miércoles, el tribunal ha dictado ya 22 resoluciones, que estiman parcialmente los recursos y anulan la citada adjudicación provisional.

Grandes y pequeñas tras 41,66 millones de euros

En ambos casos subyace la batalla que libran las grandes empresas de recursos humanos, las pequeñas agencias de colocación y las consultoras de formación por hacerse con este nuevo campo de actividad. Sólo este contrato para colocar a parados del Plan Prepara –desempleados de larga duración– vale 41,66 millones de euros.

Así, en la primera selección, en octubre de 2013, quedaron fuera 70 candidatas, la mayoría UTE (uniones temporales de empresas), que el SEPE tuvo que readmitir para cumplir con la resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales. En la adjudicación del Plan Prepara, un año después, el SEPE terminó dejando fuera a las empresas de formación que en un primer momento habían copado los primeros puestos del concurso tras hinchar supuestamente su red de oficinas hasta superar en algunos casos el millar.

Las resoluciones que hasta el momento ha notificado el tribunal ordenan retrotraer las actuaciones de la mesa de contratación al 7 de octubre de 2013. Es decir, que el SEPE deberá volver a valorar las ofertas presentadas, pero de acuerdo con los criterios que le marca ahora el tribunal. El punto conflictivo es el número de oficinas que ofertó cada empresa. Ese apartado representa el 70% de la nota final. El número de inserciones laborales realizada por las candidatas en 2012 y 2013 sólo equivalen al 15% de la nota, y el precio de la oferta, el 15% restante. Es decir, quien más oficinas presentara, ganaba el concurso. Esos locales pueden ser propios o bien las candidatas deben acreditar su “disponibilidad” tras suscribir acuerdos de colaboración con otras agencias. Pero no pueden subcontratarse.

Número de oficinas 'hinchado'

Así fue cómo tras la primera valoración de las ofertas, el concurso lo acapararon empresas de formación que habían captado, incluso por teléfono y correo electrónico, el mayor número de oficinas posibleincluso por teléfono y correo electrónico. La ley sólo se les exigía “una declaración responsable” de que efectivamente los locales cumplían los requisitos legales –accesibilidad universal, horario de atención al público de 25 horas semanales...–. La mesa encontró entonces “discrepancias” entre los datos de esas declaraciones responsables y los datos que sobre las empresas posee el Espacio Telemático Común del SEPE, además de “otras irregularidades” que le inducían a pensar que las primeras eran “erróneas o falsas”.

Tras una segunda valoración según unos criterios más precisos, la mesa dio un vuelco a la lista de ganadores y firmó la adjudicación provisional a las grandes ETT, Once, Telefónica y los salesianos que acaba de ser anulada. En las resoluciones a los recursos interpuestos por las pequeñas empresas de formación, sustancialmente idénticas, el tribunal echa en cara al SEPE, varias veces incluso, la falta de “claridad de los pliegos” del concurso. En ello concide con las quejas de las candidatas, grandes y pequeñas, que culpan a la “pésima redacción” de los pliegos de los sucesivos retrasos.

Las omisiones del pliego

“El pliego”, reprocha el tribunal administrativo, “no menciona siquiera la disponibilidad de las oficinas”, un apartado que “debería haberse configurado como un requisito de solvencia”. Como no se ha hizo así, el hecho de que una empresa no acredite que dispone de esas oficinas no puede resultar en su exclusión del concurso. En todo caso, añaden las resoluciones a las que ha tenido acceso infoLibre, el SEPE debería exigir a la empresa, una vez adjudicado el contrato, que presente toda la documentación necesaria para acreditar que dispone de esos locales.

También le afea al SEPE el tribunal que, en su segunda valoración, dejara con cero puntos a las empresas con sólo que no pudiera acreditar la disponibilidad de algunas de las oficinas. Únicamente en caso de que todas las oficinas incumplieran los requisitos la nota final podría ser cero, le recuerda. Por eso deberá ahora repetir la evaluación de las candidatas, descontando las oficinas no acreditadas y puntuando a las demás.

Sí avala el tribunal que el SEPE haya considerado como inserciones laborales los contratos que las ETT firman con sus trabajadores. Las empresas de formación alegaron en sus recursos que incluir esos contratos como parte de la nota constituye un agravio comparativo, por cuanto es un campo de actividad ajeno a ellas.

Las empresas, cansadas

En definitiva, la repetición del procedimiento supondrá un nuevo retraso para la puesta en marcha las agencias privadas de colocación. Al menos de un par de meses, y eso sin contar con que la nueva adjudicación no genere nuevos recursos de las empresas excluidas en el caso de que la lista de ganadores dé otro vuelco.

Grandes y pequeñas agencias se quejan de que la parálisis les cuesta dinero. Las de menor tamaño, agrupadas en torno a Anac, advierten de que están “ahogadas”. Dicen que algunas han cerrado antes siquiera de empezar a funcionar: “Hasta la fecha existen 204 agencias de las que no hay constancia de que hayan operado como tales”. También critican que sólo 80 agencias de colocación, el 5,32% de las 1.502 autorizadas, hayan entrado finalmente en el Acuerdo Marco redactado por el Gobierno. Las grandes, por su parte, ya han contratado personal al que están pagando y comprado equipamientos informáticos que no han empezado a usar. Algunas de ellas, incluso, sopesan si les merece la pena continuar en el concurso en el caso de que continúen los retrasos. “Estamos cansados”, confiesan las fuentes consultadas. Finalmente, las empresas de formación aseguran que toda su actuación ha sido legal y que se han limitado a interpretar una norma poco clara.

En las comunidades autónomas, sólo han empezado a funcionar las agencias privadas en Cataluña. En Navarra están a punto de hacerlo. En Castilla y León también se repiten los problemas con recursos contra la adjudicación.

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200 millones para las agencias, menos dinero para el SEPE

Para 2014, a la “colaboración público-privada” Empleo destinó 30 millones de euros, de una partida total de 200 millones en que está presupuestado el Acuerdo Marco –las directrices que rigen la actividad de las agencias privadas– para cuatro años. Este ejercicio, el ministerio ha reservado para ellas un total de 140 millones de euros. Mientras, las cuantías dedicadas a la “modernización” del Servicio Público de Empleo se redujeron un 50% en 2014, hasta quedarse en sólo 15 millones de euros. Este año, la partida se eleva a 100 millones, aunque el grueso se destinará a la compra de aplicaciones informáticas. La plantilla del SEPE no aumentará.

Este orden de prioridades es muy criticado por los sindicatos y la oposición. En España, aseguran, cada funcionario del SEPE atiende a unos 200 desempleados, mientras que en el resto de Europa no se ocupa de más de 50. A esa diferencia atribuyen la escasa eficacia de los servicios públicos en la intermediación laboral.